CAJA DE RESONANCIA
El silencio también cuesta. 188.5 millones de pesos sin explicar por el Congreso de Guerrero.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay cifras que retratan por sí solas la dimensión de un problema. En el Congreso de Guerrero, una de ellas es contundente: 188 millones 511 mil 180 pesos permanecen sin comprobar, correspondientes a los recursos entregados a los 46 diputados por concepto de gastos de gestión entre enero y agosto de 2026.
De acuerdo con un concentrado oficial del Poder Legislativo, durante esos ocho meses se entregaron aproximadamente 250 millones 866 mil 180 pesos mediante cheques. Sin embargo, únicamente se reportaron comprobaciones por 62 millones 355 mil pesos. En otras palabras, alrededor del 75 por ciento de los recursos entregados continúa sin acreditar documentalmente su aplicación.
No estamos hablando de una diferencia contable insignificante ni de un trámite burocrático que pueda resolverse con una explicación de última hora. Estamos hablando de dinero público, de millones de pesos cuyo destino debe conocerse y justificarse ante la sociedad.
Y aquí comienza el verdadero problema: ¿con qué autoridad moral puede un Congreso exigir transparencia, rendición de cuentas y honestidad a los demás poderes y órdenes de gobierno cuando no es capaz de ofrecer explicaciones satisfactorias sobre el manejo de sus propios recursos?
Los nombres y las cantidades que aparecen en el concentrado oficial obligan a formular preguntas que hasta ahora no tienen una respuesta pública suficiente.
La diputada Guadalupe García Villalva recibió 16 millones 68 mil 500 pesos y, según el documento, no registraba cantidad alguna comprobada. Gloria Citlali Calixto Jiménez recibió 12 millones 695 mil 500 pesos, también sin comprobación registrada. El diputado Jesús Eugenio Urióstegui García recibió 4 millones 118 mil 500 pesos, igualmente sin cantidades reportadas como comprobadas.
La diputada Leticia Mosso Hernández registraba un saldo pendiente de un millón 621 mil pesos, de los 3 millones 708 mil 500 pesos que recibió.
Estos datos no constituyen, por sí mismos, prueba de desvío de recursos ni de responsabilidad penal de los legisladores mencionados. Pero sí representan información suficientemente grave para exigir explicaciones públicas, verificables y oportunas.
La pregunta no es solamente cuánto recibió cada diputado, sino bajo qué criterios se distribuyeron esos recursos, quién autorizó las entregas, qué conceptos podían cubrirse, cuáles eran los plazos para comprobarlos y qué consecuencias se aplican cuando no se acredita su utilización.
Si el Congreso no puede responder con claridad a estas preguntas, entonces el problema no se limita a quienes recibieron el dinero: también alcanza a quienes autorizaron, administraron y supervisaron su entrega.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus artículos 6 y 134, principios fundamentales de transparencia, acceso a la información, eficiencia, economía, honradez y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece obligaciones para los servidores públicos y contempla responsabilidades por conductas relacionadas con el uso indebido y el desvío de recursos públicos.
A ello se suma la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que establece las bases para la vigilancia, revisión y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos.
Ninguna de estas disposiciones establece privilegios de opacidad para los integrantes del Poder Legislativo. Ser diputado no significa disponer libremente del presupuesto ni quedar exento de justificar el dinero recibido para el desempeño de una función pública.
Hay que decirlo con claridad: los llamados gastos de gestión no son una extensión del patrimonio personal de los legisladores. Son recursos públicos sujetos a reglas, controles y obligaciones de comprobación.
Y si existen disposiciones internas que regulan su entrega y aplicación, la ciudadanía tiene derecho a conocerlas.
A este escenario se suma un asunto todavía más delicado: las investigaciones de la Fiscalía General del Estado por la presunta falsificación de cheques emitidos a nombre de más de 20 diputados y diputadas del Congreso local.
La coincidencia de ambos asuntos obliga a una explicación institucional mucho más amplia.
