EN OPINIÓN
En clave legislativa. una mirada crítica al trabajo legislativo.
“Acuerdo de Descarga”. El acto procesal que vulnera la democracia legislativa en Guerrero.
Lic. Moisés Torres Salmerón
El pasado 29 de junio de 2026, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso de Guerrero, presidida por la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, tomó una decisión que, aunque envuelta en un manto de formalismo burocrático, esconde una grave violación al proceso legislativo.
Mediante un simple “Acuerdo de Descarga”, la Comisión determinó el archivo total y definitivo de diez iniciativas que se encontraban en estudio, sin que el Pleno del Congreso tuviera la más mínima oportunidad de discutirlas o votarlas.
Las iniciativas sacrificadas fueron entre otras las siguientes:
La relativa a elevar a rango constitucional el seguro de desempleo.
La relativa a la creación del Sistema Estatal de Cuidados.
No se trata de un asunto menor. Estas iniciativas abordan temas sensibles que afectan la vida de los guerrerenses: desde derechos sociales como el desempleo y el cuidado de grupos vulnerables, hasta reformas estructurales que, gusten o no, merecen ser discutidas en el máximo órgano de representación popular.
La trampa del “Acuerdo de Descarga”
La Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231 es clara al diferenciar entre un acuerdo administrativo y un dictamen legislativo. El “Acuerdo de Descarga” es una herramienta menor, diseñada para depurar la lista de asuntos pendientes que no son iniciativas. Jamás fue concebido para dar muerte anticipada a propuestas de reforma constitucional o legal.
Sin embargo, la Comisión no solo entró al fondo del asunto, sino que emitió razonamientos jurídicos de fondo —como la falta de impacto presupuestal y la ausencia de previsión en la Constitución federal— para justificar el archivo. Al hacerlo, incurrió en una contradicción insalvable: si entraste al fondo, estás obligado a dictaminar.
Los artículos 149, 150, 240 y 241 de la Ley orgánica del poder legislativo del estado de guerrero numero 231 establecen que las comisiones tienen la facultad de estudiar las iniciativas mediante la elaboración de un dictamen (a favor o en contra) que debe ser turnado a la Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día del Pleno. Es precisamente el artículo 241 el que regula la forma y contenido de los dictámenes, exigiendo que contengan los considerandos, los argumentos jurídicos, y el sentido de la votación de los integrantes de la comisión respecto del mismo, ya sea a favor o en contra de la iniciativa.
La Comisión de estudios constitucionales y jurídicos omitió este paso trascendental. En lugar de presentar un dictamen negativo con proyecto de decreto, redactó el oficio HCEG/LXIV/CECJ/0266/2026, mediante el cual notifica al pleno, el archivo definitivo de las iniciativas. Al hacerlo, se arrogó una facultad que no le otorga ni la Constitución local ni la Ley 231, violentando el principio de soberanía del Pleno.
La suplantación de la soberanía popular
El artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, citado por la propia Comisión, establece las facultades de los diputados, pero siempre en el marco del Pleno. Los 46 diputados que integran el Congreso tienen el derecho indelegable de conocer, debatir y votar el fondo de cualquier iniciativa. Al solicitar que se “archive el expediente” y se “descarguen los asuntos de la lista de pendientes”, la Comisión está secuestrando la voluntad de la mayoría, impidiendo que sus compañeros legisladores ejerzan su derecho al voto, respecto a las iniciativas que se notifica su archivo definitivo.
El Transitorio 6° de la Ley 231, que también invocan, no les otorga un salvoconducto. Dicho transitorio está pensado para la transición de asuntos entre legislaturas, no para que una comisión funja como juez unipersonal del destino de las propuestas legislativas.
Un precedente nefasto y la vía de impugnación
Este proceder sienta un precedente peligrosísimo. Si se normaliza que una comisión deseche iniciativas de fondo mediante acuerdos administrativos, el Pleno se convierte en una figura decorativa. La función legislativa se reduce a un guion escrito por unas cuantas personas, y el debate público, esencia de la democracia deliberativa, se desvanece.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas tesis, que el proceso legislativo es una cadena de actos jurídicos concatenados y que la omisión del dictamen o la votación en el Pleno vicia de inconstitucionalidad la decisión. Cualquier legislador promovente de estas diez iniciativas podría acudir al juicio de amparo y con alta probabilidad, obtener la nulidad de este acuerdo, obligando a la Comisión a emitir el dictamen correspondiente y subirlo al máximo órgano de decisión.
Llamado a la cordura
No se trata de estar a favor o en contra del seguro de desempleo o del Sistema de Cuidados. Se trata de respetar las reglas del juego democrático. La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos tenía todo el derecho de opinar que esas iniciativas eran inviables; incluso tenía la obligación de argumentarlo con solvencia en cada dictamen, pero no lo hizo.
Callar ante este atropello procedimental es validar que, en Guerrero, las decisiones trascendentales se toman a espaldas de la representación popular y con la complicidad del silencio. El proceso legislativo no es un estorbo burocrático; es la garantía más sólida de nuestra libertad y de la pluralidad que nos define como sociedad.
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