CAJA DE RESONANCIA
El Congreso de Guerrero frente al espejo.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay silencios que son prudencia. Otros, en cambio, comienzan a parecer complicidad política.
Lo que ocurre en el Congreso de Guerrero exige respuestas. No porque ya exista una sentencia que determine responsabilidades, sino precisamente porque los señalamientos son lo suficientemente graves como para que nadie pueda darse el lujo de permanecer callado.
La información publicada sobre 49 cheques que presuntamente fueron cobrados durante 2026 a nombre de una diputada, por aproximadamente 15 millones de pesos, debería haber provocado una reacción inmediata de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. No ocurrió.
Más aún: la propia información periodística recoge el reconocimiento de diputados que, bajo reserva de su identidad, admiten la existencia de irregularidades y hablan incluso de otros casos que podrían elevar el monto involucrado a más de 100 millones de pesos.
Aquí aparece una paradoja difícil de explicar.
Hay diputados que aparentemente saben que existe un problema, pero no quieren que se conozcan sus nombres. Y hay bancadas que, hasta ahora, no parecen tener nada que decir públicamente sobre el asunto.
¿Desde cuándo un representante popular necesita hablar en anonimato sobre el manejo del dinero público de la institución que integra?
Si los señalamientos son falsos, que se demuestre con documentos. Si son verdaderos, que se investigue. Y si todavía no existe información suficiente, que se abra toda la información.
Lo que no puede ocurrir es que el silencio termine funcionando como mecanismo de protección institucional.
Los 15 millones de pesos señalados no son una cantidad trivial. El presupuesto propio del Congreso para 2026 ronda los 823.5 millones de pesos. Es decir, 15 millones equivaldrían aproximadamente al 1.8 por ciento de todo su presupuesto anual.
Pero la cifra verdaderamente inquietante es otra.
Un diputado que habló bajo reserva habría señalado que existen más de 100 millones de pesos cuyo destino se desconoce.
Si esa cantidad se confirma, equivaldría a más del 12 por ciento del presupuesto anual del Congreso.
¿Puede una institución pública perder la trazabilidad de una cantidad semejante sin que exista una explicación administrativa, financiera y política?
La respuesta debería ser evidente: no.
Y aquí conviene hacer una precisión fundamental. No se trata de declarar culpable a nadie. La presunción de inocencia es un principio constitucional y las responsabilidades penales corresponden a las autoridades competentes.
Pero la presunción de inocencia no puede convertirse en una excusa para no transparentar el ejercicio del presupuesto.
Una cosa es investigar si existió un delito y otra, perfectamente compatible con lo anterior, es exigir que cada peso público tenga una justificación documental.
Por eso, el Congreso debería publicar y entregar sin reservas la información que permita reconstruir las operaciones cuestionadas: número de cheque, fecha, monto, concepto, beneficiario, firma, autorización, registro contable, comprobación y, sobre todo, quién terminó cobrando los recursos.
Y si existieron seguros de vida para trabajadores, debe existir el contrato, la póliza, la aseguradora, las facturas, las transferencias y la relación de beneficiarios.
No hay misterio posible cuando existe contabilidad.
El verdadero problema comienza cuando los documentos no aparecen o cuando las distintas piezas de la información no coinciden.
Por eso resulta especialmente preocupante el silencio de las bancadas.
MORENA, PRI, PAN, PT, Verde, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas representadas en el Poder Legislativo deberían comprender que éste no es un asunto que pueda reducirse a una disputa entre grupos internos.
No se trata de defender al Congreso. Se trata de defender la confianza pública en el Congreso.
Y esa confianza no se recupera con comunicados políticos ni con declaraciones genéricas. Se recupera poniendo los documentos sobre la mesa.
Las bancadas tienen una oportunidad para demostrar que los intereses partidistas están por debajo del interés público.
Podrían solicitar una auditoría especial e independiente.
Podrían pedir a la Auditoría Superior del Estado que revise las operaciones.
Podrían exigir la comparecencia de los responsables administrativos.
Podrían solicitar a la Fiscalía información sobre el avance de la investigación, respetando naturalmente la secrecía de las indagatorias.
Podrían, incluso, constituir una comisión especial de seguimiento.
No necesitan esperar a que un juez determine responsabilidades para hacer su trabajo político.
Porque si hubo falsificación de firmas, alguien tuvo que elaborar los documentos.
Si hubo cheques, alguien tuvo que autorizarlos.
Si fueron cobrados, alguien tuvo que presentarlos al banco.
Si fueron registrados contablemente, alguien tuvo que incorporarlos al sistema financiero.
Y si nadie detectó las operaciones, entonces existe una pregunta todavía más grave:
¿Qué tan vulnerables son los controles internos del Congreso?
Esa pregunta trasciende a cualquier diputado.
Trasciende a cualquier bancada.
Trasciende incluso a la actual administración.
Estamos hablando de una institución que administra cientos de millones de pesos provenientes de los contribuyentes.
Por eso, si finalmente se demuestra que los 15 millones fueron producto de una operación fraudulenta, estaremos ante un escándalo serio.
Pero si además se acredita que existen otros 100 millones cuyo destino no puede ser explicado, estaríamos frente a algo mucho mayor: una crisis de control financiero y de responsabilidad institucional en el Poder Legislativo de Guerrero.
Y entonces el silencio de las bancadas dejaría de ser simplemente incómodo.
Se convertiría en una pregunta política inevitable:
¿Qué sabían, cuándo lo supieron y por qué no hablaron?
El Congreso está obligado a investigar internamente.
No se necesita una declaración espectacular.
Se necesita algo mucho más sencillo y mucho más difícil.
Que enseñen los documentos y expliquen dónde está cada peso.
Porque los 100 millones, si existen, no son de una bancada.
Los 15 millones, si fueron indebidamente sustraídos, no son de un diputado.
Son recursos públicos.
Y cuando se trata del dinero de los guerrerenses, el silencio nunca puede ser la última palabra.
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