EN OPINIÓN
La mañanera del pueblo. ¿Tribunal de la verdad?
Lic. Moisés Torres Salmerón
Un gobierno democrático no tiene que estar de acuerdo con los periodistas. Tampoco tiene que aceptar como verdaderas todas sus afirmaciones. Tiene pleno derecho a responder, aclarar, rectificar y, cuando existan elementos suficientes, acudir a las vías jurídicas correspondientes.
La reciente confrontación entre la Presidencia de la República y el periodista Sergio Sarmiento vuelve a poner el tema sobre la mesa.
La discusión no debería ser si Sarmiento tiene razón en todo lo que afirma. Evidentemente, ningún periodista es infalible. Tampoco debería discutirse si el gobierno tiene derecho a responderle.
El gobierno tiene ese derecho. La cuestión verdaderamente importante es otra:
¿Es constitucionalmente saludable que la conferencia presidencial sea utilizada como plataforma para señalar y descalificar a periodistas y medios de comunicación críticos del gobierno?
La Constitución mexicana no reconoce la libertad de expresión como una concesión del gobierno. Es un derecho humano.
El artículo 6º protege la manifestación de las ideas y el derecho a la información. El artículo 7º establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
La libertad de expresión no protege únicamente al que tiene razón. Protege también al que incomoda. Y justamente por eso resulta particularmente importante cuando quien habla tiene enfrente al poder político.
El periodista puede equivocarse. Puede exagerar. Puede interpretar mal. Puede ser parcial. Puede incluso publicar información falsa.
Pero ninguna de esas circunstancias convierte al gobierno en dueño de la verdad ni le otorga facultades para determinar quién puede ejercer legítimamente el periodismo.
Si existe una falsedad, se demuestra. Si existe un error, se corrige. Si existe un agravio, se responde. Si existe una conducta jurídicamente ilícita, se denuncia ante la autoridad competente.
Pero la respuesta institucional no debería convertirse en linchamiento político desde la tribuna presidencial.
Un periodista dispone de un micrófono, una columna, un programa o una plataforma digital. El Poder Ejecutivo dispone de toda una estructura institucional.
Cuando desde Palacio Nacional se emite un mensaje, no habla simplemente una persona. Habla el titular del Poder Ejecutivo.
Y cuando se utilizan recursos institucionales para producir materiales audiovisuales destinados a desacreditar a determinados periodistas, la discusión deja de ser exclusivamente personal. Se convierte en un asunto de responsabilidad del poder público. Porque los recursos públicos no pertenecen al gobierno en turno. Pertenecen a la sociedad.
Las conferencias matutinas modificaron profundamente la comunicación política en México.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la mañanera se convirtió en el principal espacio de comunicación política del Ejecutivo. Claudia Sheinbaum ha mantenido y adaptado ese mecanismo.
La herramienta, en sí misma, no es antidemocrática. Un gobierno tiene derecho a informar directamente a la sociedad.
El problema aparece cuando esa plataforma deja de ser predominantemente un instrumento de rendición de cuentas y se convierte en un espacio para identificar adversarios, señalar periodistas y construir públicamente una narrativa de buenos contra malos.
La política democrática necesita debate. Pero el debate democrático requiere condiciones mínimas de igualdad y pluralidad.
No puede existir una democracia saludable si desde el poder se construye sistemáticamente la idea de que todo periodista crítico es enemigo, conservador, opositor o parte de una conspiración.
Porque entonces la crítica deja de ser entendida como una función necesaria de la democracia y comienza a ser tratada como una amenaza.
Hay una paradoja que debería preocuparnos.
Los gobiernos llegan al poder denunciando, muchas veces con razón, los excesos de gobiernos anteriores. Critican el autoritarismo. Denuncian la censura. Reclaman libertad de expresión. Cuestionan el uso político de las instituciones.
Pero una vez que llegan al gobierno pueden caer en la tentación de utilizar exactamente los mismos instrumentos que antes criticaban.
Cambian los protagonistas. Cambian los discursos. Pero permanece la tentación del poder.
Y ahí es donde la sociedad debe ser particularmente cuidadosa. La defensa de la libertad de expresión no puede depender de simpatías políticas.
No puede defenderse cuando el periodista critica al gobierno que no nos gusta y condenarse cuando critica al gobierno que sí nos gusta. Eso no es defensa de la libertad de expresión. Eso es partidismo.
También debemos evitar el extremo contrario.
Defender la libertad de prensa no significa conceder a los periodistas una licencia para difamar, mentir o destruir reputaciones impunemente.
La libertad de expresión tiene límites constitucionales. Pero esos límites deben ser aplicados mediante procedimientos, instituciones y reglas jurídicas, no mediante condenas políticas desde una conferencia de prensa.
Una sociedad en la que solamente se escucha la versión oficial deja de ser una sociedad informada y comienza a convertirse en una sociedad dependiente de la narrativa del poder.
Si la mañanera pretende ser un ejercicio de comunicación con el pueblo, no debería convertirse en un tribunal donde el poder acusa y sentencia mientras el señalado no tiene posibilidad de responder en igualdad de condiciones.
La libertad de expresión no necesita gobiernos que piensen igual que los periodistas. Necesita gobiernos capaces de soportar que los periodistas piensen diferente.
Denuncia en desdeabajo Noticias!
¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp: de desdeabajoNoticias: 7443262471. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.
Síguenos también en Twitter: @Yae31099C en Facebook: DesdeabajoAca:https://www.facebook.com/profile.php?id=1000636239783
