El padrón ejidal está integrado por 509 ejidatarios. De acuerdo con los representantes, en primera convocatoria se requiere el 50 por ciento más uno para sesionar válidamente
Marcial Campuzano
27/04/2026
Chilpancingo, Gro.
Ejidatarios de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo encabezados por el comisariado ejidal, José Sánchez Casarrubias, solicitaron al Congreso del estado el inicio de un juicio político y la revocación de mandato del regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Rodrigo Rodríguez Reyes, a quien acusan de intervenir de manera indebida en el proceso de elección del Comisariado Ejidal y de propiciar la división interna del núcleo agrario.
En conferencia de prensa, integrantes del Consejo de Vigilancia y del Comisariado Ejidal informaron que el pasado 24 de abril fue recibido en el Congreso local el documento dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García, mediante el cual formalizan la petición de juicio político.
Los ejidatarios argumentan que el regidor, quien funge como titular de la cartera de Deportes en el ayuntamiento de Leonardo Bravo, no tiene la calidad de ejidatario y, por tanto, carece de facultades para intervenir en asuntos internos del ejido. Señalan que su participación ha generado confrontación entre grupos y ha alentado a personas ajenas al padrón a involucrarse en el conflicto.
De acuerdo con la lectura del documento presentada ante los medios, los promoventes fundamentan su solicitud en los artículos 109, 110 y 114 de la Constitución federal y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al considerar que el funcionario ha incurrido en actos y omisiones que afectan el principio de legalidad y el adecuado desempeño del servicio público.
Asimismo, acusaron que el 20 de abril el regidor encabezó una conferencia de prensa en las afueras del Tribunal Unitario Agrario Distrito 12, lo que, a su juicio, evidencia una intromisión directa en un litigio agrario que corresponde exclusivamente a los órganos ejidales y a las autoridades competentes en la materia.
En el mismo encuentro con la prensa, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo dio a conocer que el próximo 30 de abril se llevará a cabo una audiencia incidental de ejecución en el Tribunal Agrario con sede en Chilpancingo, donde se definirá el procedimiento para convocar a nuevas elecciones del Comisariado Ejidal.
Explicaron que el conflicto deriva de la anulación de la elección más reciente debido al incumplimiento del principio de paridad de género en la integración de la planilla, tras una resolución confirmada por un Tribunal Colegiado de Circuito, que ordenó reponer el proceso y establecer que el órgano facultado para emitir la convocatoria es el Consejo de Vigilancia.
Los inconformes señalaron que, aunque algunos grupos pretendían que la Procuraduría Agraria asumiera la convocatoria, la sentencia establece claramente que corresponde al Consejo de Vigilancia hacerlo, por lo que cualquier elección organizada por una instancia distinta podría ser declarada nula.
Explicó que en la audiencia del 30 de abril participarán como coadyuvantes la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el propósito de dar certeza jurídica y garantizar que el proceso se ajuste a la normatividad vigente.
El padrón ejidal está integrado por 509 ejidatarios. De acuerdo con los representantes, en primera convocatoria se requiere el 50 por ciento más uno para sesionar válidamente; en caso de no alcanzarse el quórum, se emite una segunda convocatoria en la que la asamblea puede celebrarse con los ejidatarios presentes.
La última elección se realizó en 2024 y los cargos se renuevan cada 3 años; sin embargo, el litigio en torno al proceso electoral se ha prolongado por varios años debido a impugnaciones promovidas por grupos opositores, lo que ha impedido la estabilidad administrativa del ejido.
Los ejidatarios manifestaron su confianza en que la audiencia incidental permita establecer reglas claras para la reposición del proceso y evitar nuevas impugnaciones, al tiempo que reiteraron su llamado al Congreso del Estado para que analice la conducta del regidor y determine si procede el juicio político solicitado.
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