EN OPINIÓN
Democracia sin transparencia. La simulación de los partidos.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Resulta insostenible el discurso de los partidos políticos que, con insistencia, se autoproclaman defensores de la democracia, mientras incumplen obligaciones elementales de legalidad y transparencia.
La reciente evidencia de que las fuerzas políticas han desatendido el mandato del INE para publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia, no es un asunto menor ni una omisión técnica. Es, en esencia, una falta directa al orden constitucional.
El artículo 6° de la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano. Este principio no admite excepciones discrecionales, y menos aún cuando se trata de partidos políticos, quienes, conforme al artículo 41 constitucional, son entidades de interés público financiadas con recursos del erario.
La transparencia no es un acto voluntario ni una concesión política: es una obligación jurídica. Su incumplimiento no solo vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones y erosiona la legitimidad del sistema democrático.
Pero, ¿qué es exactamente lo que están dejando de cumplir los partidos políticos en Guerrero?
No se trata de una sola omisión, sino del incumplimiento de obligaciones concretas y verificables, entre las que destacan:
– La publicación del ejercicio y destino de los recursos públicos que reciben por financiamiento ordinario y actividades específicas.
– La difusión de los sueldos, prestaciones y remuneraciones de sus dirigencias estatales y municipales.
– La actualización de sus padrones de militantes, elemento clave para garantizar procesos internos democráticos.
– La transparencia sobre su estructura orgánica, incluyendo órganos de dirección y responsables de áreas.
– La publicación de contratos, convenios y adquisiciones, que permiten conocer cómo administran sus recursos.
– La integración y difusión del inventario de bienes muebles e inmuebles.
– La información relativa a sus informes financieros y gastos de campaña, indispensables para la fiscalización.
– Los mecanismos internos de toma de decisiones y procesos de selección de candidaturas.
Cada una de estas obligaciones no es optativa: deriva de la legislación en materia de transparencia y de las disposiciones que regulan a los partidos como sujetos obligados.
Lo verdaderamente preocupante no es la omisión aislada, sino su carácter generalizado. Cuando todos incumplen, la falta deja de ser excepción y se convierte en regla. En ese escenario, la democracia deja de ser un sistema de rendición de cuentas para convertirse en un ejercicio de simulación.
No puede haber congruencia entre el discurso y la práctica cuando quienes exigen el cumplimiento de la ley son los primeros en ignorarla.
La democracia no se defiende con declaraciones, sino con conductas sujetas al Estado de Derecho.
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