EN OPINIÓN
El juicio político a Maru Campos. Entre la soberanía y el despropósito jurídico.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La política mexicana ha entrado en una fase de «caza de brujas» institucional donde la soberanía nacional se utiliza como el garrote predilecto. El anuncio del Diputado Arturo Ávila, vocero de Morena, sobre impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la supuesta autorización de operativos de agencias estadounidenses en su territorio, es el último clavo en la cruz de una relación federación-estado que parece irreconciliable.
Sin embargo, detrás del estruendo mediático de Morena y el Partido del Trabajo, surge una realidad jurídica que los legisladores parecen ignorar deliberadamente o, peor aún, pretenden atropellar. La Cámara de Diputados federal no tiene la última palabra en el destino de un gobernador.
La narrativa oficialista sostiene que permitir la intervención de personal extranjero en tareas de seguridad es una falta gravísima que amerita la destitución. No obstante, la arquitectura de nuestro pacto federal protege la autonomía de los estados precisamente para evitar que una mayoría centralista borre de un plumazo a un gobernante local.
El Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es tajante al respecto. En su párrafo segundo, establece las reglas del juego para el juicio político contra funcionarios estatales:
«Las resoluciones de la Cámara de Senadores se comunicarán a la Legislatura Local respectiva, para que ésta, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda y en cumplimiento de la ley respecto de los gobernadores, diputados a las legislaturas locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.»*
En términos llanos: aunque la Cámara de Diputados federal actúe como órgano de acusación y el Senado emita una sentencia, la llave de la permanencia de Maru Campos no está en San Lázaro ni en el Paseo de la Reforma, sino en el Congreso de Chihuahua.
Al ser la Legislatura estatal quien ostenta la facultad soberana de decidir si se acata o no la resolución federal, la iniciativa de Morena en la Ciudad de México se revela como lo que realmente es: un acto de propaganda y presión política. Es un intento de juicio sumario ante la opinión pública, sabiendo de antemano que el camino legal está bloqueado por el propio diseño federalista de nuestra Carta Magna.
Para el bloque oficialista, el objetivo no es necesariamente ganar el juicio, sino sembrar la idea de que la oposición «entrega el país» a los intereses de Washington.
Se busca sacudirse la presión que la administración de Donald Trump ejerce sobre Palacio Nacional, redirigiendo el sentimiento nacionalista hacia los gobiernos estatales de oposición. Sin embargo, utilizar la Constitución como guión de teatro político es un juego peligroso.
La soberanía se defiende con instituciones que funcionen y con el respeto irrestricto a la ley, no con intentos de saltarse el pacto federal para castigar a los adversarios de turno.
Si el Congreso de Chihuahua es el único con la facultad real de resolver, lo que veremos en el centro del país no será justicia, sino un costoso y estéril espectáculo mediático.
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