CAJA DE RESONANCIA
La JUCOPO responde, pero no aclara. la transparencia no se declara, se demuestra
Lic. Moisés Torres Salmerón
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Guerrero emitió un pronunciamiento para rechazar la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre los ingresos de las diputadas y los diputados, así como los recursos destinados a gestoría social y trabajo legislativo.
Su respuesta es categórica: afirma que el sueldo neto de cada legislador es de 40 mil pesos mensuales, califica de apócrifos los documentos difundidos y sostiene que los recursos adicionales no constituyen remuneraciones ni beneficios personales, sino fondos institucionales sujetos a fiscalización.
Sin embargo, el comunicado deja más preguntas que respuestas.
Primero: calificar un documento de apócrifo no significa demostrar que sus cifras sean falsas.
La autenticidad documental y la veracidad de la información son cuestiones jurídicamente distintas. Si el documento no fue expedido por una autoridad competente o fue alterado, corresponde demostrarlo. Pero también debe aclararse si las cantidades que contiene coinciden o no con los registros presupuestarios y contables del Congreso.
No basta con descalificar el documento; hay que confrontar sus cifras con la información oficial.
Segundo: los 40 mil pesos netos no explican la totalidad de los recursos públicos asignados a los legisladores.
El artículo 127 constitucional regula las remuneraciones de los servidores públicos y comprende distintos conceptos, no solamente el dinero depositado después de las retenciones fiscales.
Además, la propia JUCOPO reconoce la existencia de recursos adicionales para gestoría social, trabajo técnico legislativo y atención comunitaria.
Por tanto, la discusión no consiste únicamente en cuánto gana cada diputado, sino también en cuánto dinero público recibe o tiene asignado, bajo qué fundamento jurídico y cómo comprueba su utilización.
Tercero: la gestoría social no constituye una excepción al régimen de fiscalización.
Que esos recursos no sean salario puede ser jurídicamente correcto, pero no los exime de las obligaciones de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
El artículo 134 constitucional exige administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
La JUCOPO debería precisar quién administra esos fondos, cuáles son los criterios de asignación, qué cantidades recibe cada legislador, cuánto se ha comprobado y cuánto permanece pendiente.
El artículo 83 de la Ley 207 de Transparencia de Guerrero contempla obligaciones específicas de publicidad sobre el ejercicio presupuestal y el destino de los recursos financieros del Poder Legislativo, incluidos los correspondientes a cada diputado.
Cuarto: existe una cuestión formal que tampoco puede ignorarse.
En la versión del pronunciamiento que circula públicamente aparecen los nombres y cargos de los integrantes de la JUCOPO, pero no sus firmas autógrafas o electrónicas.
¿Cómo saber si efectivamente autorizaron su contenido? ¿Existe un acta de aprobación? ¿Se adoptó por consenso o mediante voto ponderado? ¿Quién ordenó su difusión.
El artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero establece reglas para las decisiones de la Junta y dispone que sus asuntos de competencia se presenten firmados. El artículo 147 contempla el registro de sus acuerdos.
La ausencia de firmas en la versión difundida no demuestra que el documento sea falso, pero sí justifica exigir el original y la constancia de su aprobación.
Quinto: la crítica pública no debe confundirse con una campaña de desprestigio.
Si existen documentos falsificados, que se investigue. Si hay amenazas contra legisladores o sus familias, que se denuncien. Pero cuestionar el destino del dinero público es un ejercicio legítimo de escrutinio ciudadano, protegido por la libertad de expresión y el derecho a la información.
La JUCOPO tiene derecho a defender su imagen institucional, pero no puede utilizar esa defensa para sustituir su obligación de transparentar el gasto.
La exigencia es sencilla: publicar tabuladores, partidas presupuestarias, montos asignados, registros de comprobación e informes de auditoría.
Si las cifras difundidas son falsas, que lo demuestren documentalmente. Si los recursos son institucionales, que acrediten su fundamento y destino.
La verdadera discusión no es cuánto dicen ganar los diputados, sino cuánto dinero público recibe, cómo lo ejercen, quién fiscaliza su aplicación y dónde están los documentos que acreditan su legalidad.
Porque la transparencia no se declara mediante comunicados: se demuestra con documentos, cifras verificables y rendición de cuentas.
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