CAJA DE RESONANCIA
Diputados de Morena. ¿Representantes del pueblo o de su partido?
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay decisiones legislativas que responden a la aritmética parlamentaria y otras que obedecen a convicciones ideológicas. Pero hay votaciones que revelan algo más preocupante: la resistencia a reconocer una realidad que miles de familias padecen todos los días. La decisión de la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero, el pasado 28 de octubre, pertenece a esta última categoría.
Con 19 votos en contra, Morena frenó un exhorto de la Comisión de Salud dirigido a la Secretaría de Salud federal y al IMSS-Bienestar para que garantizaran el abasto oportuno, completo y permanente de medicamentos en los hospitales y centros de salud públicos del estado.
La propuesta no pretendía crear un nuevo derecho, aprobar una reforma constitucional ni comprometer recursos extraordinarios. Planteaba algo elemental: que las instituciones responsables cumplan con su obligación de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y que los medicamentos prescritos estén disponibles para quienes los necesitan.
Porque detrás de cada receta sin surtir hay una persona que espera, una familia que se endeuda y, en ocasiones, un paciente cuya salud se deteriora mientras busca por su cuenta aquello que debería proporcionarle el sistema público. En La Montaña Alta, la Costa Chica, Tierra Caliente, el derecho a la salud no puede depender de la capacidad económica de cada familia ni convertirse en una promesa que se incumple al llegar a la farmacia de un hospital.
Lo más preocupante no fue únicamente el sentido de la votación, sino los argumentos expuestos durante el debate.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval responsabilizó al propio personal de salud del robo de medicamentos, sin que presentara pruebas que sustentaran esa acusación. Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano cuestionó la credibilidad de las informaciones difundidas por los medios de comunicación sobre las quejas ciudadanas.
Así, el debate corrió el riesgo de desviarse de la cuestión central: ¿hay medicamentos suficientes y se están entregando de manera oportuna a los pacientes?
En lugar de responder con información verificable, indicadores de abasto y mecanismos de rendición de cuentas, se cuestionó a quienes denuncian el problema y se señaló a quienes trabajan en los servicios de salud.
Si existen irregularidades en el manejo de medicamentos, deben investigarse y sancionarse con pruebas y conforme a la ley. Pero atribuir responsabilidades sin acreditarlas no resuelve el desabasto. Tampoco lo resuelve desacreditar a los medios ni desestimar las quejas de los pacientes. La transparencia exige investigar, no buscar culpables a conveniencia; exige informar, no negar.
Los diputados del PRI, por su parte, expusieron testimonios y cifras que merecen una respuesta institucional. Entre los señalamientos formulados durante la sesión se mencionaron familias obligadas a comprar medicamentos por fuera, personal de enfermería que lleva casi tres años organizándose mediante cooperaciones para adquirir sondas destinadas a recién nacidos y 925 unidades médicas que, según lo denunciado, no recibieron de manera completa los insumos de la denominada Ruta de la Salud.
Son datos y testimonios que deben verificarse, desde luego, pero que no pueden despacharse con descalificaciones. Si las cifras son incorrectas, corresponde demostrarlo con información pública. Si son ciertas, corresponde corregir las deficiencias y garantizar que los insumos lleguen a quienes los necesitan. En cualquiera de los dos escenarios, la obligación de las autoridades es responder.
Aquí conviene hacer una precisión: un exhorto legislativo no garantiza, por sí mismo, que los medicamentos lleguen a los hospitales, ni necesariamente tiene fuerza vinculante para obligar a las autoridades destinatarias a actuar. Su aprobación tampoco habría resuelto automáticamente el problema. Sin embargo, ese argumento no justifica rechazarlo sin ofrecer una explicación convincente ni presentar una alternativa concreta para atender las deficiencias denunciadas. Si el mecanismo era insuficiente, la responsabilidad política consistía en proponer uno más eficaz, no en cerrar la discusión.
Por eso, la pregunta sigue en pie: si la propuesta buscaba exigir mejores condiciones de abasto para los pacientes de Guerrero, ¿qué razón de fondo justificaba votar en contra? ¿Qué alternativa ofreció la bancada de Morena para garantizar que las recetas se surtan y que las familias dejen de pagar de su bolsillo lo que esperan recibir gratuitamente?
La respuesta importa porque el derecho a la salud no es una concesión del gobierno ni una bandera exclusiva de la oposición. Es un derecho reconocido por la Constitución y una obligación de las autoridades. Su cumplimiento no debería depender de quién gobierna, qué partido presenta una propuesta o qué bancada obtiene una ventaja política con su aprobación o rechazo.
Morena tiene derecho a defender su gestión y a cuestionar las cifras de sus adversarios. Lo que no puede hacer, sin asumir un costo político y ético, es confundir la defensa de un gobierno con la negación de los problemas que enfrentan sus gobernados. La lealtad partidista no sustituye la rendición de cuentas, y la disciplina parlamentaria no exime a los legisladores de responder ante la ciudadanía.
Votar contra un exhorto no equivale, jurídicamente, a votar contra el derecho a la salud. Pero cuando se rechaza una exigencia para atender un problema de abasto sin demostrar que el problema no existe ni presentar una solución alternativa, la decisión envía un mensaje político difícil de justificar.
La gente no necesita que sus representantes ganen discusiones en la tribuna. Necesita que las instituciones funcionen. Una madre que busca un medicamento para su hijo no puede esperar a que termine la disputa entre partidos; un recién nacido no puede depender de una colecta improvisada para recibir los insumos que requiere; un adulto mayor no debería elegir entre comprar sus medicinas o pagar la comida de la semana.
La salud pública no admite triunfalismos ni excusas: exige resultados. Las recetas deben surtirse, los hospitales deben contar con insumos y las autoridades deben rendir cuentas. Si el desabasto existe, hay que corregirlo; si se niega, hay que demostrar con datos que no existe.
Porque cuando la discusión política se impone sobre las necesidades de los pacientes, la factura no la pagan los partidos. La pagan las familias.
Y en materia de salud, esa factura puede ser demasiado alta: se paga con dinero, con sufrimiento y, en los casos más graves, con la vida.
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