EN OPINIÓN
¿Cómo volver a casa cuando el miedo sigue ahí?
Lic. Moisés Torres Salmerón
La tragedia que hoy vive la región de Chilapa no puede reducirse a un parte informativo más sobre violencia criminal. Detrás de las cifras oficiales de desplazados, heridos y comunidades bloqueadas, existen familias enteras obligadas a abandonar sus hogares porque el Estado perdió, desde hace tiempo, el control efectivo del territorio.
El gobierno federal sostiene que su prioridad es evitar una confrontación armada que ponga en riesgo a la población civil. La lógica es entendible, nadie desea una masacre provocada por fuego cruzado entre fuerzas del Estado y grupos criminales. Pero hay una pregunta de fondo ¿cómo garantizar que los desplazados regresen a sus comunidades si quienes provocaron el desplazamiento continúan ahí?
La paz no se decreta. Mucho menos en regiones donde el crimen organizado sustituyó durante años la presencia institucional, controló caminos, impuso miedo y penetró estructuras sociales y políticas.
Hablar de diálogo puede servir para contener momentáneamente la violencia, pero el diálogo por sí solo no desarma grupos criminales, no libera territorios y tampoco devuelve la confianza a las comunidades.
La verdadera pregunta no es solamente cómo sacar a las personas de la zona de riesgo, sino cómo garantizarles que no volverán a huir en unas semanas.
Ahí es donde aparece la gran contradicción del Estado mexicano: se rechaza el uso de la fuerza como si toda acción firme fuera automáticamente sinónimo de autoritarismo, pero al mismo tiempo se deja a comunidades enteras viviendo bajo el dominio de grupos armados. Y cuando el Estado renuncia al monopolio legítimo de la fuerza, alguien más ocupa ese espacio.
La paz auténtica exige presencia permanente del Estado. No únicamente programas sociales o mesas de diálogo. Se requiere seguridad real, inteligencia, control territorial, investigación financiera, detenciones, desarme y reconstrucción institucional.
La población necesita volver a ver escuelas abiertas, caminos seguros, comercio funcionando y autoridades que no abandonen la región después de la emergencia mediática.
De lo contrario, el desplazamiento termina convirtiéndose en una condena silenciosa, personas que nunca regresan a sus tierras porque el miedo permanece intacto.
Guerrero lleva años acumulando desplazados invisibles. Familias que sobreviven lejos de sus comunidades mientras el país normaliza que pueblos enteros queden atrapados entre organizaciones criminales.
Y quizá lo más preocupante sea eso, que poco a poco comenzamos a aceptar como normal que haya regiones donde el Estado negocia condiciones mínimas de estabilidad, en lugar de ejercer plenamente su autoridad constitucional.
Ninguna estrategia de paz puede funcionar si el ciudadano percibe que quien realmente manda es el grupo armado que controla el territorio.
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