EN OPINIÓN
La ayuda del cártel en Veracruz y la justificación de la presidencia.
Lic. Moisés Torres Salmerón.
En el paisaje devastado que dejaron las lluvias en Veracruz, se ha levantado un nuevo escenario, tan perturbador como revelador: miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartiendo víveres y ayuda entre la población damnificada. Un video muestra a hombres encapuchados entregando despensas, mientras una voz asegura que es un “apoyo desinteresado”. La imagen, una muestra de relaciones públicas del crimen y un fracaso estruendoso para el Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado. Con un visible malestar, calificó el acto de “no está bien”. Afirmó que el gobierno está enterado y que, en “unas semanas más”, estará entregando la ayuda necesaria. La declaración oficial, aunque busca marcar una posición de principio, choca de frente con una realidad feroz e inmediata: para quien lo ha perdido todo, el hambre y la necesidad no entienden de plazos burocráticos ni de códigos morales.
El núcleo de este conflicto no es solo la ilegalidad de la fuente de la ayuda. Es la eficiencia perversa del crimen frente a la lentitud percibida del Estado. Mientras el gobierno moviliza sus protocolos, contrata proveedores y estructura un operativo que puede tardar semanas en materializarse, el cártel ya está en el terreno. Esta velocidad no es altruismo; es una inversión estratégica.
Cada despensa entregada, cada botella de agua, es una semilla de legitimidad. El mensaje, aunque tácito, es claro y devastador: “Nosotros estamos aquí cuando el gobierno no”. Esta narrativa socava la autoridad del Estado mexicano en sus cimientos más básicos: el contrato social que le otorga el monopolio de la fuerza y de la provisión de bienestar a cambio de seguridad y justicia. Cuando el Estado falla en este pacto, otros actores, por más siniestros que sean, llenan el vacío.
El enojo de la presidenta Sheinbaum es comprensible desde la lógica del poder estatal. La intrusión del cártel en una función inherentemente gubernamental es un desafío abierto a su autoridad. Sin embargo, la frase “para eso está el gobierno” resuena con una ironía amarga en oídos de quienes han visto durante décadas cómo la presencia estatal en muchas regiones es débil, intermitente o, en el peor de los casos, corrupta y coludida.
La promesa de ayuda “en unas semanas” puede sonar, en este contexto, como una desconexión de la urgencia que se vive en las calles anegadas y las casas destruidas. La ciudadanía, atrapada en esta encrucijada, se ve forzada a una elección: rechazar la ayuda inmediata por principios o aceptarla para sobrevivir, aun sabiendo que ese gesto “desinteresado” tendrá un costo futuro, ya sea en forma de silencio, lealtad forzada o miedo.
Lo que ocurre en Veracruz trasciende la entrega de cajas de comida. Es un episodio más en la batalla por la confianza pública, un recurso tan vital como el agua potable en una emergencia. El cártel no busca solo ganar popularidad; busca normalizar su presencia, enmarcarse como un actor más en la vida comunitaria, un “vecino” que ayuda en tiempos difíciles.
La respuesta del Estado no puede limitarse a la condena y a la promesa de una ayuda futura. Debe haber una revisión profunda de su capacidad de respuesta ante desastres. La velocidad y la eficiencia en la atención de emergencias no son sólo una cuestión logística; son un asunto de seguridad nacional. Cada minuto que el Estado tarda en llegar es un espacio que actores ilegales pueden—y están dispuestos a—ocupar.
Condenar la ayuda del crimen organizado es necesario, pero insuficiente. El verdadero reto para el gobierno de la Cuarta Transformación es demostrar con hechos que su capacidad de auxilio es no solo más legítima, sino también más rápida y efectiva que la del crimen. La población no debería tener que elegir entre la lealtad al Estado y la supervivencia inmediata.
La escena en Veracruz es un recordatorio crudo de que la gobernabilidad no se gana solo en las urnas, sino en el día a día, en la capacidad de proteger y servir a la ciudadanía en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Si el Estado no llega primero, otros lo harán, y el precio que la sociedad terminará pagando será infinitamente mayor que el costo de una despensa.
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