EN OPINIÓN
Fin de la emergencia; inicio de la ¡urgencia!
Héctor Manuel Popoca Boone.
Con un gasto público de 61.3 mil millones de pesos, el gobierno de López Obrador, dio como presentado el programa de atención gubernamental de daños ocasionados por el Huracán Otis, que azotó, principalmente, a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez (comunicado de prensa de la SHCP del 01/nov/2023). Hasta ahora, aún no se ha logrado del todo reconstruir lo destruido por dicho huracán. Este año, 2024, hizo acto de presencia el no menos terrífico y super desastroso, Huracán “John”, que flageló al ¡82 por ciento! de los municipios de Guerrero, en diferente magnitud y con variada intensidad.
El domingo próximo pasado, el gobierno federal, en una reunión en el puerto de Acapulco, decretó, con cierto apresuramiento, el fin de la atención a la emergencia con motivo de afectaciones provocadas por el Huracán John. Además, informó haber realizado múltiples y diversas obras y acciones por un monto de 6.7 mil millones de pesos que incluye apoyos en proceso de aplicación, de acuerdo al levantamiento censal de damnificados inacabado; con quejas numerosas de damnificados de todo el estado que no han recibido ningún tipo de auxilio.
Por eso concuerdo con el recién nombrado presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, cuando menciona que “después de la emergencia viene el programa de la urgencia” y no el programa de rehabilitación y recuperación parcial denominado: “Acapulco se transforma contigo”. Es imprescindible tener en cuenta que buena parte del estado de Guerrero -72 municipios- sufrieron desastres de todo tipo y no solamente el municipio de Acapulco.
A finales del año 2023, todos los diputados federales morenistas -sobre todo los guerrerenses- secundaron a AMLO, al negarse a aprobar, incomprensiblemente, una partida presupuestal exprofeso para Guerrero, dentro del proyecto de presupuesto de egresos para el año fiscal del 2024 y así proseguir las labores de reconstrucción y rehabilitación con la pertinente certidumbre, transparencia y honestidad.
Para el próximo ejercicio fiscal del año 2025 podemos caer en un hoyo negro de faltante presupuestal; de no aprobarse por la Cámara federal de diputados una partida programática específica para atender y finalizar los inconclusos y faltantes apoyos financieros demandados con urgencia en todo el estado.
Es probable que no contemos con la suficiencia presupuestal para atender la urgencia; habida cuenta que para el cierre de este año tendremos un considerable déficit fiscal federal. La SHCP lo estima de 5.9% del PIB, “el mayor habido en los últimos cuatro sexenios, provocado por el gasto público aplicado a las grandes obras de infraestructura emprendidas por el gobierno previo” (El Economista. 7/agosto/2024. Marcos A. Mares.)
Esperemos que, en esta ocasión, los diputados morenistas federales, -en especial los guerrerenses-, vean más por este sufrido y abandonado estado sureño y pugnen verdaderamente porque se apruebe dentro del presupuesto de egresos para el año 2025 una partida significativa, etiquetada al muy amplio y costoso rescate de Guerrero, que mucho lo necesita con verdadera perentoriedad.
Adenda. Año con año, durante muchos años, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, clamaba auxilio al gobierno estatal para completar el pago de su nómina de fin de año, en virtud de carecer de dinero para hacerlo con recursos propios. Cáusame gran sorpresa el anuncio que hicieron al alimón, la gobernadora del estado y el presidente municipal interino de Chilpancingo, de que, para reparar los puntos colapsados y demás daños causados por “John” al hoy gran canal de aguas negras y a sus respectivas vialidades adyacentes (Río Huacapa), destinarán de inmediato 22 millones de pesos, producto de ¡ahorros propios del organismo! y que las obras estarán terminadas para fines de este mes de muertos. Les recuerdo que uno de los mandamientos del Mesías del Sureste era “NO MENTIRAS”
PD. Como Gobernador Moral de Guerrero considero que la actual realidad de extrema ingobernabilidad y criminalidad imperante, da lugar a que proceda la desaparición de los poderes estatales y sea un representante del gobierno federal quien asuma de manera provisional la conducción gubernamental en estas tierras del sur.
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