Exigieron la aplicación del proceso de recategorizaciones 2025, el cual, señalaron, no se llevó a cabo, afectando las posibilidades de mejora salarial y de condiciones laborales para el personal administrativo.
Marcial Campuzano
19/05/2026
Chilpancingo, Gro.
Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero tomaron este martes las oficinas centrales de la institución, ubicadas en el encauzamiento del Río Huacapa, cerca de Galerías Chilpancingo, en protesta por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, asignación unilateral de plazas y adeudos pendientes.
La movilización fue encabezada por integrantes de la Sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), quienes cerraron el inmueble desde las 6 de la mañana sin que, hasta el momento de la protesta, acudiera alguna autoridad a establecer diálogo.
Yadira Orosco Zúñiga, secretaria general de la Sección 31, acusó a los directivos del COBACH de incurrir en constantes incumplimientos al contrato colectivo del cual el sindicato es titular, así como de romper acuerdos previamente establecidos con la representación sindical.
Entre las principales demandas se encuentra el pago de la compensación garantizada, prestación obtenida por la sección sindical que impacta directamente en el salario de trabajadores administrativos y docentes. Según la dirigente, el retroactivo correspondiente a febrero de 2025 no ha sido cubierto pese a múltiples fechas comprometidas.
Asimismo, exigieron la aplicación del proceso de recategorizaciones 2025, el cual, señalaron, no se llevó a cabo, afectando las posibilidades de mejora salarial y de condiciones laborales para el personal administrativo.
Otra de las inconformidades es el otorgamiento de plazas administrativas “de manera indiscriminada y unilateral”, sin respetar los procedimientos establecidos en el contrato colectivo, lo que, afirmaron, vulnera los derechos de trabajadores amparados por la Sección 31.
Los manifestantes también demandaron el pago de finiquitos institucionales y finiquitos SEFI para trabajadores jubilados que, aseguraron, llevan entre 2 y 5 años en espera de recibir esos recursos.
De acuerdo con Orosco Zúñiga, el contrato colectivo ampara a aproximadamente 1,300 trabajadores administrativos en el estado, de los cuales cerca de mil están afiliados a la Sección 31, lo que la convierte en la organización mayoritaria dentro del subsistema.
La dirigente indicó que hasta el momento no ha habido acercamiento por parte de la autoridad educativa y advirtió que, de no obtener respuesta, el movimiento podría ampliarse a otras regiones del estado.
Llamó a la base trabajadora a mantener la unidad y la confianza en la dirigencia sindical, asegurando que las acciones emprendidas buscan únicamente el respeto al contrato colectivo de trabajo y el cumplimiento de las prestaciones pendientes.
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