EN OPINIÓN
El Congreso de Guerrero frente al dolor indígena.
Lic. Moisés Torres Salmerón
En Guerrero, el desplazamiento forzado dejó de ser hace mucho una cifra fría o un concepto jurídico reservado para informes internacionales. Hoy tiene rostro, lengua, territorio y memoria. Son familias enteras abandonando sus hogares, niñas y niños huyendo de la violencia, comunidades indígenas obligadas a dejar atrás sus tierras por el avance del crimen organizado.
Y frente a ello, el Congreso del Estado de Guerrero guarda un silencio preocupante.
Los hechos recientes ocurridos en comunidades de la Montaña Baja no constituyen un episodio aislado. Son parte de una crisis humanitaria prolongada que durante años ha sido denunciada por organizaciones indígenas, defensores comunitarios y organismos de derechos humanos. Sin embargo, la respuesta institucional del Poder Legislativo ha sido prácticamente inexistente.
No hay pronunciamientos firmes.
No hay posicionamientos colectivos contundentes.
No hay comisiones especiales.
No hay comparecencias urgentes.
No hay agenda legislativa visible para atender el desplazamiento forzado interno.
La omisión resulta todavía más delicada cuando se observa el papel de quienes llegaron al Congreso bajo la bandera de la representación indígena.
Porque ser diputado indígena no puede reducirse a ocupar una curul mediante acciones afirmativas electorales. La representación implica voz, presencia y defensa política de los pueblos originarios cuando éstos enfrentan amenazas reales contra su vida, su territorio y su existencia colectiva.
¿Dónde están hoy esas voces?
Mientras comunidades indígenas son desplazadas por grupos criminales, el silencio legislativo parece convertirse en una forma de normalización institucional de la violencia. Y cuando quienes deberían representar políticamente a los pueblos indígenas callan frente al sufrimiento de sus propias comunidades, la representación pierde sentido ético y democrático.
El desplazamiento forzado no es solamente un problema de seguridad pública. Es una violación grave a los derechos humanos. Implica pérdida de vivienda, ruptura del tejido comunitario, afectación cultural, abandono escolar, pobreza extrema y destrucción de formas tradicionales de vida.
En el caso de los pueblos indígenas, el impacto es todavía más profundo, porque el territorio no es únicamente un espacio físico, es identidad, historia y continuidad comunitaria.
Por eso sorprende la pasividad de una legislatura que constantemente recurre al discurso de la inclusión, la justicia social y la defensa de los sectores históricamente excluidos, pero que permanece ausente cuando esos mismos sectores enfrentan desplazamiento, miedo y violencia.
El Congreso de Guerrero sí tiene facultades para actuar, puede llamar a comparecer autoridades de seguridad; puede integrar mesas especiales; puede emitir exhortos; puede impulsar una ley estatal sobre desplazamiento interno; puede exigir protección inmediata para las comunidades.
Pero para ello se necesita voluntad política.
La tragedia también revela una crisis de representación. Porque no basta con ocupar espacios de poder en nombre de los pueblos indígenas; es necesario ejercer esa representación con dignidad, valentía y compromiso.
El silencio institucional jamás será neutral. Cuando comunidades enteras son expulsadas de sus hogares y el poder legislativo calla, ese silencio termina favoreciendo a quienes imponen el miedo.
Y Guerrero no necesita representantes decorativos.
Necesita legisladores capaces de mirar de frente el dolor de su pueblo y asumir, con responsabilidad histórica, la defensa de quienes hoy sobreviven entre el abandono gubernamental y la violencia criminal.
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