+ Se castigará el delito de extorsión con una pena de hasta 15 años de presión y una multa de hasta 3 mil Unidades de Medidas y Actualización (UMA)
Ciudad de México
12/12/2024
Debido a que la extorsión se ha convertido en una epidemia que afecta a la economía, la seguridad y la vida de miles de familias en todo el país, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México afirmó que el combate a este delito en la capital del país, va en serio y dará tranquilidad a las familias que desean abrir un negocio.
El diputado Alberto Martínez Urincho mencionó que la iniciativa que adiciona el Capítulo VIII y el Capítulo IX, al Título Primero del Libro Segundo parte especial, así como el Artículo 148 Quáter y 148 Quinquies, se reforma el Artículo 253, Fracción III y se deroga el Artículo 209 Bis y 236, todos del Código Penal para el Distrito Federal, ayudará a combatir el delito de la extorsión y la cobranza forzada.
El también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dijo que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina va en serio en el combate de la corrupción y por ello agravó las penas también para los funcionarios públicos, sin importar del color que sean.
“Hemos observado que algunos actores de la derecha que han mencionado que se han mencionado que se están agravando las penalidades contra los servidores públicos y precisamente es para equilibrar, darle al ciudadano a la población ese instrumento”, mencionó.
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa que la aprobación de las reformas al Código Penal capitalino para combatir la extorsión, permitirá que las y los habitantes de la Ciudad de México puedan salir con tranquilidad a las calles y abrir sin temor sus comercios.
“Esta iniciativa tiene que ver con darle a la gente la posibilidad de vivir sin incertidumbre; sin temor a perder lo invertido o lo que es peor, perder hasta la vida. Esto tiene que ver también con una iniciativa que va a aplicar para los transportistas”, subrayó la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.
Resaltó que con el aval a la iniciativa enviada al Congreso local por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se creará una Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión y se pondrá en marcha la línea telefónica 55-5036-3301 para que la gente denuncie las extorsiones.
Explicó que las modificaciones al Código Penal permiten definir los delitos de extorsión, incluidos los llamados “montachoques”, y de cobranza ilegítima de deudas, conocida como “gota a gota”, los cuales se castigarán hasta con 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con el fin de evitar la libertad bajo fianza de los extorsionadores.
El diputado Paulo García González resaltó los elementos de la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno, el primero, dijo, la extorsión en la Ciudad de México se convierte en delito grave, lo que implica que quien recurra a esta práctica ilícita no puedan salir de la cárcel.
Además, que las autoridades podrán investigar la extorsión por oficio, ya que muchas víctimas tienen miedo a denunciar por miedo a represalias.
“Es una iniciativa que impulsa el desarrollo económico, ya que el comercio popular, las pequeñas y medianas empresas son el motor de esta Ciudad”, subrayó.
Por su parte la diputada Elizabeth Mateos comentó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian.
“La iniciativa de nuestra Jefa de Gobierno, fortalece el marco legal para sancionar la extorsión en todas sus formas, eliminando ambigüedades y garantizando protección efectiva a las víctimas”, subrayó.
Por último la diputada Martha Avila Ventura reiteró que aumentar las penas al delito de extorsión es impostergable y esta reforma incluye el acierto de que se dupliquen las sanciones cuando estén involucrados servidores públicos en funciones o ex servidores públicos.
“No es legítimo ni razonable oponerse a que así sea, porque quien está investido de poder público y de ejercicio de autoridad es quien, primero que nadie, está obligado a acatar la ley, a respetar los derechos humanos y, desde el servicio público, contribuir al bien común”, precisó.
Con la aprobación de 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la extorsión se castigará con una pena de hasta 15 años de presión y una multa de hasta 3 mil Unidades de Medidas y Actualización (UMA).
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