CAJA DE RESONANCIA
¿Hay intenciones de paralizar la iniciativa de servicio de transporte por aplicación en el Congreso de Guerrero?
Lic. Moisés Torres Salmerón
El conflicto por el transporte mediante aplicaciones en Guerrero deja una pregunta que va más allá de Uber, DiDi o cualquier otra plataforma: ¿quién tiene la responsabilidad de legislar en el Estado, el Congreso o el Poder Ejecutivo?
La pregunta no es menor.
La diputada local de Morena, Diana Bernabé Vega, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transporte y Vialidad de Guerrero con el propósito de regular el transporte por aplicación. La propuesta llegó a la Comisión correspondiente y, ahora, su presidente, el diputado Vladimir Barrera Fuerte, considera que la iniciativa no es suficiente y que sería conveniente que el gobierno estatal presentara otra propuesta para enriquecerla.
Aquí comienza el problema.
Si el presidente de una comisión legislativa considera que una iniciativa es insuficiente, la solución no necesariamente es esperar otra iniciativa del Ejecutivo. El Congreso tiene precisamente órganos especializados —las comisiones— para analizar, modificar, enriquecer y, en su caso, dictaminar las propuestas que reciben.
Una iniciativa no llega a una comisión para ser aprobada automáticamente. Pero tampoco llega para quedar indefinidamente congelada porque algunos legisladores consideran que podría existir una propuesta mejor.
La comisión puede modificarla.
Puede incorporar otras propuestas.
Puede solicitar información.
Puede convocar a las autoridades.
Puede escuchar a los transportistas y concesionarios.
Puede escuchar a los conductores de plataformas y a los usuarios.
Y, por la importancia del tema, puede incluso impulsar un Parlamento Abierto que permita conocer las posiciones de todos los sectores involucrados antes de emitir el dictamen.
Lo que no debería ocurrir es que la función legislativa quede condicionada a que el Poder Ejecutivo decida presentar una iniciativa.
El Congreso no es una ventanilla de espera del Ejecutivo
El argumento resulta particularmente delicado porque el propio presidente de la Comisión de Transportes reconoce que, hasta ahora, no conoce que el gobierno estatal esté trabajando en una propuesta sobre el transporte por aplicación.
Entonces la pregunta es inevitable:
Si el Ejecutivo no tiene una iniciativa en preparación, ¿por qué tendría que detenerse el trabajo legislativo de la Comisión?
El Congreso no necesita esperar a que el Ejecutivo le diga cómo legislar.
Tiene una iniciativa presentada por una diputada.
Tiene una comisión competente.
Tiene la posibilidad de modificar el proyecto.
Tiene la posibilidad de escuchar a los sectores.
Y tiene la responsabilidad de emitir un dictamen dentro del procedimiento legislativo correspondiente.
Por supuesto que el Ejecutivo puede aportar información y propuestas. Sería deseable que lo hiciera, porque la regulación del transporte involucra aspectos técnicos, administrativos, de seguridad y de movilidad que requieren conocimiento especializado.
Pero una cosa es coordinarse institucionalmente con el Ejecutivo y otra muy distinta es convertir la ausencia de una propuesta del gobierno en una razón para paralizar el trabajo legislativo.
La normatividad interna del Congreso establece un plazo de 30 días para que la comisión correspondiente emita el dictamen de una iniciativa, entonces ese plazo no debería ser tratado como una sugerencia política.
Debe revisarse exactamente desde cuándo comienza a computarse, qué disposición lo establece, cuáles son sus excepciones y qué consecuencias contempla su incumplimiento.
Porque también sería un error utilizar el argumento de los “30 días” sin verificar previamente el texto normativo aplicable.
La exigencia debe ser jurídicamente precisa.
Pero una vez acreditado el plazo y su cómputo, la obligación institucional es clara: la comisión debe procesar la iniciativa.
Y procesarla significa dictaminarla, no simplemente esperar.
Hay, además, una solución que podría ayudar a superar el enfrentamiento.
¿Por qué no abrir la discusión?
El transporte por aplicación no es un asunto exclusivamente de diputados, funcionarios o concesionarios tradicionales.
Afecta directamente a los usuarios.
Afecta a quienes conducen vehículos mediante plataformas.
Afecta al transporte concesionado.
Afecta la movilidad urbana.
Tiene implicaciones en materia de seguridad.
Tiene implicaciones fiscales y administrativas.
Y también plantea una cuestión de competencia: ¿cómo debe convivir un nuevo modelo de transporte con el régimen tradicional de concesiones y permisos?
Un Parlamento Abierto permitiría que la comisión escuche esas posiciones y, posteriormente, incorporar al dictamen las propuestas técnicamente viables.
Eso sería mucho más democrático que mantener la iniciativa detenida mientras se espera una propuesta que quizá nunca llegue.
El diputado Vladimir Barrera Fuerte ha dicho que no tiene la concesión “ni de un triciclo”. Es una declaración que busca dejar claro que no tiene intereses personales en el sector.
Está bien.
Pero la discusión de fondo no debería ser únicamente si el presidente de la comisión tiene o no una concesión.
La verdadera pregunta es si la Comisión que preside está cumpliendo con su responsabilidad legislativa.
La ausencia de intereses personales debe ser un punto de partida, no el punto final de la discusión.
Porque la ciudadanía no necesita solamente diputados que aseguren no tener intereses en determinado sector.
Necesita diputados que cumplan con su función constitucional y legislativa.
Y en este caso eso significa estudiar la iniciativa, escuchar a los involucrados, modificar lo que deba modificarse y emitir un dictamen.
A favor.
En contra.
O con una nueva propuesta normativa.
Pero dictaminar.
El transporte por aplicación lleva tiempo generando un conflicto que no se resolverá con declaraciones.
Tampoco se resolverá esperando indefinidamente una iniciativa del Ejecutivo.
La regulación debe construirse con reglas claras, seguridad para los usuarios, certeza para los conductores y condiciones razonables de competencia entre los distintos modelos de transporte.
El gobierno estatal puede y debe participar.
Los transportistas deben ser escuchados.
Las plataformas deben aportar información.
Los usuarios deben tener voz.
Pero quien tiene la responsabilidad de convertir todo eso en una norma es el Poder Legislativo.
Por eso, la pregunta que queda sobre la mesa no es si la iniciativa de Diana Bernabé Vega es perfecta.
Ninguna iniciativa tiene por qué serlo cuando llega al Congreso.
La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿La Comisión de Transportes va a legislar con la iniciativa que tiene frente a ella, o seguirá esperando que alguien más le diga cómo hacerlo?
Porque si el Congreso tiene que esperar al Ejecutivo para saber qué legislar, entonces habría que preguntarnos para qué existen las comisiones legislativas.
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