¿Quién solicitó y autorizó los cheques? ¿Quién los cobró? ¿Los recursos llegaron efectivamente a las cuentas o a las manos de los legisladores cuyos nombres aparecen como beneficiarios? ¿Existen documentos que acrediten la recepción y aplicación del dinero? ¿Qué controles administrativos y bancarios operaban para impedir irregularidades?
Son preguntas elementales que el Poder Legislativo debería responder sin esperar a que la Fiscalía concluya sus investigaciones.
Una investigación penal y una obligación de rendición de cuentas son procedimientos distintos. La primera busca establecer si se cometió un delito y quiénes son responsables; la segunda exige transparentar el ejercicio de los recursos públicos. Una no sustituye ni suspende automáticamente a la otra.
Por eso resulta políticamente inaceptable que, frente a una situación de esta magnitud, prevalezca el silencio de quienes tienen la obligación de dar la cara.
La ciudadanía no necesita discursos de austeridad ni pronunciamientos genéricos contra la corrupción. Necesita documentos, explicaciones y responsabilidades.
Hay una responsabilidad política que tampoco puede pasar inadvertida: la de la Junta de Coordinación Política y, particularmente, la de quienes han encabezado este órgano de gobierno del Congreso.
La Jucopo tiene una posición central en la conducción política y administrativa del Poder Legislativo. Por ello, sus integrantes no pueden desentenderse de una situación que compromete la credibilidad institucional del Congreso.
No se trata de atribuirles automáticamente responsabilidad por cada peso pendiente de comprobar, sino de exigirles que expliquen qué mecanismos de supervisión existen, qué medidas han adoptado y por qué no se ha presentado una respuesta pública integral.
La pregunta es inevitable: si el Congreso tiene capacidad para fiscalizar a los gobiernos municipales, revisar cuentas públicas y llamar a cuentas a otros funcionarios, ¿por qué no comienza por transparentar sus propios gastos de gestión?
La salida no es esconderse detrás de procedimientos administrativos ni esperar a que el escándalo desaparezca de la agenda pública.
El Congreso debe publicar el concentrado completo de los recursos entregados, incluyendo fechas, montos, beneficiarios, cheques, conceptos autorizados, comprobantes y saldos pendientes.
Debe explicar los criterios de distribución, los plazos de comprobación y las disposiciones internas que regulan estos recursos.
También debe informar qué legisladores han regularizado sus comprobaciones, cuáles mantienen adeudos y qué procedimientos se han iniciado para recuperar o aclarar los recursos que no hayan sido debidamente acreditados.
Las irregularidades que correspondan deben remitirse a las autoridades fiscalizadoras y competentes, sin encubrimientos ni tratamientos diferenciados por partido político, cargo o cercanía con los órganos de dirección legislativa.
Y, sobre todo, debe establecerse un mecanismo de consulta pública que permita conocer periódicamente cómo se utilizan estos recursos.
En Guerrero sobran problemas que requieren recursos públicos: inseguridad, hospitales con carencias, escuelas con necesidades, comunidades sin servicios básicos y miles de familias que esperan respuestas de sus autoridades.
En ese contexto, resulta profundamente contradictorio que el Poder Legislativo entregue millones de pesos a sus integrantes y que, meses después, una parte sustancial de ese dinero continúe sin comprobación documental.
Los diputados no pueden pretender que la sociedad confíe en sus decisiones cuando ellos mismos no ofrecen la transparencia que exigen a los demás.
Tampoco pueden reducir el asunto a una disputa entre partidos o a una campaña de desprestigio. El dinero público no tiene colores partidistas y la obligación de rendir cuentas tampoco.
Los 188.5 millones de pesos no son propiedad de los diputados. Son recursos de los guerrerenses.
Y mientras no se explique documentalmente su destino, cada día de silencio representa un golpe adicional a la credibilidad del Congreso.
Porque la transparencia no se demuestra con discursos, sino con cuentas claras. Y quien ejerce recursos públicos tiene una obligación elemental: explicar dónde, cómo, cuándo y para qué se utilizó cada peso.
Si los diputados quieren exigir cuentas a los demás, primero deben tener la disposición de rendir las propias.
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