EN OPINIÓN
Cuando el argumento derrumba la regulación.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Las palabras tienen consecuencias. Más aún cuando provienen de quien encabeza el Poder Ejecutivo. Por ello, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la propuesta de que el derecho de las audiencias también sea aplicable a las conferencias matutinas merece una reflexión más profunda que la coyuntura política.
Su respuesta fue sencilla: quien no quiera ver la «mañanera», que no la vea.
A primera vista parece una afirmación de sentido común. Nadie está obligado a seguir una conferencia gubernamental. Sin embargo, llevada a sus últimas consecuencias, esa misma lógica pone en entredicho el fundamento de los llamados lineamientos que pretenden regular el tratamiento informativo de los medios de comunicación.
Si el ciudadano tiene plena libertad para decidir si observa o no la conferencia presidencial, también la tiene para elegir qué periódico leer, qué estación de radio escuchar, qué canal de televisión sintonizar o qué portal digital consultar. La libertad de elección existe para todos los espacios informativos, públicos y privados.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué aquello que resulta suficiente para justificar la comunicación gubernamental deja de ser suficiente cuando se trata de los medios de comunicación?
La respuesta presidencial parte de un principio liberal: la audiencia es libre de decidir qué consume. Ese principio es plenamente compatible con la libertad de expresión y con el derecho a recibir información plural. Pero precisamente por ello resulta contradictorio utilizarlo para defender las conferencias oficiales mientras, al mismo tiempo, se impulsan mecanismos destinados a supervisar, evaluar o influir en los contenidos que difunden los medios.
No puede haber dos varas para medir el mismo derecho. Si la solución frente a un mensaje que no gusta consiste en no consumirlo, ese criterio debe aplicarse por igual a todos los emisores, incluido el gobierno. Si, por el contrario, se considera necesario establecer controles sobre los contenidos informativos, entonces esos controles no pueden excluir a la comunicación oficial.
La contradicción es evidente.
El pluralismo democrático descansa precisamente en la coexistencia de versiones distintas sobre los hechos. Corresponde a la ciudadanía contrastarlas, analizarlas y formar su propio juicio. Ese es el sentido de una sociedad libre.
Paradójicamente, fue la propia presidenta quien, quizá sin proponérselo, formuló el argumento más sólido contra la necesidad de imponer lineamientos a los medios de comunicación. Si quien no comparte el contenido de una conferencia oficial puede simplemente no verla, quien discrepa de un noticiario o de un programa de opinión también puede cambiar de canal, apagar el televisor o buscar otra fuente informativa.
La libertad no consiste en obligar a todos a escuchar el mismo discurso, sino en garantizar que existan muchos discursos entre los cuales elegir.
Y cuando es el propio gobierno quien invoca ese principio para defender su comunicación, resulta difícil sostener, sin caer en una contradicción, que ese mismo principio deje de valer cuando se trata de la prensa libre.
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