CAJA DE RESONANCIA
El hospital de Arcelia, el quórum perdido y la disputa por el control del Congreso de Guerrero.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Lo sucedido este miércoles 4 de noviembre en el Congreso de Guerrero podría tener una explicación política que va más allá de una simple diferencia entre la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la Presidencia de la Mesa Directiva: la discusión de un exhorto para atender las carencias del Hospital de Arcelia.
La sesión ordinaria estaba convocada para las 11:00 horas. Sin embargo, después de realizarse dos pases de lista, únicamente se registró la presencia de 21 diputados, insuficientes para integrar el quórum legal de una Legislatura de 46 integrantes.
La bancada de Morena no acudió al Pleno. Sus integrantes se encontraban dentro del recinto legislativo, reunidos como grupo parlamentario. Pero la circunstancia más reveladora surgió de las declaraciones del diputado Bulmaro Torres Berrum: según su versión, se le habría solicitado retirar o aplazar la discusión de un exhorto relacionado con las condiciones del Hospital de Arcelia, pese a que la propuesta ya había sido aprobada en las comisiones de Salud y de Obras Públicas.
El legislador manifestó su desacuerdo con posponer un asunto que, aseguró, responde a una problemática real: deficiencias en el mantenimiento del inmueble y falta de medicamentos e insumos médicos.
Si esta versión se confirma, el episodio adquiere una dimensión mucho más delicada. Ya no estaríamos solamente frente a una diferencia de procedimiento parlamentario, sino ante el cuestionamiento de si los intereses políticos de una bancada terminaron obstaculizando la discusión de un asunto relacionado con el derecho a la salud de la población.
Hay que ser precisos: hasta ahora no existe prueba concluyente de que Morena haya acordado ausentarse deliberadamente para impedir la discusión del exhorto. Pero las declaraciones de Bulmaro Torres obligan a preguntar quién solicitó aplazarlo, con qué fundamento y por qué un asunto relacionado con la atención médica de la población tendría que quedar sujeto a negociaciones políticas.
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la protección de la salud. En ese contexto, los exhortos legislativos dirigidos a las autoridades sanitarias constituyen instrumentos de control, seguimiento y posicionamiento institucional que permiten visibilizar problemas y exigir respuestas públicas.
Es cierto que un exhorto no equivale a una orden judicial ni garantiza por sí mismo la solución de las carencias hospitalarias. Pero tampoco es un trámite irrelevante: representa la posibilidad de que el Poder Legislativo fije una posición institucional y reclame la atención de las autoridades competentes.
Y aquí aparece otra contradicción.
El presidente de la JUCOPO, Joaquín Badillo Escamilla, cuestionó que la presidenta de la Mesa Directiva, Erika Isabel Guillén Román, hubiera convocado unilateralmente a sesión ordinaria para el próximo martes 10 de noviembre, a las 11:00 horas.
Sin embargo, la discusión jurídica no se resuelve calificando de unilateral una determinación. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero establece expresamente que, cuando no pueda iniciarse una sesión por falta de quórum y se agote el procedimiento correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva disolverá la reunión y convocará para otra fecha.
La ley no establece que esa atribución requiera el visto bueno del presidente de la JUCOPO.
Por otra parte, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos conserva sus facultades de programación y organización de los trabajos parlamentarios, conforme a los artículos 55, 72 y 153 de la Ley Orgánica. La presidenta debe respetar los acuerdos correspondientes y el orden del día aprobado.
Pero no debe confundirse la coordinación legislativa con una relación de subordinación política. La Presidencia de la Mesa Directiva tiene atribuciones propias y debe ejercerlas conforme a la ley.
La pregunta, entonces, es inevitable: si la sesión estaba debidamente convocada y la falta de quórum impidió su instalación, ¿por qué se pretende convertir en una irregularidad la decisión de convocar nuevamente, cuando el artículo 56 contempla expresamente esa facultad?
Hay otro asunto que tampoco debe quedar en el olvido: la responsabilidad de los diputados ausentes.
Los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica regulan el registro de asistencia, la integración del quórum y las consecuencias de no concurrir al Pleno. Los artículos 65 y siguientes establecen el procedimiento de justificación de las inasistencias.
Si los diputados de Morena fueron debidamente convocados y decidieron no presentarse, corresponde revisar sus registros y determinar individualmente si existe alguna justificación legal. Estar dentro del recinto legislativo, pero fuera del salón de sesiones, no equivale a cumplir con la obligación de asistir al Pleno.
El Congreso no puede convertirse en rehén de las diferencias internas de los partidos ni de las negociaciones de sus coordinadores parlamentarios.
Y si el motivo de la ausencia fue realmente evitar que se discutiera el exhorto sobre el Hospital de Arcelia, la explicación que se debe a los ciudadanos es todavía mayor.
Porque mientras los diputados discuten quién tiene la facultad de convocar, hay una población que necesita medicamentos, insumos, instalaciones dignas y servicios médicos oportunos.
La política puede esperar sus acuerdos; la atención de la salud no debería quedar atrapada en ellos.
El próximo martes 10 de noviembre habrá una nueva oportunidad para que el Congreso haga lo que constitucional y legalmente le corresponde: sesionar, debatir y asumir públicamente sus responsabilidades.
La verdadera pregunta no es quién ganó la disputa entre la JUCOPO y la Mesa Directiva. La pregunta es si los intereses políticos terminaron pesando más que la obligación de discutir las necesidades de los guerrerenses. Y, particularmente, si la ciudadanía que recibe atención médica en el Hospital de Arcelia tuvo que pagar el costo de una confrontación parlamentaria.
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