**¡Basta de simulación!, dicen a partidos políticos
Marcial Campuzano
05/11/2026
Chilpancingo, Gro.
Organizaciones feministas lanzaron una nueva ofensiva contra las barreras que mantienen a las mujeres fuera del poder municipal en Guerrero, y exigieron a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoque la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que redujo de 18 a sólo tres los municipios donde los partidos políticos estarían obligados a postular exclusivamente mujeres a las presidencias municipales.
Integrantes de Aliadas por la Justicia A.C., Mujer Suriana y Mujeres Guerrerenses por la Democracia A.C. calificaron la resolución como un golpe a los derechos político-electorales de las guerrerenses y una decisión que perpetúa la desigualdad política. Los magistrados locales determinaron que los lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) únicamente se apliquen en Iguala, Leonardo Bravo y Chichihualco, dejando fuera a otros 15 municipios.
Las activistas advirtieron que no se trata de una disputa entre partidos, sino de impedir que continúe un sistema político que históricamente ha reservado los espacios de mayor poder para los hombres. La evidencia, señalaron, es contundente: en Guerrero existen 33 municipios donde ninguna mujer ha ocupado la presidencia municipal mediante elección popular.
Durante la conferencia de prensa, la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, María Luisa Garfias Marín, denunció que los partidos políticos utilizan las candidaturas femeninas para cubrir formalmente la cuota de paridad, pero colocan a las mujeres en municipios donde tienen escasas posibilidades de triunfo, mientras reservan las plazas competitivas para sus candidatos hombres.
Incluso, expuso que hay mujeres que han obtenido uno o 15 votos, lo que evidencia las condiciones de desigualdad en las que son enviadas a competir, práctica que viola el espíritu de la paridad transversal, que exige postular candidatas no sólo en cantidad, sino también en municipios donde los partidos tengan posibilidades reales de ganar.
Las organizaciones rechazaron que los partidos puedan escudarse en su autonomía para decidir libremente excluir a las mujeres de las candidaturas con mayor competitividad, recordaron que la paridad en todo es un mandato constitucional y que ningún principio de autodeterminación partidista puede colocarse por encima de los derechos humanos y políticos de las mujeres.
A la exclusión se suma la violencia política en razón de género: candidatas amenazadas que no pueden recorrer sus municipios, falta de recursos para sus campañas, obstáculos para contar con representantes en las casillas y partidos que no ejercen adecuadamente el cinco por ciento de sus prerrogativas destinado a la capacitación y promoción política de las mujeres.
Las activistas acusaron que estas prácticas convierten las acciones afirmativas en simples simulaciones para cumplir con la ley, y cuestionaron que la sentencia del Tribunal Electoral estatal no haya considerado la dimensión histórica y estructural de la desigualdad que enfrentan las mujeres, particularmente en las comunidades indígenas, donde incluso persisten restricciones para ejercer derechos tan elementales como votar y participar en las decisiones colectivas.
Las representantes de las organizaciones señalaron que la Montaña es la región con mayor rezago, con 10 de sus 19 municipios sin antecedentes de presidentas municipales; le siguen Costa Chica y la región Norte, con siete municipios cada una; Costa Grande, con cuatro, y la región Centro, con tres, datos que confirman que la exclusión no es un hecho aislado, sino un problema extendido en el territorio guerrerense.
En el conflicto también aparecen las impugnaciones de los alcaldes Edilberto Salinas Mariche, de Cuajinicuilapa, del Partido Verde; Javier Tacuba Salas, de Marquelia, del Partido del Trabajo, y del ciudadano indígena me’phaa Sebastián Ortega Basilio, quienes controvirtieron los lineamientos al considerar que afectaban sus posibilidades de reelección. Las organizaciones aclararon que sus recursos son distintos de las acciones promovidas por colectivos feministas.
Las activistas exigieron a la Sala Regional del TEPJF corregir, en base a impugnaciones promovidas por otras organizaciones de mujeres, lo que consideran una decisión regresiva y restablecer las medidas afirmativas aprobadas por el IEPC.
Convocaron también a las mujeres militantes de todos los partidos a romper el silencio, defender sus derechos y exigir candidaturas con posibilidades reales de triunfo. Advirtieron que permitir que los hombres sigan monopolizando las presidencias municipales sería perpetuar una deuda democrática que Guerrero ya no puede seguir posponiendo.
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