Respecto a Acapulco, explicó que la resolución de la Suprema Corte impidió a la ASE continuar con la auditoría de recursos federales del ramo 28 correspondientes a la cuenta pública 2023, por lo que esa revisión compete a la ASF.
Marcial Campuzano
28/10/2026
Chilpancingo, Gro.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó más de mil 800 observaciones administrativas y financieras en la cuenta pública 2024 del Poder Ejecutivo de Guerrero, las cuales deberán ser solventadas conforme a los procedimientos legales. Su titular, Marcos César Peralta Hidalgo, aclaró que no todas representan un probable daño al erario, pues algunas corresponden a deficiencias administrativas y de control interno.
Entrevistado en el Congreso local, después de entregar los informes de fiscalización superior y rendición de cuentas a la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la ASE, el funcionario explicó que las observaciones se encuentran en distintas etapas de revisión, por lo que todavía no es posible establecer cuántas permanecen pendientes ni cuál es el monto definitivo de los recursos involucrados.
Peralta Hidalgo señaló que, tras la entrega de los informes individuales, los entes fiscalizados disponen de 30 días para responder a las observaciones y presentar documentación que permita aclararlas. Si la información resulta insuficiente, el procedimiento contempla nuevas oportunidades y plazos legales para solventar las irregularidades detectadas.
Precisó que las observaciones pueden relacionarse con incumplimientos administrativos, fallas en los mecanismos de control interno, problemas en los procedimientos de contratación o deficiencias en el desempeño institucional. Como ejemplo, mencionó casos en los que no se invitó a tres proveedores o en los que una empresa contratada presentaba incumplimientos o sanciones fiscales.
El auditor estatal sostuvo que no sería correcto considerar automáticamente las más de mil 800 observaciones como desvíos de recursos públicos. Sin embargo, reconoció que algunas sí pueden tener implicaciones económicas y aseguró que los montos se darán a conocer cuando concluya la revisión y exista una determinación precisa sobre cada caso.
Explicó que las observaciones se clasifican por su relevancia. Las de menor gravedad pueden turnarse a los órganos internos de control para que determinen las medidas correctivas y las sanciones correspondientes, mientras que las consideradas relevantes pueden derivar en procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía, según la naturaleza de los hechos.
Sobre la fiscalización de recursos federales ejercidos por los ayuntamientos, informó que la ASE puede participar mediante convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero debe limitarse a los rubros y municipios que el órgano federal indique expresamente, a fin de evitar controversias jurídicas derivadas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario recordó que el 29 de junio se firmó un convenio marco de colaboración entre la ASF y las auditorías superiores estatales, y que el 23 de agosto comenzó la fiscalización de recursos federales en Guerrero. No obstante, explicó que, tras la resolución de la Corte sobre la controversia relacionada con la competencia para auditar recursos federales, la colaboración debe sujetarse a instrucciones específicas de la autoridad federal.
Indicó que actualmente se contempla la fiscalización coordinada de 57 ayuntamientos y que la ASF realiza directamente ocho auditorías en municipios de Guerrero, dos de ellas de carácter forense correspondientes a Acapulco y San Marcos, revisiones que pueden extenderse a ejercicios anteriores si durante la investigación se identifican hallazgos que justifiquen profundizar en el origen de las posibles anomalías.
Respecto a Acapulco, explicó que la resolución de la Suprema Corte impidió a la ASE continuar con la auditoría de recursos federales del ramo 28 correspondientes a la cuenta pública 2023, por lo que esa revisión compete a la ASF.
Aclaró que el órgano estatal sí puede fiscalizar los recursos propios del municipio y que la colaboración en materia federal debe realizarse conforme a los alcances autorizados.
Sobre los señalamientos de que no se habrían auditado la Universidad Autónoma de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, Peralta Hidalgo afirmó que la fiscalización se distribuye entre las autoridades federales y estatales para evitar duplicidades.
En relación a la emisión de cheques en el Congreso del estado no reconocidos por diputados que amparan cantidades diversas, el auditor informó que la ASE intervendrá cuando llegue el momento de revisar el ejercicio fiscal 2026, lo cual ocurrirá en 2027, y que por ahora el órgano interno de control del Poder Legislativo atiende ese asunto mientras que la Fiscalía General del Estado recibe las denuncias.
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