CAJA DE RESONANCIA
Millones bajo sospecha en el Congreso de Guerrero.
Lic. Moisés Torres Salmerón
El Congreso de Guerrero enfrenta dos asuntos que, aunque jurídicamente deben investigarse por separado, tienen un denominador común: la necesidad de esclarecer el manejo de los recursos públicos de la LXIV Legislatura.
Por una parte, están las denuncias por el presunto cobro de cheques mediante la falsificación de firmas de diputadas y diputados. Se trata de hechos que podrían configurar delitos patrimoniales y falsedad documental, cuya investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado.
Por otra, la publicación de información financiera que señala que, entre enero y agosto de 2026, se habrían entregado 250 millones 866 mil 480 pesos a legisladores por concepto de gastos de gestión, de los cuales 188 millones 511 mil 180 pesos aparecerían pendientes de comprobar.
La información difundida también señala que únicamente se habrían comprobado 62 millones 355 mil 300 pesos. Es decir, aproximadamente tres cuartas partes de los recursos reportados no tendrían, en ese corte documental, comprobación registrada.
La precisión es indispensable: tener recursos pendientes de comprobar no significa automáticamente que hayan sido desviados, robados o utilizados ilegalmente. Tampoco puede afirmarse que esos 188 millones correspondan a los recursos presuntamente sustraídos mediante cheques con firmas falsificadas. Son asuntos que requieren investigaciones y verificaciones documentales independientes.
Sin embargo, existe una pregunta que ninguna autoridad puede evadir: ¿dónde están los recursos públicos y cuál es la documentación que acredita su aplicación?
La respuesta de la Junta de Coordinación Política, que ha cuestionado la autenticidad y veracidad de la información difundida y ha sostenido que las comprobaciones de los legisladores presentan un avance cercano al 90 por ciento, tampoco resuelve el problema de fondo.
Si el documento es falso, corresponde demostrarlo con los registros contables, las pólizas, los estados de cuenta, los cheques, las transferencias y los expedientes de comprobación. Si es auténtico, debe explicarse por qué existen cantidades millonarias pendientes de justificar.
Descalificar una información no sustituye la obligación de transparentar los documentos que permitan verificarla.
La Fiscalía General del Estado tiene una responsabilidad constitucional ineludible.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su conducción y mando.
Por tanto, frente a las denuncias por el presunto cobro de cheques con firmas falsificadas, la Fiscalía debe esclarecer quién elaboró los documentos, quién autorizó su expedición, quién los cobró, quién recibió el dinero y qué servidores públicos intervinieron en las operaciones.
La investigación debe comprender el análisis pericial de las firmas, los documentos bancarios, los registros contables, las autorizaciones administrativas y la trazabilidad del dinero.
Pero también debe establecer si existieron otras conductas delictivas relacionadas con el manejo de los recursos públicos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer el avance de las investigaciones, respetando la reserva legal de las diligencias y la presunción de inocencia. La secrecía ministerial no puede convertirse en una justificación para mantener indefinidamente a la sociedad sin información institucional.
La posición de la Auditoría Superior del Estado merece especial atención.
Su titular ha señalado que la revisión de las presuntas irregularidades en el Congreso se realizará durante la fiscalización de la cuenta pública 2026, en 2027, debido a que no corresponde a sus facultades fiscalizar ordinariamente el ejercicio del gasto en curso.
Es cierto que la fiscalización de la cuenta pública tiene procedimientos y temporalidades legales. Pero esa circunstancia no debe confundirse con la existencia de mecanismos para investigar denuncias sobre posibles irregularidades.
La Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero contempla la posibilidad de que, ante denuncias fundadas acompañadas de documentos o evidencias que hagan presumir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, su desvío o actos de corrupción, la Auditoría requiera información a las entidades fiscalizadas y elabore un informe específico sobre los hechos denunciados.
Por consiguiente, la ASE debe explicar si ha recibido denuncias, si existen elementos suficientes para iniciar las actuaciones correspondientes y qué mecanismos de investigación y fiscalización resultan legalmente procedentes.
