CAJA DE RESONANCIA
El proceso interno de Morena deja más dudas que respuestas.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Morena ya dio a conocer los resultados de las encuestas mediante las cuales definió a quienes serán sus coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones de 2027.
La dirigencia nacional presentó el ejercicio como un acto de transparencia. Informó que en 16 entidades se recurrió a encuestas y que, en cada estado, se realizaron aproximadamente mil 500 entrevistas en vivienda, además de ejercicios espejo con distintas casas encuestadoras para contrastar los resultados.
Es un dato importante.
Pero no responde todas las preguntas.
Y particularmente en Guerrero queda pendiente una cuestión de mayor profundidad: ¿se cumplió integralmente la ruta que la propia convocatoria estableció antes de llegar a la encuesta?
Porque una encuesta no existe jurídicamente en el vacío.
Es el resultado de una cadena de decisiones anteriores.
La Comisión Nacional de Elecciones debía validar los registros, verificar los requisitos documentales y de elegibilidad y revisar las solicitudes. Pero la Base Sexta fue más allá: estableció la valoración y calificación integral de los perfiles registrados, considerando elementos como trayectoria política y social, antecedentes, reconocimiento territorial, atributos éticos, afinidad con los principios y valores del movimiento, documentación presentada y participación en actividades de formación política de Morena. La propia convocatoria facultó a la Comisión para requerir información adicional para esa valoración integral.
Después aparecía la posibilidad de un sondeo cuando existiera un número elevado de registros, con el propósito de identificar hasta seis perfiles con mayor reconocimiento territorial.
Y posteriormente, cuando fueran aprobados hasta seis registros, éstos serían sometidos a una encuesta o estudio de opinión, con la posibilidad de realizar encuestas espejo. La convocatoria estableció además que la metodología y los resultados de las encuestas debían hacerse del conocimiento de los participantes cuyo registro hubiera sido aprobado, en versión pública, para garantizar el derecho a la información.
Es decir, el procedimiento no comenzaba con las 1,500 entrevistas.
Comenzaba mucho antes.
La información dada a conocer recientemente por Morena permite conocer mejor la parte final. Sabemos que hubo encuestas en vivienda, aproximadamente 1,500 entrevistas por entidad y ejercicios espejo. También se ha informado que previamente se utilizaron sondeos telefónicos en aquellos estados donde había un número elevado de aspirantes.
Pero hay una pregunta que permanece:
¿Dónde está documentada la valoración y calificación integral de los perfiles que ordenó la Base Sexta?
No se trata de afirmar, sin prueba, que esa valoración no existió.
Se trata de algo mucho más elemental: si existió, debe poder demostrarse.
Porque validar un registro no es lo mismo que valorar integralmente un perfil.
Que una persona haya cumplido los requisitos documentales para participar tampoco significa necesariamente que la Comisión haya realizado la valoración cualitativa que la propia convocatoria ordenó.
Y un sondeo telefónico tampoco puede presumirse automáticamente equivalente a esa valoración integral.
El sondeo puede tener una función específica dentro del procedimiento: identificar reconocimiento territorial.
La valoración integral tenía un objeto mucho más amplio.
Confundir ambas etapas sería precisamente el tipo de confusión que una organización política debe evitar cuando ha establecido reglas previamente.
Los aspirantes no solamente proporcionaron un nombre.
La convocatoria pidió información sobre trayectoria, experiencia, atributos ético-políticos, antigüedad en las causas sociales y otros elementos relacionados con su participación en el movimiento. La Comisión incluso podía solicitar documentación adicional para realizar la valoración integral.
Entonces resulta legítimo preguntar:
¿Quién valoró esa información?
¿Cuándo lo hizo?
¿Con qué metodología?
¿Existió una matriz de evaluación?
¿Hubo criterios de ponderación?
¿Se levantaron cédulas, dictámenes, actas o acuerdos?
¿Qué perfiles fueron considerados procedentes?
¿Quiénes quedaron fuera?
¿Con qué razones?
Y, sobre todo:
¿Cómo se relacionó esa valoración con el sondeo que posteriormente determinó qué perfiles llegarían a la encuesta?
No son preguntas contra Morena.
Son preguntas sobre el cumplimiento de su propia convocatoria.
La transparencia no puede comenzar en el último paso
Publicar los resultados de una encuesta constituye una forma de transparencia.
