**Fue indebidamente homologada; en este mes la Suprema podría emitir resolución de impugnaciones
Marcial Campuzano
04/01/2026
Chilpancingo, Gro.
El exdiputado federal y exsecretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rubén Cayetano García, manifestó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidará la reforma judicial aprobada por el Congreso del estado de Guerrero, al considerar que no fue debidamente homologada con la reforma judicial federal.
El exlegislador explicó que dicha reforma local fue impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad, tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, hoy fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, debido a diversas irregularidades en su contenido y procedimiento.
Detalló que la CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad luego de que la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero se negara a hacerlo, mientras que, a nivel federal, la Consejería Jurídica también promovió una impugnación por considerar que el Congreso local incumplió el mandato constitucional de armonizar la reforma judicial.
Rubén Cayetano precisó que ambas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la Suprema Corte, acumuladas en un solo expediente y ya concluyeron todas las etapas procesales, incluyendo la solicitud de informes y la presentación de alegatos por las partes involucradas.
Indicó que el expediente se encuentra actualmente en estado de resolución. Se informó que el fallo correrá a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien elaborará el proyecto correspondiente, mismo que, confió, podría ser discutido y resuelto en el transcurso del mes de enero.
El exdiputado federal señaló que el fondo de la controversia radica en la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la reforma federal establece que quien obtenga el mayor número de votos en la elección debe asumir la presidencia de dichos órganos.
Sin embargo, denunció que el Congreso de Guerrero estableció un esquema en el que, aunque se elige por voto popular a los integrantes del pleno, posteriormente se permite que un grupo político decida quién presidirá los tribunales, lo cual, afirmó, contradice el espíritu democratizador de la reforma judicial federal.
Cayetano García sostuvo que esta decisión vulnera el fondo de la reforma constitucional y no constituye una verdadera armonización con la Constitución de la República, al permitir que persistan prácticas de control político sobre el Poder Judicial estatal.
Advirtió que, de mantenerse vigente la reforma local, se bloquearía el proceso de democratización del Poder Judicial en Guerrero, ya que se dejaría en manos de un “cacicazgo” la designación de las presidencias judiciales, en lugar de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
En relación con la elección judicial prevista para 2027, en la que se renovarán jueces y magistrados en Guerrero, el exlegislador llamó a mantenerse vigilantes para evitar cualquier intento de manipulación del proceso, especialmente en la integración de los órganos de evaluación y selección de candidaturas.
Recordó que, a nivel federal, estos procesos se llevaron a cabo mediante mecanismos de insaculación y evaluación técnica, experiencia en la que dijo haber participado directamente durante su desempeño en el Senado de la República, y que debe replicarse de manera legal y transparente en Guerrero.
Rubén Cayetano responsabilizó al conjunto de los legisladores locales, en especial al coordinador parlamentario y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García, y a integrantes del Tribunal Superior de Justicia, por impulsar una reforma “a modo” que, afirmó, busca mantener un Poder Judicial anquilosado y corrupto, “situación que será revertida cuando el pueblo elija directamente a sus autoridades judiciales en 2027”.
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