Advirtió que la falta de personal ha provocado la suspensión de cirugías y sobrecarga laboral, poniendo en riesgo la calidad de la atención a los derechohabientes.
Redacción…
16/02/2026
Acapulco, Gro.
Más de 30 trabajadores operativos del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE de Acapulco, pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la cancelación de sus plazas base, y la falta de pago de sus salarios desde septiembre por falta de presupuesto.
Lo anterior fue denunciado en conferencia de prensa por el vocero de los trabajadores a quienes les cancelaron sus plazas base, el médico especialista en anestesiología José Arturo Ávila Vega, quien explicó las presuntas anomalías en el proceso de asignación de plazas de base definitivas correspondiente al año 2025, y ante el nombramiento de la ex subdelegada médica del instituto en Guerrero, Edna Asuán Pichardo Aguirre, como nueva directora del hospital.
Detalló que las asignaciones quedaron documentadas en una minuta firmada los días 31 de julio y 1 de agosto de 2025 en las oficinas centrales en la Ciudad de México, donde se estableció que serían 262 plazas desiertas las cuales debían cubrirse en un plazo de dos semanas, con vigencia a partir del 1 de septiembre.
Comentó que los trabajadores fueron llamados a firmar la orden de presentación y el movimiento de alta conocido como FM1, documento que acredita una relación laboral válida y vigente con el instituto. Sin embargo, pese a haber asumido funciones y laborado en el hospital, denuncian que no han recibido pago alguno.
“Se nos informó de manera verbal sin que nos proporcionen un documento oficial que respalde lo dicho por la entonces coordinadora de recursos humanos, la cual también fue destituida por presuntas irregularidades administrativas, pues nos genera ironía que los que fuimos basificados y que nos presentábamos a laborar, no haya habido dinero para pagarnos, pero sí había para pagar interinatos a aviadores, a más de 150 aviadores que se encontraban en el proceso”, comentó.
Ávila Vega explicó que esta situación ha afectado gravemente a médicos especialistas, enfermeras, laboratoristas y personal administrativo que incluso renunciaron a empleos previos con base definitiva para integrarse al nuevo hospital. Entre las especialidades impactadas mencionó terapia intensiva, traumatología, anestesiología y ginecología.
Advirtió que la falta de personal ha provocado la suspensión de cirugías y sobrecarga laboral, poniendo en riesgo la calidad de la atención a los derechohabientes.
Los trabajadores hicieron un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, para que revisen el caso, ratifiquen las plazas asignadas conforme al proceso oficial de 2025 y liberen los recursos necesarios para cubrir los salarios devengados.
A nombre de sus compañeros dijo que de no tener una respuesta positiva por parte de las autoridades, acudirán a las instancias legales y jurisdiccionales competentes para la defensa de sus derechos, y pelea por sus salarios caídos, además de las plazas entregadas de forma legal.
Ávila Vega dijo que entre los especialistas médicos afectados están los de terapia intensiva, traumatólogos, anestesiólogos, enfermeras, especialistas químicos, y hacen falta farmacobiólogas, laboratoristas, auxiliares de enfermería, enfermeras generales, médicos internistas, de cirugía, y ginecólogos.
También pidió a las autoridades directivas de las oficinas centrales que valoren bien a quienes dan los nombramientos de directivos y que sean personas que conozcan de los procesos administrativos de la ley de responsabilidad administrativa del código de ética y de conducta.
El 31 de enero, en este mismo espacio se informó del cese de la coordinadora de Recursos Humanos del nosocomio, Citlali Yaret Téllez Castillo, así como del subdelegado administrativo, Jaime Enrique Gil Manjarrés Gil, y el subdirector administrativo del hospital, Javier Galeana Amaya, presuntamente por el financiamiento a la campaña de Yoshio Ávila, quien lo ha negado, además de presuntas irregularidades en contratación de personal, adquisiciones y el pago millonario de servicios.
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