Pero la transparencia de un procedimiento complejo no puede limitarse a su última etapa.
Supongamos que mañana se publica con absoluta claridad que en Guerrero se realizaron 1,500 entrevistas, que la muestra fue técnicamente representativa, que hubo supervisión, georreferenciación y ejercicios espejo.
Todo ello sería relevante.
Pero todavía quedaría una pregunta anterior:
¿Por qué fueron esas personas las que llegaron a la encuesta?
Porque la ciudadanía no solamente tiene interés en conocer quién obtuvo el mayor porcentaje.
También tiene derecho a conocer cómo se construyó el universo sobre el cual se realizó la medición.
Y los participantes tienen, además, un interés directo en conocer las decisiones que determinaron su permanencia o exclusión de las distintas etapas.
La propia convocatoria reconoce expresamente el derecho a la información de los participantes.
La certeza no se construye con declaraciones
En cualquier procedimiento democrático, la certeza no depende exclusivamente de que la autoridad diga que actuó correctamente.
Depende de que pueda demostrarlo.
Por eso sería insuficiente responder a las dudas diciendo simplemente:
«El proceso fue transparente.»
La verdadera respuesta tendría que ser documental.
Mostrar los registros.
Mostrar su validación.
Mostrar la valoración integral.
Mostrar los criterios utilizados.
Mostrar, cuando corresponda, el sondeo.
Mostrar cómo se determinó el universo que llegó a la encuesta.
Mostrar la metodología.
Mostrar los resultados.
Y explicar la conexión entre cada una de esas etapas.
Esa es la diferencia entre afirmar la regularidad de un procedimiento y acreditar su regularidad.
La encuesta tampoco debe convertirse en una especie de absolución retrospectiva
Existe otro riesgo.
Que el resultado final termine utilizándose para cerrar cualquier discusión sobre las etapas anteriores.
Pero una encuesta exitosa no convierte automáticamente en regulares todas las decisiones que la precedieron.
Si la convocatoria estableció una determinada secuencia, cada etapa debe analizarse conforme a sus propias reglas.
La legitimidad de la última decisión depende también de la confianza en las decisiones que condujeron hasta ella.
Por eso, la pregunta no debe ser únicamente:
¿Quién ganó la encuesta?
Debe ser también:
¿Quiénes llegaron a la encuesta, por qué llegaron y conforme a qué reglas fueron seleccionados?
El derecho a la información en los procesos partidistas no debería entenderse como una concesión a quien presenta una impugnación.
También interesa a los militantes.
Interesa a los participantes.
Interesa a los simpatizantes.
Y, en una democracia constitucional, interesa a los ciudadanos que habrán de recibir las decisiones políticas de quienes resulten postulados posteriormente.
Por eso la transparencia no debería aparecer únicamente cuando existe una controversia.
Debería formar parte natural de la conducción del procedimiento.
La discusión no necesita partir de la conclusión de que Morena incumplió la convocatoria.
Tampoco necesita partir de la conclusión contraria.
Lo que necesita es algo más sencillo y jurídicamente más serio:
las constancias que permitan saberlo.
Si la Comisión Nacional de Elecciones realizó la valoración integral prevista en la Base Sexta, debe existir alguna forma documental de acreditarlo.
Si esa valoración se realizó antes de la integración del universo que pasó a las etapas demoscópicas, debe poder establecerse esa relación.
Si el sondeo telefónico tuvo como finalidad identificar reconocimiento territorial, debe conocerse la metodología que permitió hacerlo.
Y si finalmente la encuesta de aproximadamente 1,500 entrevistas fue levantada conforme a la metodología anunciada, sus resultados podrán ser analizados dentro de ese contexto.
Así se construye certeza.
No ocultando las preguntas.
Respondiéndolas.
Morena tiene ahora una oportunidad importante.
No solamente demostrar quién ganó una encuesta, sino demostrar que las reglas que escribió para conducir el proceso fueron las mismas reglas que aplicó al conducirlo.
Porque si las reglas son obligatorias para los participantes, también deben serlo para los órganos encargados de aplicarlas.
Y porque la legitimidad de una decisión política no depende únicamente del resultado que aparece al final de una tabla.
Depende también de la confianza que exista en el camino que condujo hasta ella.
La encuesta puede decir quién quedó primero.
La transparencia debe permitir saber cómo llegó hasta ahí.
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