No habrá paz en el campo si no se resuelven los conflictos agrarios: Florencio Salazar

**El ex secretario de la Reforma Agraria dijo que no se deben escatimar recursos para atender los problemas de tierras

 

 

Marcial Campuzano

04/03/2026

Chilpancingo, Gro.

 

 

El ex secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, afirmó que no se deben escatimar recursos para resolver los conflictos agrarios en Guerrero y en el país, ya que las disputas por la tierra derivan con frecuencia en enfrentamientos armados que terminan en muertes.

Señaló que existe amplia constancia de que los conflictos agrarios, cuando no son atendidos de manera institucional, escalan a escenarios de violencia entre campesinos, particularmente en comunidades marginadas e indígenas.

En ese contexto, advirtió que no habrá paz en el campo mexicano ni en Guerrero mientras los problemas de posesión y límites de tierras no se resuelvan por la vía legal y mediante la intervención oportuna del Estado.

Sus declaraciones se dieron tras el cierre y cambio de domicilio en Chilpancingo de oficinas de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, debido al no pago de renta.

El ex funcionario consideró que esta situación complica y encarece el acceso a la justicia agraria para ejidatarios y comuneros, quienes deberán trasladarse mayores distancias para realizar trámites o buscar mediación en sus conflictos.

Calificó la medida como un contrasentido frente al discurso oficial de apoyo a los sectores más pobres, al recordar que los campesinos, especialmente los indígenas, son quienes enfrentan mayores carencias y dependen de la acción institucional.

Subrayó que los conflictos agrarios suelen desarrollarse en núcleos lejanos, fuera del foco mediático y de la opinión pública, lo que genera la percepción de que el problema no existe, aunque en los hechos persiste y puede ser trágico.

Abandonar o debilitar las instituciones agrarias no es un asunto meramente administrativo, sino una decisión de política pública que deja sin respaldo jurídico a comunidades que requieren conciliación y resolución de controversias, indicó el ex funcionario federal.

Especialistas en la materia han señalado que en Guerrero existen al menos 50 conflictos de tierras que demandan atención inmediata para evitar enfrentamientos entre ejidatarios y comuneros en zonas de alta marginación.

El también ex diputado local y federal resaltó que el tema de la tierra es fundamental para la gobernabilidad, “olvidarlo es mantener la violencia entre los pueblos campesinos, entre los más pobres de Guerrero y del país”.

Dijo que cuando los campesinos no encuentran solución pacífica a sus problemas se enfrentan de manera violenta y los saldos de muerte son constantes.

“Esa es la cuestión, abandonar a las instituciones agrarias no es solamente una cuestión burocrática, es una política pública que deja en vilo a los que necesitan la acción de la justicia, por la vía de la concertación o de los tribunales, pero tiene que arreglarse y las instituciones como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, deben ser operativas en constante contacto con los campesinos y sobre todo a su servicio para resolver sus problemas”, agregó.

Salazar Adame recordó que durante el gobierno de Vicente Fox Quezada se impulsaron programas para atender focos rojos agrarios, logrando resolver la mayoría de los casos considerados prioritarios a nivel nacional.

Mencionó como ejemplo el conflicto en Montes Azules, donde se alcanzaron acuerdos que permitieron recuperar la reserva ecológica y reubicar comunidades indígenas en nuevos asentamientos.

Lamentó la desaparición de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria y sostuvo que debió transformarse en Secretaría de Desarrollo Rural orientada al desarrollo rural integral, con atribuciones reforzadas para atender de manera especializada los conflictos de tierra.

Florencio Salazar señaló que la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano concentra su atención en el ámbito urbano, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las instituciones agrarias y dotarlas de recursos suficientes para garantizar estabilidad y justicia en el campo.

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