Damián Peralta señaló que las actividades de capacitación buscan mantener un vínculo permanente con los estudiantes, más allá de la firma de convenios, para facilitar su incorporación y participación efectiva en el programa.
Marcial Campuzano
26/10/2027
Chilpancingo, Gro.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) impulsa un programa nacional para capacitar a estudiantes de universidades públicas en fiscalización superior y rendición de cuentas, con el propósito de que identifiquen posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos y presenten denuncias con el acompañamiento de la institución, la iniciativa contempla la participación de jóvenes en el servicio social y busca fortalecer la transparencia desde las comunidades y los municipios.
El guerrerense Alfonso Damián Peralta, titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas de la ASF, informó que se han firmado convenios de colaboración con universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), para brindar herramientas teóricas y prácticas a los estudiantes interesados en vigilar la correcta aplicación del presupuesto público.
El programa surgió por iniciativa del auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, quien ha planteado la necesidad de fortalecer tanto la cultura de la rendición de cuentas como la de la fiscalización; de acuerdo con Damián Peralta, la meta es que los jóvenes aprendan a reconocer irregularidades que pudieran presentarse en obras públicas, contratación de personal, adquisición de materiales y prestación de servicios gubernamentales, explicó.
Destacó la importancia de involucrar a estudiantes provenientes de comunidades y municipios alejados de las capitales estatales, quienes una vez capacitados podrán aplicar sus conocimientos para identificar áreas de oportunidad en sus lugares de origen, la intención es que conozcan las facultades de la ASF, distingan posibles anomalías y sepan cómo presentar una denuncia formal, sin confundir la fiscalización con señalamientos carentes de sustento.
Damián Peralta indicó que el programa se encuentra cerca de alcanzar los mil estudiantes prestadores de servicio social registrados y en operación a nivel nacional, señaló que la formación incluye talleres, ejercicios prácticos y módulos especializados, además de una constancia adicional expedida por la ASF, que se suma a la acreditación del servicio social otorgada por las universidades participantes.
Uno de los compromisos centrales, subrayó, es que las denuncias presentadas por los jóvenes reciban seguimiento y una respuesta institucional. Consideró que la falta de atención a las quejas ciudadanas desalienta la participación, por lo que la Auditoría busca generar confianza entre los estudiantes mediante un acompañamiento que permita conocer el desarrollo de sus planteamientos y las actuaciones correspondientes.
El programa también pretende convertirse en una vía de formación profesional para quienes deseen especializarse en auditoría y control gubernamental, los estudiantes que destaquen podrán participar en la elaboración de un informe ciudadano universitario, cuya presentación está prevista para febrero, mientras que la ASF busca acercarlos a oportunidades profesionales en auditorías estatales, órganos internos de control y otras instancias dedicadas a supervisar el gasto público.
En el caso de Guerrero, los universitarios interesados pueden solicitar información en la Unidad de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, además de consultar las redes oficiales de la Auditoría Superior de la Federación.
Damián Peralta señaló que las actividades de capacitación buscan mantener un vínculo permanente con los estudiantes, más allá de la firma de convenios, para facilitar su incorporación y participación efectiva en el programa.
El funcionario adelantó que también se trabaja en la formación de servidores públicos municipales en coordinación con otras instancias especializadas, al tiempo que se analiza la necesidad de fortalecer el marco jurídico de la fiscalización superior, a más de una década de las reformas constitucionales de 2015.
Afirmó que la participación ciudadana, la preparación de nuevas generaciones y la modernización de los mecanismos de revisión son fundamentales para prevenir actos de corrupción y promover un uso más transparente, eficiente y responsable de los recursos públicos.
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