Marcial Campuzano
28/08/2023
Chilpancingo, Gro.
El presidente del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas “Minerva Bello”, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, urgió a los 3 órdenes de gobierno que apliquen un plan de protección permanente y de pacificación en el poblado Nuevo Caracol que está enclavado en la Sierra, al ser blanco de un nuevo ataque el pasado sábado con disparos de armas de fuego y drones que lanzan artefactos explosivos, que presuntamente son accionados por integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana.
El religioso ofreció este domingo una conferencia de prensa, en la que pidió a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno condiciones de seguridad, para que el próximo martes realicen una caravana humanitaria, que tiene el propósito de llevar alimentos a los habitantes de la citada localidad, ante el desabasto de alimentos por la no llegada de vehículos distribuidores de mercancías porque los caminos están sitiados por retenes.
En las instalaciones de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el padre Filiberto denunció que el 14 y el 15 de este mes se registró el segundo ataque con drones que lanzaron “bombas” a las zonas habitadas de la localidad El Nuevo Caracol, que dejaron una persona muerta y daños a los techos de lámina galvanizada.
Recordó que derivado de un conflicto que hay en esa zona serrana, el 8 de mayo alrededor de 600 personas del poblado Nuevo Caracol abandonaron sus casas y sus tierras, y se refugiaron en Tlacotepec al sufrir el primer ataque con drones y con disparos de armas de fuego de grueso calibre.
Obligados por la necesidad de atender sus tierras, sus casas y sus animales, las 600 personas que participaron en el éxodo regresaron al poblado Nuevo Caracol sin ser protegidos por un plan de seguridad.
Nuevo Caracol es un poblado que está en el total abandono, mucha gente no sabe de su existencia porque no se habla mucho de la comunidad, a pesar de que le ha dado mucho a la economía del estado de Guerrero por la presa “El Caracol” que fue construida en 1986, dijo el sacerdote.
Por la violencia y la inseguridad que impera en la zona, los habitantes no cuentan con servicios de salud ni educativos, toda vez que médicos, enfermeras, maestros y maestras se niegan acudir a la zona por temor de ser atacados, indicó.
Dijo desconocer los motivos por los que los habitantes de Nuevo Caracol son atacados con disparos de armas de fuego, y con artefactos explosivos lanzados por drones. Se presume que tiene su origen en un viejo conflicto.
Para no ser blanco de los artefactos explosivos y de las balas, los pobladores se refugiaron en cuartos con loza de cemento que construyó el anterior gobierno del estado conocidos como “Cuarto Rosa”, toda vez que las viviendas que construyó la Comisión Federal de Electricidad tienen techos de láminas galvanizada.
El padre Filiberto urgió al gobierno del estado que aplique una estrategia de seguridad en esa zona serrana, porque la violencia y la inseguridad afecta a por lo menos 10 comunidades que pertenecen a los municipios de Cocula, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón.
Recordó que en una reunión celebrada en mayo, el gobierno federal se comprometió a que habría una mayor vigilancia en esa zona con el arribo de militares, lo cual no ha ocurrido. Sólo hay presencia militar para proteger la presa, indicó.
Se requiere en la zona la aplicación de un plan de protección permanente que permita pacificar ese territorio serrano, y que sean atendidos los orígenes de la violencia, señaló el sacerdote.
Dio a conocer que 7 trabajadores de Nuevo Balsas están en calidad de desaparecidos, luego de que asistieron a un jaripeo en Puente de Ixtla. Dijo que existe el rumor de que a esa zona “quiere entrar la Familia Michoacana”, y que todo indica que “ese grupo criminal rebasa la fuerza y las voluntades del gobierno”.
Informó que el martes de esta semana llevarán a cabo una caravana humanitaria con dirección al poblado Nuevo Balsas para llevar alimentos y otros productos a la población, ante el desabasto de mercancías porque los vehículos que surten los productos se niegan a entrar a esa zona por la violencia y la inseguridad.
Sostuvo que hasta ahora no han tenido respuesta de las autoridades sobre la protección solicitada.
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