EN OPINIÓN
¿Campañas permanentes? La urgencia de una reforma electoral.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero reconoció recientemente una realidad que desde hace varios años es evidente para la ciudadanía: existen vacíos legales que dificultan sancionar la promoción anticipada de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular.
La afirmación no es menor. Se trata del reconocimiento institucional de que la legislación electoral vigente resulta insuficiente para enfrentar nuevas formas de posicionamiento político que, aunque no constituyen formalmente actos anticipados de campaña, sí producen efectos electorales evidentes.
Basta recorrer las calles de cualquier municipio para encontrar bardas, espectaculares, lonas, campañas en redes sociales, entrevistas estratégicamente difundidas y mensajes cuidadosamente diseñados para posicionar nombres, imágenes y proyectos políticos. Todo ello ocurre mucho antes de que inicien los procesos electorales.
La paradoja es evidente. La ley busca garantizar condiciones de equidad en la competencia política, pero al mismo tiempo permite que algunos actores construyan ventajas anticipadas mediante mecanismos que no encuadran fácilmente dentro de las prohibiciones legales existentes.
Actualmente, para acreditar un acto anticipado de campaña, las autoridades electorales deben demostrar ciertos elementos específicos, entre ellos la existencia de llamados expresos al voto o manifestaciones inequívocas de apoyo electoral. Sin embargo, la práctica política ha evolucionado mucho más rápido que la legislación. Hoy resulta posible desarrollar campañas permanentes de posicionamiento sin pedir directamente el voto y, por tanto, sin incurrir aparentemente en una infracción.
El problema no es únicamente jurídico. También es democrático.
Cuando un aspirante dispone de recursos suficientes para promover su imagen durante meses o incluso años antes de una elección, genera una ventaja que difícilmente puede ser compensada por otros participantes una vez que inicia formalmente la contienda. La competencia deja de ser equitativa y comienza a favorecer a quienes cuentan con mayores recursos económicos, estructuras partidistas más sólidas o acceso privilegiado a espacios de difusión.
Esta situación también afecta el derecho de la ciudadanía a elegir en condiciones de igualdad. Si los electores reciben de manera constante mensajes orientados a posicionar determinados perfiles, la competencia electoral se encuentra condicionada desde mucho antes de que arranque oficialmente.
Por ello, resulta pertinente abrir una discusión seria sobre una reforma electoral que regule la promoción política anticipada.
No se trata de limitar la libertad de expresión ni de restringir la participación política de los ciudadanos. Tampoco de impedir que los actores públicos informen sobre sus actividades. Se trata de establecer reglas claras que permitan distinguir entre la comunicación legítima y las estrategias de posicionamiento electoral anticipado.
La legislación podría incorporar definiciones precisas sobre promoción personalizada con fines electorales, establecer mecanismos de transparencia respecto al origen de los recursos utilizados para estas actividades, regular de manera específica la propaganda política en redes sociales y fortalecer las facultades de fiscalización de las autoridades electorales.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre los derechos fundamentales y la necesidad de preservar la equidad de las contiendas.
De cara a las elecciones de 2027, Guerrero tiene la oportunidad de impulsar una reflexión profunda sobre este tema. La democracia no solamente exige elecciones libres; también requiere que la competencia se desarrolle bajo reglas justas para todos.
Mientras los vacíos legales permanezcan abiertos, las campañas seguirán comenzando mucho antes de que la ley diga que han iniciado. Y cuando eso ocurre, la equidad electoral deja de ser una garantía para convertirse en una simple aspiración.
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