CAJA DE RESONANCIA
90.7 millones observados, 50 cheques investigados y una pregunta incómoda.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay ocasiones en que los números hablan más fuerte que los discursos.
En el Congreso de Guerrero comienzan a acumularse cifras que obligan a una reflexión política que ya no puede esquivarse.
La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño por 90.7 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por recursos sin comprobar y pagos que habrían excedido los límites establecidos.
Debe hacerse una precisión: esos recursos corresponden a la LXII Legislatura, que estuvo en funciones de 2018 a 2021, por lo que no pueden atribuirse a la actual Legislatura. Pero hay un dato políticamente relevante: aquella Legislatura tuvo mayoría de Morena y la Junta de Coordinación Política estuvo bajo su conducción.
Ahora aparece un segundo episodio.
La Fiscalía General del Estado investiga el presunto cobro irregular de 50 cheques —otras fuentes hablan de 51— expedidos durante el primer semestre de 2026, por un monto superior a 15 millones de pesos, según la información periodística disponible.
Estos hechos corresponden a la LXIV Legislatura, también con mayoría de Morena, y ocurrieron durante el periodo en que Jesús Urióstegui García presidió la Junta de Coordinación Política.
Son dos Legislaturas y dos asuntos distintos. No deben confundirse.
Pero existe una coincidencia política que resulta imposible ignorar: Morena ha sido la fuerza mayoritaria y ha encabezado la conducción de la Jucopo en ambos periodos.
¿Dónde quedó el discurso?
Morena llegó al poder con las banderas de la honestidad, la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción.
Ese discurso fue utilizado durante años para cuestionar a los gobiernos anteriores.
Pero gobernar implica aceptar el mismo escrutinio que se exigía a los adversarios.
Hay que ser jurídicamente cuidadosos: una observación de la ASF no significa automáticamente un desvío de recursos, ni una carpeta de investigación significa que alguien sea culpable de un delito. La presunción de inocencia debe respetarse.
Pero no prejuzgar tampoco significa dejar de preguntar.
¿Cómo pudo el Congreso acumular observaciones por decenas de millones de pesos?
¿Quién autorizó los recursos?
¿Quién los comprobó?
¿Quién vigiló?
Y en el caso de los cheques: ¿quién los solicitó, quién los autorizó, quién los firmó, quién los cobró y cuál fue el destino final del dinero?
Si la Fiscalía acredita delitos, corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades. Si existen daños patrimoniales, deberán establecerse las responsabilidades administrativas o resarcitorias que correspondan.
Pero políticamente existe otra obligación: rendir cuentas.
Los hechos relacionados con los cheques ocurrieron durante la presidencia de Jesús Urióstegui en la Jucopo. Hoy ese órgano es encabezado por Joaquín Badillo Escamilla.
Badillo no puede ser responsabilizado por hechos que están bajo investigación y corresponden a una administración anterior. Pero sí tiene una responsabilidad presente: garantizar transparencia, preservar la documentación y facilitar que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias.
Morena puede cerrar filas y convertir cada señalamiento en una disputa partidista, o puede demostrar que su discurso contra la corrupción también se aplica cuando las investigaciones alcanzan a integrantes de su propio partido.
Porque la ciudadanía no votó solamente para cambiar de siglas.
Votó para cambiar prácticas.
Los 90.7 millones observados corresponden a la LXII Legislatura. Los 50 o 51 cheques investigados corresponden a la LXIV Legislatura y al periodo de Urióstegui.
No son el mismo caso.
Pero ambos tienen una característica política común: Morena tuvo la mayoría y encabezó la Jucopo.
Por eso la pregunta es inevitable:
¿Está Morena dispuesto a aplicarse a sí mismo el mismo estándar de transparencia y combate a la corrupción que durante años exigió a los gobiernos que lo precedieron?
La respuesta o la falta de ésta tendrá consecuencias políticas.
Porque en Guerrero no solamente se están revisando cuentas.
También se está poniendo a prueba un discurso político.
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