Reiteró que el aplazamiento hasta 2028 sería benéfico solo si responde a un proceso auténtico de revisión y mejora institucional.
Marcial Campuzano
18/05/2026
Chilpancingo, Gro.
El presidente del Frente Nacional de Abogados Democráticos, Carlos Marx Barbosa Guzmán, afirmó que la eventual decisión de posponer hasta junio de 2028 la elección judicial federal de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación podría ser positiva únicamente si su propósito es corregir las deficiencias detectadas en el primer ejercicio de este tipo.
El abogado señaló que la propuesta atribuida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe analizarse con cautela, ya que advirtió que existe el riesgo de que la prórroga tenga fines políticos y no técnicos. “Si es para mejorar y depurar, sería beneficioso; pero si es para politizarlo o introducir perfiles no deseables, sería la parte mala”, sostuvo.
Barbosa Guzmán aseguró que durante la primera elección judicial federal se registraron múltiples irregularidades en la selección de perfiles, las cuales fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Según su versión, se promovieron candidaturas con inclinación oficialista a través de boletas de sugerencia de voto, conocidas coloquialmente como “acordeones”.
El dirigente criticó que no se verificaran de manera estricta los antecedentes penales ni la formación jurídica especializada de algunos aspirantes. Afirmó que incluso integrantes con supuesta carrera judicial presentan trayectorias académicas centradas en cursos administrativos o de habilidades generales, pero sin capacitación sólida en análisis lógico-jurídico, integración de la litis o estudio profundo de constancias procesales.
Indicó que, en su experiencia, algunos magistrados recién electos han enfrentado dificultades para desempeñar sus funciones, particularmente en materias distintas a su formación previa. Señaló que hay casos de resoluciones en asuntos laborales y civiles emitidas por perfiles con preparación predominantemente electoral o penal.
Asimismo, denunció que ciertos seleccionados habrían accedido a las candidaturas por vínculos políticos y no por mérito profesional. Afirmó que algunos incluso renunciaron al no poder sostener la carga de trabajo que implica el ejercicio jurisdiccional, lo que evidencia fallas estructurales en el modelo de elección implementado.
El presidente del Frente Nacional de Abogados Democráticos sostuvo que su organización no se opone a una reforma constitucional en materia judicial, pero sí a la forma en que fue aplicada. Propuso que colegios y barras de abogados, así como juristas con experiencia práctica comprobada, participen en la postulación y evaluación de aspirantes, con criterios técnicos y profesionales más estrictos.
También planteó que el universo de votantes en este tipo de procesos podría limitarse a profesionales del derecho y, de manera excepcional, a especialistas en áreas vinculadas como economía o contaduría, cuando las materias a resolver involucren análisis fiscales o financieros complejos.
Barbosa Guzmán expresó que hasta el momento no han sido convocados colegios, barras ni académicos independientes para formular propuestas que corrijan los vicios detectados. Consideró que cualquier aplazamiento debe ir acompañado de un proceso abierto, transparente y con participación real del sector jurídico.
Reiteró que el aplazamiento hasta 2028 sería benéfico solo si responde a un proceso auténtico de revisión y mejora institucional. “Si realmente se toman en cuenta las observaciones de quienes litigamos y estudiamos el derecho, sería de beneficio para la sociedad; pero si es una simulación, no resolverá los problemas de fondo”, concluyó.
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