Tumbando Caña
Le llueve sobre mojado a Otilia Hernández
Juan Antelmo García Castro
Aun cuando cínicamente considera peccata minuta las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la Cuenta Pública 2024, lo cierto es que Otilia Hernández Martínez, ex presidenta municipal de Chilpancingo, puede enfrentar procesos administrativos, sanciones legales e incluso judicialización, además de afectar su imagen pública y hasta futuras posibilidades electorales en Guerrero, ya que el monto señalado es considerable y con mayor riesgo de consecuencias penales, luego de descubrirse un probable daño a la Hacienda Pública por 255 millones de pesos en 160 obras sin documentación comprobatoria, que de ninguna manera es una falta pequeña o un error leve y este tipo de observaciones, por su magnitud, puede derivar en responsabilidad administrativa grave y en denuncias penales por presunto desvío de recursos…Es decir, tan espinoso caso la ASE puede consignarlo al Congreso local y al Tribunal de Justicia Administrativa, lo que abriría procesos sancionatorios, por lo tanto, si se comprueba daño patrimonial,
Otilia Hernández Martínez podría enfrentar inhabilitación para ocupar cargos públicos, multas e incluso procesos penales, tomando en cuenta que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero contempla las referidas sanciones…En esa ruta, con base al Artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Guerrero, se contemplan diversos tipos de sanciones según la falta administrativa. A saber: si éstas no son graves, las sanciones posibles son amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas…Pero, sin son faltas administrativas graves -cuando se trata de daño patrimonial significativo o desvío de recursos- las sanciones pueden incluir multas económicas proporcionales al daño causado; inhabilitación definitiva para ocupar cargos públicos; responsabilidad penal, con posibilidad de cárcel si se acredita peculado, desvío de recursos o enriquecimiento ilícito…También se considera responsabilidad política, entendiéndose que la Ley de Responsabilidades prevé que servidores públicos pueden enfrentar juicio político si se demuestra que las irregularidades afectan gravemente la administración pública o la confianza ciudadana…Por otra parte, subyacen las inevitables consecuencias político-electorales, con un tremendo impacto en imagen pública, ya que esos hechos afectan su credibilidad frente a la ciudadanía, debilitando su cada vez más decadente capital político, y si Otilia Hernández Martínez insiste en buscar la anhelada candidatura a Gobernadora de Guerrero (por Morena), enfrentará severos cuestionamientos ante la falta de transparencia en el manejo de recursos, amén de que si se judicializan las observaciones en su contra, esos señalamientos pueden ser utilizados por opositores como argumento de corrupción, mala gestión administrativa y carente de probidad y honradez…Para variar, en la mañanera de ayer martes una sagaz reportera preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su opinión en torno a los temerarios señalamientos que Otilia Hernández hace en un libro de su autoría, asegurando que la reunión “fortuita” de ella y su cónyuge con un presunto líder del crimen organizado fue organizado por sacerdotes de la iglesia católica, la mandataria mexicana de manera tajante respondió que “nadie está exento de la ley” y si alguien comete un delito, “se trate de quien se trate, deberá responder”, apostilló la presidenta de México, agregando que si en este caso (la reunión incómoda de Otilia Hernández), hubo una falta a la ley, tendría que levantarse una denuncia…Finalmente, en lo que a denuncias se refiere, vaya que seguirá lloviendo sobre mojado a la señora Hernández Martínez, pues me comentan compañeros periodistas que en días próximos se trasladarán a la Ciudad de México, a Palacio Nacional para ser más preciso, con la finalidad de entregar un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum en donde destacan la denuncia presentada en contra de la ex alcaldesa de Chilpancingo, por daño moral.
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