Caminos del sur
El poder cobra facturas: exgobernadores, cárcel y revancha política
Manuel Nava
En la Región Pacífico Sur la lucha por el poder no es una coyuntura electoral: es una constante histórica. Las elecciones constituyen el mecanismo institucional para disputar y legitimar el control político, pero difícilmente representan el final de la confrontación. Detrás de cada alternancia sobreviven grupos, cacicazgos, redes económicas, intereses familiares y estructuras burocráticas que buscan conservar posiciones o recuperar espacios perdidos.
Por ello, en esta región la política suele tener una característica peculiar: el adversario electoral no necesariamente deja de ser adversario cuando termina la elección.
La persecución política, las investigaciones administrativas, las denuncias penales y, en algunos casos, el encarcelamiento de antiguos gobernantes forman parte de una historia recurrente en la que resulta difícil separar completamente la rendición de cuentas de la disputa por el poder.
Esto no significa que todas las acusaciones sean falsas ni que toda acción judicial sea una venganza política. Significa algo más complejo: la justicia puede ser legítima y, al mismo tiempo, estar inmersa en una lucha política por el control de las instituciones.
El caso de Chiapas constituye uno de los antecedentes más claros. Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador entre 2000 y 2006, fue detenido en junio de 2011 y enfrentó procesos por presuntos delitos relacionados con corrupción y manejo irregular de recursos públicos. En junio de ese año un juez dictó auto de formal prisión por acusaciones que incluían peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Permaneció aproximadamente 17 meses en prisión y recuperó su libertad en noviembre de 2012, después de que un tribunal federal dejara sin efecto el último proceso que lo mantenía preso.
El episodio dejó una pregunta política que trasciende el expediente judicial: ¿hasta dónde llegó la rendición de cuentas y dónde comenzó la revancha entre grupos políticos?
Salazar había llegado al poder como candidato de una amplia coalición opositora y durante su administración rompió con importantes grupos de poder locales. Su encarcelamiento ocurrió durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, antiguo aliado político convertido posteriormente en adversario.
El caso ilustra una característica recurrente de la política chiapaneca: los conflictos políticos no necesariamente desaparecen con la transmisión del poder; pueden convertirse en expedientes, auditorías y procesos judiciales.
En Guerrero, la relación entre poder, violencia y justicia es todavía más compleja. Mucho antes de que un exgobernador llegara a prisión, otros mandatarios fueron obligados a abandonar el poder por crisis políticas, represión o violencia.
El general Raúl Caballero Aburto, gobernador entre 1957 y 1961, enfrentó acusaciones de corrupción, represión y violaciones constitucionales. La crisis política derivó en la desaparición de poderes y en su destitución en enero de 1961. No terminó en prisión.
Décadas después, Rubén Figueroa Figueroa, gobernador entre 1975 y 1981, quedó asociado a uno de los episodios más oscuros de la Guerra Sucia en Guerrero. Su administración emprendió una estrategia de persecución contra la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas. A pesar de la gravedad de los hechos, Figueroa terminó su mandato sin enfrentar un proceso penal por esa política represiva.
El patrón volvió a repetirse con Rubén Figueroa Alcocer. La masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, dejó 17 campesinos asesinados por policías estatales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó posteriormente que existió una violación grave de garantías individuales y señaló como responsables, entre otros funcionarios, al gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
La presión política y social terminó obligándolo a solicitar licencia definitiva en 1996. Pero tampoco pisó la cárcel.
El caso Aguirre cambia el escenario. Su detención modifica sustancialmente este patrón histórico.
El exgobernador fue detenido el 6 de agosto de 2026 por la Fiscalía General de la República, acusado de delitos relacionados con el ocultamiento de evidencia en el caso Ayotzinapa, entre ellos obstrucción de la justicia y desaparición forzada, según la acusación de la FGR.
Su detención ocurre casi doce años después de la desaparición de los 43 normalistas y reabre una discusión que rebasa el expediente penal: ¿se trata exclusivamente de justicia tardía o también de una nueva batalla por el control político de Guerrero?
La pregunta adquiere mayor relevancia porque Aguirre conserva influencia política y el estado se aproxima al proceso electoral de 2027. La propia cobertura de su detención ha señalado que el episodio tiene una dimensión política adicional por las redes y grupos que todavía gravitan alrededor del exmandatario.
No corresponde afirmar que su detención sea una venganza política sin pruebas. Pero tampoco resulta políticamente ingenuo ignorar el contexto.
En Guerrero, la justicia llega a un antiguo gobernador en el mismo momento en que las élites locales vuelven a reorganizarse para la próxima disputa por el poder.
Michoacán ofrece otro ejemplo significativo. Jesús Reyna García fue gobernador interino entre abril y octubre de 2013. En abril de 2014 fue detenido después de la difusión de videos en los que aparecía junto a Servando Gómez Martínez, «La Tuta», entonces líder de Los Caballeros Templarios. La PGR lo acusó de delincuencia organizada y de vínculos con el grupo criminal.
Reyna permaneció aproximadamente cuatro años en prisión y fue liberado en diciembre de 2018, después de que la PGR retirara las acusaciones principales.
El episodio resulta particularmente relevante porque ocurrió durante la intervención federal en Michoacán encabezada por Alfredo Castillo, en un contexto de guerra contra los grupos criminales y profunda crisis institucional.
La pregunta política vuelve a aparecer: ¿Dónde termina la lucha contra la infiltración criminal y dónde comienza la utilización del aparato de seguridad y justicia para modificar el equilibrio político local?
Oaxaca representa una diferencia importante dentro de la región.
Hasta ahora, ningún exgobernador constitucional del estado ha terminado en prisión por delitos cometidos durante su administración.
Pero ausencia de cárcel no significa ausencia de conflicto político.
Los exgobernadores oaxaqueños han enfrentado acusaciones, investigaciones, señalamientos por corrupción y cuestionamientos por violaciones a derechos humanos.
En el Pacífico Sur, la cárcel de un exgobernador no siempre representa únicamente el resultado de una investigación penal; en determinados casos puede constituir también el último capítulo de una batalla política que comenzó mucho antes de que se integrara la carpeta de investigación.
Es falso que la rabia se acabe cuando el mure el perro, diría la abuela.
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