EN OPINIÓN
Consulta sin presupuesto. La congeladora legislativa de los derechos indígenas y afromexicanos.
Lic. Moisés Torres Salmerón
En el Congreso del Estado de Guerrero existe una paradoja que merece ser analizada con seriedad. Nunca como ahora se habían presentado tantas iniciativas encaminadas a fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; sin embargo, muchas de ellas permanecen sin dictaminar o sin posibilidad real de aprobarse.
La razón es conocida por diputadas, diputados, autoridades comunitarias y organizaciones sociales: la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Nadie discute la importancia de este derecho. Por el contrario, constituye una conquista histórica de los pueblos originarios y afromexicanos. La consulta representa una garantía democrática que permite que las comunidades participen en las decisiones que afectan directamente sus derechos, sus territorios, sus formas de organización y su identidad cultural.
El problema surge cuando el Congreso reconoce la obligación jurídica de consultar, pero no dispone de los recursos necesarios para hacerlo.
La experiencia reciente ha demostrado que organizar una consulta estatal implica una compleja movilización institucional: traducción de materiales, difusión en distintas lenguas indígenas, recorridos territoriales, asambleas comunitarias, personal técnico, sistematización de propuestas y mecanismos de seguimiento. Todo ello requiere recursos económicos considerables.
Como consecuencia, diversas iniciativas relacionadas con autonomía, representación política, derechos electorales, consulta indígena y fortalecimiento de los derechos afromexicanos permanecen en espera. No porque exista oposición abierta a su contenido, sino porque no existe la capacidad presupuestal para cumplir con el requisito previo de consulta.
Sin embargo, aceptar esta situación como algo normal sería un error.
Los derechos fundamentales no pueden quedar atrapados indefinidamente entre la obligación constitucional de consultar y la insuficiencia presupuestal para hacerlo. De ser así, la consulta dejaría de ser un instrumento de participación para convertirse, involuntariamente, en un mecanismo de inmovilidad legislativa.
La discusión de fondo no debe centrarse en si la consulta es necesaria. Lo es, y debe seguir siéndolo. La verdadera pregunta es por qué el Congreso no ha construido una política permanente para financiar y programar consultas de manera sistemática.
Si cada año se presentan iniciativas que requieren consulta, entonces el presupuesto legislativo debería contemplar una partida específica para realizarlas. Si la consulta es una obligación constitucional, su financiamiento también debería considerarse una obligación institucional.
Resulta contradictorio que el Poder Legislativo reconozca la existencia de una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos, pero al mismo tiempo mantenga detenidas reformas destinadas precisamente a saldar parte de esa deuda.
La solución no pasa por reducir los estándares de consulta ni por buscar atajos jurídicos. La solución consiste en institucionalizar los procesos consultivos, establecer calendarios permanentes, generar fondos específicos y construir capacidades técnicas que permitan desahogar oportunamente las iniciativas.
Guerrero es una de las entidades con mayor presencia indígena y afromexicana del país. Por ello, no puede permitirse que las reformas destinadas a ampliar derechos permanezcan indefinidamente en la congeladora legislativa.
La consulta debe ser una puerta para el reconocimiento de derechos, no un muro que impida su avance. El desafío para la LXIV Legislatura no es decidir entre consultar o legislar. El verdadero reto es encontrar la manera de hacer ambas cosas al mismo tiempo.
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