- Procuraduría Agraria se compromete a rescatar, defender y revalorizar a los ejidos y comunidades agrarias de México.
- Que ya conjuntan esfuerzos instituciones del sector para prevenir la privatización y el despojo con una nueva política agraria.
- Sector agrario, ¿asunto de seguridad nacional?
Por Guillermo Pimentel Balderas
Lideres agrarios estimaron que si el rescate y defensa de la propiedad social de la tierra, ejidos y comunidades, se tratará de discursos, este gobierno (del “Segundo Piso de la Transformación”) sería “un gran rescatista”, y además ya lo hubieran logrado en el sexenio anterior.
Lamentan que ese mismo discurso (de la 4T) que recetó López Obrador como candidato a la presidencia de México a las organizaciones campesinas el 10 de abril de 2018 en Jerez, Zacatecas, hasta lo firmó.
En apreciaciones encontradas, por ejemplo, Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario enfatizo que el sector agrario es asunto de seguridad nacional y se comprometió a trabajar para revertir el marco neoliberal prevaleciente desde 1992, que promueve la privatización y el despojo de la propiedad social de la tierra.
Dijo que la Procuraduría Agraria (PA) es la principal institución del gobierno mexicano para la defensa, asesoría y promoción de los derechos de los ejidos y comunidades y que, para este gobierno, el tema agrario sí es una prioridad.
Refirió que ya realizan acciones para transformar a los núcleos agrarios en polos de bienestar, desarrollo social, económico, productivo y sustentable. Luego, describió que las instituciones agrarias conjuntan esfuerzos en defensa de la propiedad social y, para ello, se construye una nueva política agraria con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Registro Agrario Nacional (RAN), Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) e Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Enfatizo el funcionario que su nueva misión “es rescatar, defender y revalorizar a los ejidos y comunidades agrarias y transformarlos en unidades de desarrollo integral, social, económico y conservación de los recursos naturales, con base en el ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática y eficiente, con un enfoque de igualdad de género, de relevo generacional, pertinencia cultural y construcción de paz”.
Por su parte, el luchador social Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), juzgó: “ese mismo discurso (de la 4T) lo recetó López Obrador como candidato a las organizaciones campesinas el 10 de abril de 2018 en Jerez, Zacatecas y hasta lo firmó”.
Recapitulo: “Seis años después en el balance que ya hicieron (como gobierno), reconocen que no hubo rescate, cómo no hubo autosuficiencia y seguridad alimentaria. Al contrario, crecieron las importaciones en volumen y en precios”, estableció.
Federico Ovalle, en entrevista con este reportero, discernió: “No entienden que no entienden. Creen que la gente se alimenta de discursos. Mientras no haya un cambio real sin demagogia, con políticas públicas claras, con inversión productiva y en infraestructura, además de la generación de los puestos de trabajo que se necesitan, las cosas en el sector agrario y en el campo seguirán empeorando”.
El dirigente agrarista descalificó la llegada de funcionarios en el sector agrario ya que, más bien es por su militancia política en el oficialismo que por su relación o inclinación hacia los campesinos.
Expuso que lamentablemente el sector agrario fue abandonado por el Gobierno de López Obrador y su 4T, ya que es en el campo y sobre todo en las zonas indígenas, donde la realidad choca con el discurso oficial, ese que señala que disminuyó la pobreza. “Por el contrario, la pobreza multidimensional se ha incrementado, igual que lo ha hecho la pobreza extrema”.
Luego, reclamó que en el sexenio anterior, se dejaron de cultivar 5 millones de hectáreas producto de la falta de apoyos gubernamentales, de la inseguridad y de la sequía. “El crimen (organizado) controla regiones enteras del país en las zonas rurales”.
Lamentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum (hasta el momento) no ha dado señales de que las cosas vayan a cambiar, por lo tanto, “todo indica que ejidos y comunidades indígenas seguirán siendo víctimas del abandono y exclusión, y por lo tanto, sin mejoría en sus condiciones de trabajo y de vida”.
El ex diputado local y federal exteriorizó que el problema (en el campo) es que, “cuando no se cuenta con instrumentos, con recursos y con políticas, como sucedió en el sexenio recién terminado, por más que se tengan buenas intenciones y capacidad no es posible avanzar en la solución de los grandes problemas. Es decir, sin una política distinta, los problemas del campo no se resolverán, por el contrario, se irán incrementando”, sentenció.
También, opinó el ingeniero agrónomo José Duran Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), quien nos dijo que el sector agrario fue muy descuidado en el sexenio anterior y, el que inicia, no hay todavía garantías de que mejore. “No ha existido política agraria adecuada a las demandas de la Clase Campesina. No se han corregido las consecuencias negativas de la Reforma Salinista de 1992 al Artículo 27 Constitucional, tampoco se ha avanzado en la conclusión del rezago agrario”.
Inclusive, refirió que no hay modificación administrativa a las Dependencias del sector: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Procuraduría Agraria (PA), ni Registro Agrario Nacional (RAN) y, como consecuencia, “no se está protegiendo a la propiedad social de la tierra, pues hay un nuevo proceso de reconcentración de la tierra en manos ajenas al ejido y la comunidad”.
Por ello, el profesionista de la agronomía remarcó que se requieren funcionarios con experiencia y conocimientos suficientes en el Derecho Agrario y que, los responsables nombrados para el sector, carecen de esta y otras características; “sin embargo, estaremos pendientes de los resultados y de los funcionarios que compongan los equipos correspondientes en cada Dependencia”, opinó.
En tanto, el profesor Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dijo que en la Procuraduría Agraria es necesario se tenga un titulo de abogado y de experiencia para el cargo, porque “no es suficiente solo tener experiencia en negocios y comercio agropecuario ya que, estamos jodidos en la defensa de la propiedad social de la tierra”.
Mencionó que para Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) no será sencillo, sobre todo porque en 2025 el margen presupuestal para la Secretaria de Hacienda (SHCP) estará limitado. Urge un rediseño de las políticas (agrarias) dado el impacto para miles de productores”.
Cabe señalar que las expresiones del Procurador Agrario, se dieron en el marco del segundo día de trabajos en el 1er. Congreso Internacional de Alimentación Sustentable, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y los Tribunales Agrarios.
Ahí, durante su participación, con la ponencia: “La Procuraduría Agraria y el empoderamiento de los núcleos como precondición para la Justicia Agraria y Desarrollo Sostenible”, dio a conocer los objetivos principales que se desarrollarán “para rescatar, defender y revalorizar a los ejidos y comunidades agrarias de México”.
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