CAJA DE RESONANCIA
¿Quiénes serán los jueces de la memoria histórica en Guerrero?
Lic. Moisés Torres Salmerón
¿Quién decidirá qué personaje histórico merece dar su nombre a una calle, una plaza o un espacio público de Guerrero?
¿Con qué parámetros se determinará quién debe permanecer en la memoria colectiva y quién debe ser retirado de ella?
¿Quiénes integrarían esos organismos encargados de revisar la historia y calificar la conducta de personajes del pasado?
La propuesta de la diputada Marisol Bazán Fernández, de Morena, de revisar la nomenclatura de los espacios públicos vinculados con personajes señalados por actos de represión y violaciones a los derechos humanos plantea interrogantes que no pueden responderse con buenas intenciones ni con consignas políticas.
Nadie puede negar el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la memoria. Tampoco sería razonable convertir la historia oficial en una colección de homenajes que silencien los abusos del poder. Sin embargo, reconocer a las víctimas no significa otorgar a una comisión, a un grupo de especialistas o a una mayoría política la facultad discrecional de decidir quién merece ser recordado y quién debe desaparecer de los espacios públicos.
La pregunta fundamental es quién juzgará a los personajes históricos y con qué reglas.
¿Bastará una acusación, una investigación periodística o una interpretación política para retirar un nombre? ¿Se exigirá evidencia documental, resoluciones judiciales o investigaciones históricas independientes? ¿Se escuchará a las comunidades que durante décadas han reconocido a determinado personaje como parte de su identidad? ¿Existirá un procedimiento público, con motivación jurídica y posibilidad de impugnar las decisiones?
Y hay otra cuestión todavía más delicada: ¿quiénes integrarían estos organismos? ¿Historiadores independientes, académicos, representantes de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos, o personas designadas por los mismos gobiernos y fuerzas políticas interesadas en orientar la memoria colectiva?
No se trata de defender a quienes cometieron abusos ni de justificar la represión. Se trata de impedir que una causa legítima termine convertida en una herramienta de exclusión política.
La historia no debe quedar sometida a los intereses del gobierno en turno. Un personaje puede haber realizado aportaciones importantes a la vida pública y, al mismo tiempo, haber incurrido en actos graves que merezcan una condena histórica. La evaluación debe considerar los hechos acreditados, el contexto, la responsabilidad individual y la evidencia disponible, sin reducir la historia a una clasificación simplista de buenos y malos.
Además, antes de proponer nuevas facultades, convendría explicar qué insuficiencias presenta la legislación vigente. La Ley número 444 para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de Guerrero ya contempla criterios para la denominación de bienes públicos. La iniciativa debe precisar qué disposiciones modificaría, quién resolvería las controversias y cuáles serían los mecanismos de control.
Si se pretende retirar nombres de calles y plazas, también deben establecerse reglas claras de participación ciudadana, transparencia, imparcialidad y revisión de las decisiones. La memoria de las víctimas merece un tratamiento serio, no una disputa de lealtades partidistas.
Reconocer a los luchadores sociales y a las víctimas de la represión es una tarea de justicia histórica. Pero esa tarea no autoriza a crear una autoridad moral incuestionable ni a imponer una versión única del pasado.
La memoria democrática no consiste en sustituir unos nombres por otros siguiendo el criterio de quienes gobiernan. Consiste en garantizar que la sociedad conozca los hechos, escuche a las víctimas, contraste las pruebas y participe libremente en las decisiones sobre su patrimonio simbólico.
Porque si hoy se otorga a una autoridad la facultad de decidir qué personajes merecen ser recordados, mañana otra podría utilizar esa misma facultad para borrar a quienes incomoden al poder.
La pregunta, entonces, sigue en pie: ¿queremos una política pública de memoria basada en la verdad, la evidencia y la participación ciudadana, o queremos entregar a un grupo de personas el poder de dictar quién merece permanecer en la historia de Guerrero?
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