No se trata de exigirle que viole los procedimientos legales, sino de que ejerza todas las atribuciones que la legislación le confiere.
El artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Guerrero establece que la Auditoría Superior debe garantizar la efectiva rendición de cuentas de las entidades fiscalizables a los ciudadanos guerrerenses. El artículo 151 dispone que su actuación debe regirse por los principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
La fiscalización no puede convertirse en una promesa para el próximo año cuando existen denuncias y documentación que ameritan, al menos, una valoración institucional inmediata.
Existe otra autoridad cuya responsabilidad no puede pasar inadvertida: el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.
El artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero número 231 establece expresamente que este órgano tiene a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Congreso.
También le corresponde revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, así como presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando existan hechos u omisiones posiblemente constitutivos de delito.
El artículo 218 de esa misma legislación establece atribuciones para verificar que el ejercicio del gasto del Congreso se realice conforme a la normatividad, los programas aprobados y los montos autorizados.
En consecuencia, debe investigarse si existieron deficiencias en los controles administrativos, financieros y bancarios, quién autorizó los pagos, quién tenía facultades para disponer de los cheques y qué mecanismos de supervisión funcionaron o dejaron de funcionar.
El Órgano Interno de Control no puede ser un espectador de las irregularidades que ocurren en la institución que debe vigilar.
El artículo 6 de la Constitución federal reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece el principio de máxima publicidad.
El artículo 134 constitucional dispone que los recursos económicos de que dispongan los entes públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Estos principios obligan también al Poder Legislativo. La autonomía parlamentaria no significa autonomía frente a la rendición de cuentas, ni constituye una excepción al cumplimiento de las normas de transparencia y fiscalización.
Los recursos entregados a los diputados para gestoría, actividades legislativas o atención ciudadana siguen siendo recursos públicos. Su asignación no los transforma en patrimonio privado ni los libera de las obligaciones de comprobación y justificación.
La sociedad tiene derecho a conocer cuánto dinero se entregó, con qué fundamento presupuestal, bajo qué reglas de operación, quién autorizó los recursos, quién los recibió, en qué se gastaron y qué documentación acredita su aplicación.
No basta con afirmar que los recursos se utilizan para atender necesidades sociales. Es necesario demostrarlo.
El problema institucional es más profundo que una controversia sobre documentos filtrados o cifras difundidas en los medios de comunicación.
Cuando existen denuncias por cheques presuntamente cobrados con firmas falsas y, simultáneamente, aparecen registros de cientos de millones de pesos pendientes de comprobación, la obligación de las autoridades es esclarecer los hechos, no reducir la discusión a una disputa política sobre quién difundió la información.
La investigación debe alcanzar a todos los servidores públicos y particulares que pudieran tener alguna responsabilidad, sin excepciones, privilegios ni persecuciones anticipadas.
También debe determinarse si los mecanismos de control interno del Congreso fueron suficientes y si las autoridades responsables de vigilar el gasto cumplieron oportunamente sus funciones.
La rendición de cuentas no se satisface con conferencias de prensa, declaraciones políticas o promesas de auditorías futuras.
Se satisface con documentos verificables, investigaciones profesionales, auditorías, resultados públicos y, cuando corresponda, sanciones y recuperación de los recursos indebidamente utilizados.
El Congreso de Guerrero no puede exigir transparencia a los demás poderes y, al mismo tiempo, mantener bajo opacidad sus propias finanzas.
Los ciudadanos no están obligados a confiar ciegamente en sus representantes. Son los representantes populares quienes tienen la obligación de justificar el uso del dinero que pertenece a la sociedad.
¡Denuncia en desdeabajo Noticias!
¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp: de desdeabajoNoticias: 7443262471. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.
Síguenos también en Twitter: @Yae31099C en Facebook: DesdeabajoAca:https://www.facebook.com/profile.php?id=1000636239783
