La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Redacción…
16/03/2026
Chilpancingo, Gro.
La diputada Claudia Sierra Pérez (Morena) presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el propósito de incorporar y reconocer la violencia contra la libertad reproductiva como una modalidad específica de violencia de género, fortaleciendo así la protección de los derechos de las mujeres y garantizando su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo y su función reproductiva.
Al exponer la propuesta, la legisladora señaló que la igualdad sustantiva no puede alcanzarse plenamente sin el reconocimiento efectivo del derecho de las mujeres a decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos, el acceso a métodos anticonceptivos o a servicios de reproducción asistida, así como el ejercicio de una maternidad segura cuando así lo determinen.
La iniciativa plantea definir la violencia contra la libertad reproductiva como toda acción u omisión que limite o impida a las mujeres decidir libremente sobre su función reproductiva. Esto incluye prácticas como la imposición de métodos anticonceptivos, la esterilización sin consentimiento informado, la negación injustificada de servicios de salud sexual y reproductiva o la obstaculización del acceso a procesos de inseminación artificial.
Asimismo, propone establecer parámetros claros que permitan a las autoridades prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia, además de fortalecer la capacitación del personal de salud y de las instituciones encargadas de atender a las víctimas, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Claudia Sierra destacó que reconocer jurídicamente esta modalidad de violencia permitirá visibilizar una problemática que afecta a numerosas mujeres, especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales o pertenecen a comunidades indígenas, donde las barreras para acceder a información y servicios de salud suelen ser mayores.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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