Caminos del sur
Pacífico sur: fosas, desaparecidos y hasta la estadística
Manuel Nava
La falta de un registro nacional homologado, las discrepancias entre fiscalías y el trabajo de familias y colectivos de búsqueda impiden conocer con precisión la dimensión real de las fosas clandestinas en México y, particularmente, en la Región Pacífico Sur. El problema no es solamente la magnitud de los hallazgos, sino la incapacidad institucional para producir una estadística confiable sobre una de las expresiones más graves de la violencia criminal.
México acumula más de 5 mil fosas clandestinas localizadas durante los últimos tres sexenios, de acuerdo con el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El estudio documenta que las 32 entidades federativas han registrado hallazgos de fosas clandestinas en los últimos años. Sin embargo, la cifra nacional debe ser interpretada con cautela: no existe un registro oficial único, consolidado, homologado y actualizado que permita establecer con certeza cuántas fosas han sido localizadas en México durante el periodo analizado.
La investigación de la Universidad Iberoamericana se construyó a partir de solicitudes de acceso a la información dirigidas a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), además de un rastreo de información publicada en medios de comunicación nacionales, locales e internacionales. La metodología revela, paradójicamente, la dimensión del problema: para aproximarse a la realidad de las fosas clandestinas es necesario cruzar información institucional con fuentes periodísticas y con el trabajo de organizaciones civiles.
Los datos recopilados muestran una evolución ascendente de los hallazgos. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012, se documentaron 524 fosas clandestinas, con una concentración importante en entidades del norte del país. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2018, fueron documentadas mil 336 fosas. En este periodo Guerrero adquirió especial relevancia, con 205 fosas registradas, convirtiéndose en uno de los principales focos de este fenómeno.
Historia
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, se documentaron 3 mil 292 fosas, con Sonora, Guanajuato y Colima entre las entidades con mayores registros. La tendencia resulta significativa: aun con las limitaciones metodológicas y los posibles subregistros, los datos sugieren una expansión territorial y una transformación de las prácticas criminales asociadas con la desaparición y ocultamiento de personas.
Pero existe una advertencia fundamental: no es metodológicamente correcto interpretar el incremento de registros únicamente como un aumento proporcional de la actividad criminal. También puede reflejar una mayor capacidad de búsqueda, el surgimiento de colectivos, una mayor visibilidad mediática, cambios en los protocolos de las fiscalías o, simplemente, una reducción del subregistro.
Ahí se encuentra una de las principales debilidades de la estadística disponible.
Pacífico Sur: cuatro estados, cuatro realidades estadísticas fragmentadas
En la Región Pacífico Sur —Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca—, el problema adquiere una dimensión adicional porque las discrepancias entre fuentes dificultan establecer una línea base regional.
Guerrero aparece como uno de los estados con mayor incidencia nacional. Los registros obtenidos a partir de medios de comunicación documentan 416 fosas localizadas entre 2006 y 2024. Sin embargo, esta cifra no necesariamente coincide con los registros de la fiscalía estatal ni con los datos federales, lo que impide asumirla como una cifra definitiva.
La situación de Michoacán resulta particularmente reveladora. Los informes independientes han identificado periodos críticos, pero también importantes vacíos históricos, lo que plantea la posibilidad de un subregistro considerable en determinados años.
En Oaxaca, los registros provenientes de medios y colectivos de búsqueda muestran un incremento hacia finales de la década de 2020 y hasta 2024. Sin embargo, los registros de años anteriores presentan vacíos que dificultan determinar si existió una baja incidencia real o, simplemente, una menor capacidad institucional y social para localizar y documentar los hallazgos.
Una situación semejante se observa en Chiapas, donde las fuentes abiertas y los registros de fiscalías presentan pocos hallazgos durante algunos de los primeros años del periodo analizado. Esto no necesariamente significa que las fosas no existieran. Puede significar que no fueron localizadas, investigadas, reportadas o documentadas.
La principal vulnerabilidad estadística se encuentra en la inexistencia de una base nacional que permita cruzar, depurar y homologar la información de las fiscalías estatales y de la FGR.
El resultado es una estadística fragmentada, en la que una misma realidad puede adquirir cifras diferentes dependiendo de la institución consultada o de la metodología utilizada.
Por ello, el problema no puede reducirse a una discusión sobre cuál cifra es “correcta”. El verdadero problema es que el Estado carece de los mecanismos necesarios para producir una cifra única, verificable y comparable en el tiempo.
Esta distinción es crucial. Ausencia de registro no significa ausencia del fenómeno.
La ausencia de una estadística confiable no elimina el problema, lo vuelve invisible, diría la abuela.
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