EL COMENTARIO
IEPC: el árbitro que se hizo de la vista gorda
de Marcial Campuzano
El proceso electoral de Guerrero arranca formalmente este lunes, pero sería una ingenuidad sostener que la competencia apenas comienza. La carrera por la gubernatura lleva meses en las calles, en las bardas, en los eventos y en las redes sociales, mientras el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se limitaba, según sus críticos, a observar cómo los aspirantes ganaban terreno antes de que sonara el silbatazo oficial. Ese es el pecado original con el que llega el IEPC al proceso: haber permitido que la contienda política se adelantara mientras la autoridad parecía atrapada entre la burocracia, los vacíos legales y los expedientes.
Las denuncias no fueron pocas ni provinieron de un solo frente. El vocero del PAN en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, acusó reiteradamente a actores políticos de realizar proselitismo adelantado y cuestionó el despliegue de promoción rumbo a 2027. Desde el PRI, su dirigente estatal Alejandro Bravo también denunció campañas anticipadas, movilización de simpatizantes y el uso de recursos que, desde su perspectiva, debían ser investigados. Y Movimiento Ciudadano a través de la diputada Érika Lührs Cortés puso el tema sobre la mesa con denuncias de bardas, publicidad y actividades de posicionamiento. Tres partidos, tres trincheras y una misma queja: alguien estaba haciendo campaña antes de tiempo y el árbitro no parecía tener prisa por detenerlo.
El argumento del IEPC ha sido que no toda actividad política previa al inicio formal del proceso constituye automáticamente un acto anticipado de campaña y que existen límites jurídicos para intervenir. Nadie discute que la autoridad debe actuar conforme a derecho. Pero esa explicación tiene una enorme debilidad política: una cosa es no poder sancionar y otra muy distinta es no prevenir, no investigar con oportunidad o dejar que la práctica se normalice. Si había dudas jurídicas, el instituto tenía la obligación de documentar, certificar y llevar hasta sus últimas consecuencias las conductas que pudieran vulnerar la equidad. No podía simplemente esperar a que septiembre llegara para descubrir que la campaña ya llevaba meses de ventaja.
Y aquí aparece la pregunta que más incomoda: ¿para qué sirve un árbitro electoral si solamente interviene cuando la falta ya produjo sus efectos políticos? Una barda pintada puede ser borrada; una lona puede retirarse; un evento puede terminar. Pero la exposición pública permanece. El nombre queda instalado. La fotografía circula. La estructura se moviliza. El aspirante gana reconocimiento. La ventaja política, una vez construida, no desaparece porque después llegue una investigación administrativa. Por eso las reglas sobre actos anticipados existen: para impedir que unos compitan con meses de exposición mientras otros esperan el momento legal para salir a buscar votos.
El problema se vuelve todavía más serio cuando las acusaciones incluyen gastos presuntamente dispendiosos y movilización de simpatizantes. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han reclamado que se investigue de dónde salen los recursos para determinadas actividades y quién financia la promoción de quienes ya se mueven como aspirantes.
El IEPC puede responder que ciertas facultades corresponden al INE o que las sanciones finales dependen de los tribunales. Correcto, pero eso no convierte al Instituto local en espectador, su obligación es hacer lo que legalmente le corresponde y hacerlo a tiempo, lo contrario alimenta la sospecha de que en Guerrero las reglas electorales tienen una velocidad para los partidos de oposición y otra para quienes están cerca del poder.
La ironía es que, ahora sí, con el proceso formalmente iniciado, comenzarán las advertencias, los lineamientos, los controles y las exigencias para que todos respeten los tiempos, ahora sí habrá cancha marcada, ahora sí habrá árbitro, ahora sí habrá faltas que podrán ser señaladas. Pero los ciudadanos tienen derecho a preguntar qué ocurrió con la cancha de los meses anteriores, porque si alguien aprovechó ese periodo para construir una candidatura de facto, la elección no empieza en igualdad de condiciones, y una elección puede cumplir impecablemente con el calendario y, aun así, cargar desde el principio con una inequidad política difícil de corregir.
El IEPC tiene ahora la oportunidad de demostrar que las críticas fueron injustas. No necesita discursos: necesita resultados, que informe cuántas denuncias recibió, cuántas certificaciones realizó, cuántos procedimientos abrió, qué conductas investigó, qué expedientes remitió y cuáles fueron las determinaciones de las autoridades competentes.
Transparencia, nombres de los procedimientos y resultados. Eso es lo que puede disipar la percepción de omisión, porque mientras los expedientes permanezcan en el terreno de la burocracia y las campañas anticipadas en el terreno de los hechos consumados, la ciudadanía seguirá viendo a un Instituto Electoral que llega tarde a una carrera que otros comenzaron temprano.
Hoy Guerrero entra oficialmente a la disputa por la gubernatura, el Congreso y los ayuntamientos. El IEPC tiene frente a sí mucho más que un calendario electoral: tiene que demostrar que puede ser árbitro y no simple espectador de la política. Las denuncias de Eloy Salmerón, las inconformidades del PRI y los reclamos de Movimiento Ciudadano forman parte de un expediente político que la autoridad no puede esconder debajo de la alfombra.
Nadie pide que se sancione a un partido por el simple hecho de ser denunciado; se exige que las reglas se apliquen a todos por igual. Porque si el árbitro vio las faltas, las documentó y aun así dejó correr el partido, tendrá que explicar por qué, y en democracia, un árbitro que deja correr demasiadas faltas termina perdiendo algo más que autoridad: pierde credibilidad.
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