EN OPINIÓN
La democracia no se acredita con certificado de pureza ideológica.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La polémica volvió a instalarse en el escenario político nacional. El pasado fin de semana, el senador Gerardo Fernández Noroña expresó públicamente su rechazo a la posible incorporación del exboxeador a las filas de Morena. El argumento del legislador, el movimiento requiere perfiles “con trabajo social, convicción y cercanía real con el pueblo”, además de reprochar al exdeportista su respaldo previo a Xochitl Gálvez durante la pasada contienda presidencial.
Sin embargo, detrás de este intercambio mediático subyace una discusión mucho más profunda y peligrosa para la vida democrática del país. ¿Puede un dirigente o figura partidista condicionar el acceso de un ciudadano a la participación política con base en criterios subjetivos de lealtad ideológica?
Desde la óptica constitucional, la respuesta es categórica, no.
En una democracia constitucional, los derechos políticos no son concesiones graciosas otorgadas por las élites partidistas, ni premios reservados para quienes acrediten fidelidad absoluta a una corriente ideológica. Son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y protegidos por el Estado de derecho.
El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado para cargos de elección popular, siempre que cumpla con las calidades previstas por la ley. Esas calidades son objetivas: edad, nacionalidad, residencia y requisitos legales específicos. La Constitución no exige certificados de pureza política, ni pruebas de ortodoxia partidista, ni mucho menos la validación moral de un líder político.
Cuando un dirigente pretende definir quién “merece” participar en política según su cercanía con el movimiento o el tiempo que ha permanecido en él, se cruza una línea delicada entre la vida interna partidista y la restricción indebida de derechos fundamentales.
Es cierto que los partidos políticos poseen normas internas y principios ideológicos. También es verdad que tienen derecho a preservar su identidad política. Pero ninguna disposición estatutaria puede colocarse por encima de los principios constitucionales de igualdad, libertad política y no discriminación.
La propia Ley General de Partidos Políticos reconoce el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada dentro de los procesos internos de selección de candidaturas, conforme a la ley y los estatutos partidistas. El problema aparece cuando esos criterios internos se utilizan para excluir políticamente a personas por razones subjetivas, personales o ideológicas.
La democracia no puede convertirse en un espacio cerrado donde únicamente participen “los puros”, “los históricos” o “los autorizados”. Esa lógica termina por construir castas políticas que monopolizan el acceso al poder bajo argumentos morales o identitarios.
Resulta preocupante que en nombre de la transformación democrática se impulse una narrativa donde solo quienes han militado desde el origen del movimiento tengan legitimidad para representar a la ciudadanía. La representación popular no pertenece a grupos exclusivos ni a círculos de iniciados; pertenece al pueblo en su conjunto.
Los partidos políticos deberían concentrarse en formar mejores cuadros, profesionalizar el servicio público y abrir espacios de participación plural, no en levantar murallas ideológicas para impedir el acceso de nuevas voces.
Porque cuando la política se convierte en un club cerrado, la democracia comienza a deteriorarse.
Paradójicamente, quienes se presentan como defensores de la democracia y de la voluntad popular terminan incurriendo en prácticas excluyentes que contradicen los principios constitucionales que dicen proteger. La democracia no se fortalece restringiendo derechos, sino ampliándolos.
Ningún dirigente, por popular o influyente que sea, puede asumirse como árbitro absoluto de quién tiene derecho a participar en la vida pública. Los derechos políticos no dependen de simpatías personales ni de bendiciones partidistas. Están reconocidos en la Constitución y pertenecen a todas y todos los mexicanos por igual.
Y en una auténtica democracia, eso debería bastar.
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