EN OPINIÓN
El doble estándar de Claudia Sheinbaum. Acusar sin pruebas, exigir pruebas a sus críticos
Lic. Moisés Torres Salmerón
En la política mexicana actual, la veracidad de las afirmaciones del Ejecutivo no es solo un asunto de credibilidad, sino una obligación constitucional. Cuando Claudia Sheinbaum declara que «en México no hay problemas», que «no hay descontento social» y que el caos que se muestra en las calles «está montado», está haciendo afirmaciones fácticas que requieren sustento.
Lo que preocupa es que la presidenta no ha presentado ninguna prueba que respalde sus acusaciones contra la «ultraderecha» y los «sectores radicalizados» que supuestamente construyen una narrativa de caos. No hay nombres concretos, no hay investigaciones de la FGR, no hay datos de inteligencia, no hay documentos que evidencien coordinación.
Sheinbaum sabe pedir pruebas. En el caso Rocha Moya, la presidenta misma exige «pruebas contundentes» para la extradición. Aplicó ese mismo criterio cuando cuestionó operativos de la CIA en Chihuahua. Es un principio jurídico correcto: quien acusa debe probar.
Pero cuando ella acusa, el principio se invierte. Grupos de ultraderecha, Ricardo Salinas Pliego, «sectores radicalizados» —sin nombres, sin evidencias, sin documentos. Simplemente afirmaciones que, desde el Palacio Nacional, adquieren una autoridad que deslegitima la protesta social.
Mientras Sheinbaum exige pruebas a periodistas y ciudadanos que la cuestionan, no aplica el mismo criterio a sus propias acusaciones. Esto es lo que se conoce como doble estándar: un principio jurídico que los jueces mexicanos han rechazado por violatorio del principio de igualdad.
La postura es especialmente problemática porque:
Protestas reales existen: CNTE, transportistas, campesinos, colectivos de madres buscadoras llevan meses de movilizaciones con demandas concretas.
El descontento es medible: 46% de la población considera la corrupción como el principal problema del país.
La violencia es documentada: 33,241 homicidios en 2024, tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes.
Sheinbaum no puede afirmar que «no hay problemas» cuando las estadísticas oficiales demuestran lo contrario.
Cuando el Ejecutivo deslegitima la protesta sin pruebas, debilita un derecho fundamental. La protesta social es el mecanismo lastimero de la ciudadanía para expresar descontento cuando las vías institucionales fallan. Deslegitimarla sin evidencia es cortar esa vía de expresión.
La Corte Interamericana ha sido clara: los Estados deben garantizar el derecho a la protesta, no deslegitimarla. La postura de Sheinbaum no solo es incorrecta, sino que viola estándares internacionales de derechos humanos que México ha adoptado.
Claudia Sheinbaum, como presidenta, tiene una responsabilidad constitucional de veracidad. Cuando hace afirmaciones fácticas sobre la realidad social del país, debe probarlas. Cuando exige pruebas a sus críticos, debe aplicar ese mismo criterio a sus propias afirmaciones.
El doble estándar que practica —acusar sin pruebas, exigir pruebas a sus detractores— es injusto.
México no necesita una presidenta que niegue la realidad. Necesita una que reconozca los problemas, dialogue con quienes protestan y proponga soluciones. Negar el descontento social sin pruebas no lo hace desaparecer; solo hace que el gobierno pierda credibilidad y que la ciudadanía se sienta más alejada de quienes deben gobernarla.
El doble estándar de Claudia Sheinbaum. Acusar sin pruebas, exigir pruebas a sus críticos
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