Zona Cero
Alcozacán, el regreso del Estado
Roberto Santos
La visita de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez a Alcozacán y Coatzingo representa el reconocimiento de un alejamiento entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de la Montaña baja de Chilapa.
Porque la violencia en esa región nunca ha sido solamente una disputa crimin@l. Reducirla a enfrentamientos armados o presencia de grupos delincuenciales sería simplificar un fenómeno mucho más profundo.
El progresivo retiro del Estado de territorios enteros, especialmente durante el sexenio de la política de “abrazos, no balazos”, sustituyó muchas veces el ejercicio real de autoridad.
Mientras el gobierno federal repetía que la vi0l3ncia debía atenderse combatiendo sus causas sociales, decenas de comunidades indígenas quedaron atrapadas en una especie de limbo institucional.
No había seguridad suficiente, tampoco justicia, ni condiciones mínimas de gobernabilidad. Eso significó el abandono del México profundo.
El vacío fue ocupado por el mi3do, por los grupos armados y por formas comunitarias de autodefensa.
En términos antropológicos, lo ocurrido en lugares como Alcozacán no solo produjo víct!mas; alteró el tejido simbólico de la vida comunitaria.
La vi0l3ncia rompió rituales cotidianos fundamentales, como sembrar sin miedo, caminar veredas, acudir a fiestas patronales, visitar familiares o trasladarse entre pueblos vecinos.
Es decir, destruyó la confianza territorial, que es uno de los pilares invisibles sobre los que se sostiene cualquier comunidad indígena.
El mayor daño es la desintegración de la vida colectiva y el posterior desplazamiento poblacional.
Por eso la presencia simultánea del gobierno estatal y federal tiene una carga política importante. El Estado intenta reaparecer físicamente en una región donde durante años fue percibido como distante, ausente o incapaz.
Los anuncios de programas sociales, atención médica, acompañamiento psicológico y construcción de infraestructura parecen buscan reconstruir la legitimidad perdida.
Incluso el anuncio de un Banco del Bienestar tiene una dimensión simbólica.
En territorios históricamente abandonados, instalar una institución pública significa marcar presencia permanente, enviar el mensaje de que el gobierno quiere recuperar espacios donde durante años otros poderes ejercieron control territorial y social.
Sin embargo, la desconfianza de las comunidades no es gratuita. Está construida desde la memoria. La Montaña acumula décadas de promesas incumplidas, operativos temporales y funcionarios que desaparecen después de las tragedias o después de las fotografías oficiales.
Ahí aparece también la gran contradicción del modelo de seguridad del sexenio pasado.
La narrativa de evitar la confrontación directa con los grupos cr1minal3s pudo tener una lógica política nacional, pero en regiones rurales e indígenas muchas veces fue interpretada como abandono.
Mientras el discurso hablaba de pacificación, numerosas comunidades quedaron literalmente solas frente a organizaciones armadas que sí ejercían control territorial cotidiano.
En contextos urbanos, la ausencia del Estado genera desorden. En pueblos originarios, la ausencia prolongada termina erosionando estructuras comunitarias, desplazando familias y modificando prácticas culturales enteras.
Por eso la frase de la gobernadora Evelyn Salgado —“No nos vamos a ir”— adquiere relevancia política y emocional. Es una declaración que habla del compromiso de la gobernadora con estos pueblos, que durante años aprendieron a sobrevivir sin esperar demasiado del gobierno.
Sin embargo, el verdadero reto comenzará cuando termine la asamblea y se retiren las camionetas oficiales.
Porque construir paz en la Montaña no consiste únicamente en desplegar soldados o repartir apoyos sociales.
Significa reconstruir la relación entre el Estado y comunidades que pasaron años sintiéndose fuera de la protección institucional.
Y esa tarea, profundamente social, cultural y política, es mucho más compleja que cualquier operativo de seguridad.
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