“Por tanto, el fortalecimiento del entorno escolar saludable no es solo una política educativa, sino una estrategia estructural de justicia social, de protección del derecho a la salud y de garantía del interés superior de la niñez”, destaca el dictamen.
Redacción…
26/05/2026
Chilpancingo, Gro.
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Educación del Estado de Guerrero para regular y supervisar la oferta alimentaria que se brinda en las escuelas, con el objetivo de promover estilos de vida saludables.
El dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que deriva de una propuesta realizada por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, señala que esta armonización legislativa en materia educativa y de salud alimentaria es una obligación de las entidades federativas para garantizar los derechos de la niñez mediante acciones legislativas eficaces.
Durante la fundamentación, el diputado Pánfilo Sánchez, presidente de dicho órgano legislativo, refirió que también en los planteles escolares se debe impulsar una nutrición adecuada para combatir la malnutrición infantil y proporcionar entornos seguros y saludables, esto en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Por tanto, el fortalecimiento del entorno escolar saludable no es solo una política educativa, sino una estrategia estructural de justicia social, de protección del derecho a la salud y de garantía del interés superior de la niñez”, destaca el dictamen.
En ese sentido, se establece la obligación de regular y supervisar la oferta alimentaria en las escuelas, se mandata a las autoridades educativas estatales a promover estilos de vida saludables y se tipifica como infracción el incumplimiento de estas disposiciones.
De este modo, se garantizan entornos escolares saludables mediante la regulación y supervisión de la oferta alimentaria en los planteles; la prohibición de la venta y publicidad de productos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos; la promoción de alimentos nutritivos, frescos y de origen regional; la imposición de obligaciones a las autoridades educativas locales; y la tipificación de los incumplimientos como infracciones administrativas.
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