CAJA DE RESONANCIA
Pueblos indígenas y afromexicano. entre el discurso y la realidad.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Este 1° de octubre de 2026, el Congreso de Guerrero celebró el Parlamento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas con un discurso que subraya el valor de los pueblos originarios para la identidad estatal y su derecho a participar en las decisiones públicas.
Sin embargo en el mes pasado, organizaciones y activistas en Chilpancingo exigían reponer o ampliar la consulta nacional sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, denunciando que la metodología oficial es limitada en tiempo, territorio y espacios, y que la propuesta federal pone en riesgo la libre autodeterminación, el control del territorio y los derechos de las mujeres.
Esta tensión no es anecdótica: refleja un patrón estructural en el que el reconocimiento simbólico convive con la omisión sistemática del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Tras la reforma constitucional de septiembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, titulares de derechos colectivos como la libre determinación y la autonomía.
En agosto de 2026, el Pleno estableció un criterio relevante: el derecho a la consulta debe garantizarse ante la mera posibilidad de afectación o incidencia en los derechos de los pueblos, sin que sea necesaria la acreditación del daño o su impacto significativo.
No obstante, en Guerrero persisten iniciativas legislativas que, versando sobre materias sensibles para los pueblos, siguen en comisiones sin haber sido consultadas, reproduciendo la brecha entre el marco normativo y la práctica legislativa. La jurisprudencia interamericana y nacional es clara: la consulta no es un trámite formal, sino un mecanismo de garantía de la libre determinación que debe realizarse de buena fe, a través de representantes propios y mediante procedimientos culturalmente adecuados.
El Parlamento 2026, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso en julio y convocado con registro abierto en agosto, representa un avance en términos de visibilidad y diálogo intercultural. Pero su existencia no exime al legislador de cumplir con la obligación constitucional y convencional de consultar cada medida legislativa o administrativa que pueda afectar directamente a los pueblos.
Como ha señalado la SCJN, no basta con el mero reconocimiento de la posibilidad de los pueblos para aplicar su derecho; se requiere una legitimación social y jurídico-judicial que dote de efectividad material y formal a esos derechos.
La SCJN ha identificado omisiones legislativas en otros estados —como Chiapas— por no establecer mecanismos eficaces para reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público y formalizar su autogobierno.
En Guerrero, antecedentes judiciales han declarado que decretos locales vulneraron el derecho a la consulta previa al aprobarse sin el proceso exigido por el Convenio 169 de la OIT. Estos precedentes ofrecen un camino claro: cuando el discurso político se queda en la retórica, la justicia constitucional puede y debe corregir la omisión.
La realidad de los derechos de los pueblos en Guerrero dista mucho del discurso político: mientras se celebran parlamentos y se exalta la identidad pluricultural, las iniciativas que impactan sus derechos siguen sin ser consultadas y las metodologías oficiales de consulta son cuestionadas por limitadas.
El reto no es solo institucional, sino ético: transformar el reconocimiento simbólico en garantías efectivas, y el diálogo en decisiones vinculantes que respeten la libre determinación, el territorio y la autonomía de los pueblos.
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