EN OPINIÓN
Cuando el Estado señala en lugar de debatir.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay una pregunta que debería hacerse cualquier democracia cuando el poder público decide exhibir a quienes lo cuestionan: ¿está respondiendo a la crítica o está intentando desacreditar al crítico?
En una sociedad constitucional, el gobierno tiene derecho a responder a las acusaciones, desmentir información que considere falsa, ejercer el derecho de réplica y defender públicamente sus políticas. Lo que resulta preocupante es que esa respuesta se transforme en un ejercicio de señalamiento desde el aparato estatal, particularmente cuando los destinatarios son periodistas y medios de comunicación.
La reciente exhibición pública realizada por la Consejería Jurídica de la Presidencia en la mañanera del pueblo, acompañada de referencias a un supuesto ecosistema digital de cientos de miles de cuentas identificadas como bots, es preocupante.
El problema no es que el gobierno responda, sino cómo responde.
El Estado puede controvertir una información. Puede aportar datos. Puede demostrar que una afirmación es falsa. Puede exigir, por las vías legales correspondientes, la rectificación de determinados contenidos.
Lo que no debería convertirse en práctica ordinaria es la utilización del enorme poder comunicacional del gobierno para colocar etiquetas sobre quienes ejercen la crítica.
Porque cuando el poder público deja de discutir argumentos y comienza a clasificar personas, medios o periodistas, el debate democrático empieza a deteriorarse.
Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen uno de los pilares del régimen democrático.
El artículo 6° protege la manifestación de las ideas y establece límites muy concretos. El artículo 7° reconoce la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio.
Esto significa algo elemental, pero frecuentemente olvidado: el gobierno no tiene un derecho constitucional a no ser criticado. Tiene, desde luego, derecho a defenderse políticamente.
En una democracia, la prensa no está para aplaudir al gobierno. Tampoco está para ser oposición partidista. Su función es informar, investigar, cuestionar y, cuando corresponda, incomodar.
Y precisamente porque puede incomodar, necesita protección constitucional.
Aquí aparece uno de los aspectos más delicados del problema.
La censura no necesariamente adopta la forma clásica de una orden que diga: «esto no se puede publicar».
En las democracias contemporáneas puede aparecer de formas más sutiles: campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, utilización abusiva de mecanismos institucionales o señalamientos provenientes del propio poder público.
No significa que todo señalamiento gubernamental constituya, por sí mismo, censura. Sería jurídicamente incorrecto afirmarlo de manera automática.
Pero sí debemos preguntarnos si determinados actos pueden producir un efecto inhibidor o amedrentador sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
Porque un periodista no necesita recibir una orden de silencio para sentirse intimidado. A veces basta con saber que, desde el aparato estatal, puede ser exhibido, etiquetado y colocado públicamente como parte de una supuesta operación política.
El mensaje para otros puede ser todavía más poderoso: «Miren lo que ocurre cuando cuestionan al poder.» Y ahí aparece el verdadero riesgo.
La libertad de expresión no se protege únicamente impidiendo que el Estado prohíba hablar.
También debe protegerse frente a medidas o prácticas que, por su naturaleza o contexto, puedan generar un temor razonable a ejercerla.
Si criticar al gobierno comienza a tener un costo institucional, reputacional o económico desproporcionado, otros pueden decidir que es mejor guardar silencio.
Ese fenómeno es conocido como efecto paralizante. Y para una democracia es particularmente peligroso porque opera sin necesidad de una prohibición formal.
Cuando una autoridad pública afirma que determinadas cuentas son bots, que determinados medios forman parte de un ecosistema de amplificación o que determinadas expresiones responden a una estrategia coordinada, debe explicar qué metodología utilizó, cuáles son sus fuentes, qué criterios aplicó y cómo pueden ser verificadas sus conclusiones.
En un Estado constitucional, la información oficial no se convierte automáticamente en verdad por el simple hecho de provenir de una institución pública.
Precisamente por tratarse del Estado, debe existir un mayor estándar de transparencia.
Si se acusa a cientos de miles de cuentas de formar parte de una operación artificial, la sociedad tiene derecho a conocer cómo se llegó a esa conclusión.
Porque una etiqueta sin metodología puede terminar funcionando como una sentencia política.
Las democracias comienzan a deteriorarse cuando el adversario político deja de ser considerado adversario y empieza a ser presentado como enemigo.
La misma lógica puede trasladarse al ámbito de la comunicación. Un periodista crítico puede equivocarse. Un medio puede publicar información falsa. Una columna puede ser injusta. Una investigación puede ser cuestionable.
Todo eso puede y debe ser debatido.
Pero equivocarse no convierte a un periodista en enemigo del Estado. La respuesta democrática frente a una información falsa es la información verdadera.
Frente a una acusación, la evidencia. Frente a una crítica, el argumento. Frente a una mentira comprobable, la rectificación o, en su caso, la responsabilidad jurídica que corresponda conforme a la ley.
Lo que no debería sustituir al debate es el señalamiento desde el poder.
El gobierno tiene derecho a defenderse. Pero el poder democrático exige algo más que tener facultades. Exige saber utilizarlas con prudencia.
El Estado cuenta con una capacidad de comunicación incomparable frente a un periodista individual. Tiene infraestructura, funcionarios, recursos públicos y una audiencia masiva.
Por eso existe una diferencia sustancial entre la respuesta de un ciudadano y la respuesta institucional del gobierno.
Cuando un particular critica al presidente, ejerce su libertad de expresión.
Cuando el presidente o una institución del Estado responde, lo hace desde una posición de poder.
Esa asimetría obliga a tener especial cuidado. Porque una cosa es responder a una crítica y otra utilizar el peso institucional del Estado para convertir al crítico en noticia.
No debemos defender la libertad de expresión únicamente cuando quien habla coincide con nuestras ideas. La verdadera prueba está en defenderla cuando quien habla nos resulta incómodo.
Un gobierno democrático no se demuestra por la cantidad de críticas que recibe, sino por la capacidad que tiene para tolerarlas y responderlas con argumentos.
Por eso este episodio merece ser observado con seriedad, sin exageraciones partidistas, pero también sin minimizar sus riesgos.
No se trata de defender a un periodista determinado. No se trata de proteger a un medio por el simple hecho de ser medio. Se trata de defender una regla mucho más importante. El Estado debe debatir con sus críticos, no convertirlos en objetivos de su aparato de comunicación.
La historia constitucional enseña que los retrocesos democráticos rara vez comienzan con una gran prohibición. Muchas veces comienzan con pequeñas normalizaciones.
Normalizar que desde el poder se etiquete al periodista incómodo. Normalizar que se clasifique al crítico como adversario. Normalizar que la información oficial sustituya a la evidencia. Normalizar que la réplica se convierta en descalificación. Normalizar, finalmente, que quien cuestiona al gobierno tenga que defender no solamente sus argumentos, sino también su derecho a expresarlos.
Ahí está el verdadero peligro.
Porque mañana puede no tratarse de un periodista. Puede ser un académico, un activista, un legislador, una organización civil o cualquier ciudadano.
Por eso la discusión no debe plantearse como una disputa entre el gobierno y determinados medios.
La pregunta es mucho más profunda:
¿Queremos un Estado que responda a la crítica con argumentos o un Estado que utilice su poder para señalar a quienes lo cuestionan?
La democracia mexicana no necesita un gobierno incapaz de ser criticado. Necesita un gobierno capaz de soportar la crítica.
Y necesita, sobre todo, instituciones que recuerden que el poder público tiene facultades para gobernar, pero no tiene facultades para decidir quién no tiene derecho a incomodarlo.
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