**Los padres buscan recuperar lo que gastaron en el desarrollo y formación de sus hijas, dice funcionario
Marcial Campuzano
16/10/2025
Chilpancingo, Gro.
El secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, reconoció que en distintas comunidades indígenas del estado aún persiste la práctica de la venta de mujeres, vinculada a los matrimonios forzados entre menores de edad, una costumbre que, aunque tiene raíces culturales, hoy constituye un delito.
El funcionario explicó que esta práctica consiste en la entrega de una dote o compensación económica a los padres de la menor, con el argumento de recuperar los gastos realizados en su crianza y educación. “Coloquialmente se le llama venta, pero se trata de una dote que, para algunos, representa una retribución, sin embargo, está penada por la ley”, señaló.
Bruno Arriaga aseguró que el gobierno del estado ha intensificado las acciones para erradicar esta forma de violencia, y que las comunidades han sido advertidas de que la venta o intercambio de niñas es constitutiva de delito.
Destacó el papel de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que a través de la Policía Comunitaria ha colaborado con la esa Secretaría en la prevención de matrimonios forzados y violaciones a los derechos de las niñas, que es contrario a lo que se dice, porque la comunitaria no avala estas prácticas y ayuda a combatirlas, afirmó.
El titular de la SDPIA explicó que la dependencia a su cargo aplica 3 programas prioritarios en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, enfocados en las áreas de cultura, bienestar y jurídica, siendo esta última la que atiende directamente los casos de violencia de género.
A través del área jurídica, se han realizado talleres y jornadas de sensibilización en municipios considerados de alto riesgo, como Xochistlahuaca, Tlapa, Iliatenco e Ixtecapa y San Luis Acatlán, entre otros. El objetivo, dijo, es “generar conciencia de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y merecen un trato digno”.
El funcionario reconoció que cambiar estas costumbres es un proceso largo y complejo, no se puede erradicar de un día para otro, lo importante es que la población entienda que las mujeres no son objetos de intercambio, sino sujetas de derechos, apuntó.
Bruno Arriaga subrayó que la Secretaría cuenta con una unidad de género que promueve capacitaciones internas y distribuye una cartilla de derechos de las mujeres, elaborada por el gobierno federal, para fomentar el conocimiento de las leyes que las protegen.
Al ser cuestionado sobre los montos que se llegan a solicitar como “dote”, el secretario reconoció que existen casos en los que se han pedido entre 150,000 y 200,000 pesos, aunque aclaró que estos episodios son cada vez menos frecuentes.
“Yo provengo de comunidad y conozco esa realidad. Antes se veía como algo normal, pero poco a poco se está entendiendo que ya no está permitido, hoy hay leyes claras que castigan estas conductas”, advirtió.
Cuando las autoridades comunitarias detectan un caso intervienen para frenar el acuerdo y evitar el daño a la menor, en coordinación con las instituciones estatales y federales, explicó.
El sistema comunitario también se transforma, en sus propios reglamentos ya establecen la prohibición de estas prácticas, afirmó el funcionario, quien destacó la disposición de la CRAC-PC para actuar conforme al marco legal.
Abel Bruno Arriaga sostuvo que el desafío es cultural y debe enfrentarse con respeto y diálogo, “debemos seguir construyendo políticas públicas que eliminen la discriminación y el racismo, y que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la diversidad cultural que caracteriza a Guerrero”, manifestó.
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