+ Se autorizó la reforma del Artículo 19 de la Carta Magna
Ciudad de México
28/11/2024
El Congreso capitalino, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, aprobó la minuta con proyecto de decreto que propone la reforma del párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.
Al razonar su voto, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) calificó esta reforma como regresiva, al ir en contra de los derechos humanos y porque sólo servirá para encarcelar opositores “y es de dictadores perseguir opositores”; además agregó que se excluyen delitos como la defraudación fiscal y el narcomenudeo que representa en la Ciudad de México el ciento por ciento de impunidad y aquí “el que la hace no la paga”.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) precisó que esta reforma representa una medida cautelar para evitar que los delincuentes evadan la justicia, con énfasis en delitos como el tráfico de fentanilo que afecta a la ciudadanía, pero sobre todo a las y los adolescentes mexicanos.
El diputado Omar Alejandro García Loria (PRI) manifestó el rechazo de su grupo parlamentario a esta iniciativa, al señalar que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos con el pretexto de combatir el crimen y éste no se resolverá, por el contrario, se afecta a quienes tienen menos recursos para defenderse. “Ninguna persona debería ser declarada como culpable antes que se demuestre su responsabilidad”, afirmó.
La congresista Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA) señaló que la minuta que hoy hace llegar el Senado es muestra del compromiso con la ciudadanía, argumentando que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento que permitirá que las investigaciones se puedan llevar a cabo sin violar los derechos humanos, asimismo indicó que su votó será en favor de dicha minuta, con lo cual se dará certeza y justicia a las familias que sufren día a día problemas de inseguridad.
La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) se manifestó en contra de esta medida, al argumentar que manda a más personas a la cárcel, incluso a quienes cometen delitos menores y sin investigarles, “como prisión automática”, y al profesionalizar delincuentes en prisión ayudaría a dar un ejército al narco.
En tanto, la congresista Erika Lizeth Rosales Medina (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) dijo que la prisión oficiosa responde a la necesidad de proteger a la sociedad frente a conductas delictivas que son el resultado de décadas de negligencia, y por ello el Estado no debe permanecer inmóvil. Expresó que la reforma no es un capricho, porque su propósito no es castigar arbitrariamente sino proteger a las víctimas, evitar la intimidación de testigos, prevenir la fuga de los responsables y asegurar que la justicia se cumpla.
En su turno, el diputado Royfid Torres González (MC) comentó que la cárcel sin juicio no es la respuesta y que debería promoverse la denuncia por parte de las víctimas ante la autoridad competente para hacer frente a la delincuencia. Señaló que la incapacidad del Estado para brindar soluciones contundentes costará la validez de los derechos humanos de las y los mexicanos.
El diputado Manuel Talayero Pariente (PVEM) defendió que se haya excluido la defraudación fiscal, porque incluirlos en la prisión preventiva oficiosa podría haber ocasionado un “golpe muy fuerte para el sector productivo del país”. Agregó que esta reforma permitirá dar un paso a un sistema de justicia más equilibrado, donde los verdaderos culpables serán encarcelados.
La diputada Claudia Susana Pérez Romero (PAN) llamó a alzar la voz en contra de una figura que “vulnera los derechos humanos fundamentales”, señaló que la prisión preventiva obligatoria revierte el principio de inocencia consagrado en la Constitución, asimismo indicó que la obligatoriedad de esta medida al ser aplicada sin análisis de las circunstancias individuales transgrede los principios de libertad.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) respaldó esta propuesta, ya que permite fortalecer la actividad del Estado contra la delincuencia, en particular contra el tráfico de fentanilo. Aseguró que no vulnera la presunción de inocencia, y se enfoca en combatir delitos graves y de alto impacto, al evitar que los imputados sigan sus actividades ilícitas durante el proceso judicial.
La diputada Rebeca Peralta León (PVEM) señaló que esta reforma es necesaria porque México enfrenta altos índices de violencia; porque la extorsión se ha incrementado afectando a las familias y a los sectores productivos del país. Este panorama exige una respuesta contundente del Estado y dijo que sólo se trata de una medida cautelar y no de una condena anticipada; el objetivo es evitar que los implicados cometan nuevos delitos.
La diputada Patricia Urriza Arellano (MC) afirmó que esta reforma no busca reducir la inseguridad o mejorar el acceso a la justica, sino que criminaliza a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para pagar el proceso penal que enfrentarían. Resaltó que su posición es reducir la prisión preventiva oficiosa hasta que esta sea eliminada de la legislación.
La diputada Brenda Ruiz Aguilar (MORENA) afirmó que esta medida permitirá enfrentar la capacidad económica y operativa del crimen organizado, además de garantizar un sistema justo y equitativo. Asimismo, señaló que la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva busca controlar la criminalidad, garantizar una investigación oportuna y efectiva, así como proteger el orden y la paz social.
El legislador Mario Enrique Sánchez Flores (PAN), señaló que la prisión preventiva es una medida cautelar que busca garantizar la presencia del imputado en el proceso penal y evitar que se fugue o entorpezca la investigación, sin embargo, indicó que en la práctica esta medida ha sido objeto de abusos y violaciones a derechos humanos, manifestó que con la aprobación de esta minuta se estarían incumpliendo sentencias y recomendaciones internacionales, y por último hizo hincapié en que dicha figura es indebida, exorbitada, injusta y costosa.
El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) señaló que esta reforma es crucial para fortalecer la justicia y la protección de las familias, como una respuesta a los delitos que más afectan a la sociedad y la calidad de vida, como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas, y permite salvar vidas y enfrentar delitos sistémicos.
La legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI) aseguró que la reforma no resolverá los problemas, “es una falacia”, porque el sistema penal será utilizado como un instrumento de venganza. Advirtió que México debe respetar la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero estos derechos le estorban al régimen y no faltará mucho tiempo por intentar desaparecerlos. La reforma sólo aleja de la justicia y “nos arrastra hacia la arbitrariedad”, porque sólo la utilizan como herramienta de sometimiento y abuso de poder.
El diputado César Emilio Guijosa Hernández (MORENA) afirmó que la medida cautelar puesta a consideración pretende evitar que el presunto delincuente se escape y cumpla con el proceso correspondiente, asimismo abona a defender a las víctimas, para asegurarles el acceso a la justicia y la verdad.
Al manifestar su rechazo a la reforma constitucional, la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) afirmó que esta minuta debilita el Estado de Derecho y atenta contra la integridad de las personas y sus garantías individuales. Cada vez más, agregó, México se aleja de “los tratados internacionales que hemos firmado, esos que ponen en el centro del derecho a las personas”.
La congresista Esther Silvia Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) celebró que los senadores y diputados federales reforzaran el marco legal, privilegiando con ello la seguridad. Asimismo, señaló que la presunción de inocencia es una medida para proteger la libertad individual, la cual es base fundamental del Estado, y que en este caso es necesario que el beneficio de la mayoría esté por encima del derecho individual, enfatizando así la necesidad de aplicar estas medidas legales.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) consideró que esta reforma viola un derecho básico y fundamental: la libertad, y permitirá encarcelar a destajo, sin juicio ni pruebas, por lo que viola la máxima de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Finalmente, para el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) este instrumento ayudará al pueblo de México y a las autoridades para atajar los fenómenos delictivos. Es “una herramienta necesaria para los agentes de la aplicación del derecho en todas sus vertientes”, para beneficio y tranquilidad de las familias.
En votación nominal del pleno del Congreso capitalino, se aprobó la minuta con 43 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.
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