CAJA DE RESONANCIA
Transporte privado por aplicación. ¿Regular el futuro o defender el pasado?
Lic. Moisés Torres Salmerón
El conflicto generado por la llegada de plataformas digitales de transporte a Chilpancingo está poniendo a prueba algo más que la relación entre taxistas y aplicaciones: está poniendo a prueba la capacidad del Congreso de Guerrero para actualizar la ley frente a una realidad que ya llegó.
La diputada de Morena, Diana Bernabé Vega, lo ha dicho con claridad: hay que revisar el modelo de transporte concesionado, escuchar a usuarios, transportistas y autoridades, y discutir si plataformas como Pronto pueden representar una alternativa para la ciudadanía. Incluso cuestionó las tarifas que actualmente pagan los usuarios y sostuvo que la competencia puede generar beneficios.
Su compañero de bancada, Héctor Suárez Basurto, se ha pronunciado en términos similares: si la competencia es conveniente o no, deberían ser los usuarios quienes lo determinen.
El planteamiento es políticamente incómodo, porque toca uno de los sectores con mayor capacidad de organización y movilización en Guerrero.
Pero el derecho no puede legislarse a partir del miedo a la protesta.
Actualmente existe una dificultad jurídica evidente.
La Ley de Transporte y Vialidad del Estado fue diseñada fundamentalmente alrededor del modelo tradicional: el servicio público se presta a terceros mediante el pago de una tarifa y requiere concesión o permiso. Por otra parte, el transporte privado o particular está pensado para satisfacer necesidades propias y sin cobrar pasaje.
¿Dónde encaja entonces el ciudadano que con su vehículo particular y mediante una aplicación, recoge a un usuario que previamente solicitó el servicio y le cobra por trasladarlo?
Ahí está el vacío.
Y mientras el legislador no lo resuelva, la discusión seguirá reducida a una confrontación: taxistas contra plataformas, concesionarios contra conductores particulares, regulación contra innovación.
El problema es que la realidad tecnológica no espera a que los diputados en el Congreso se pongan de acuerdo.
La propia Ley 849 de Movilidad y Seguridad Vial representa una concepción más moderna del fenómeno de la movilidad e incorpora la necesidad de aprovechar los avances tecnológicos.
Por eso resulta paradójico que Guerrero tenga una legislación de movilidad que reconoce la transformación tecnológica y, simultáneamente, una legislación de transporte que no establece con precisión qué hacer con los servicios contratados mediante aplicaciones.
El Congreso tiene una salida: regularlos.
No se trata de darle un privilegio a Pronto, Uber, DiDi o cualquier otra empresa. Tampoco desaparecer el taxi concesionado.
Se trata de crear una categoría jurídica propia: transporte privado de pasajeros contratado mediante plataformas tecnológicas.
Y ahí la reforma tendría que ser mucho más seria que simplemente autorizar aplicaciones.
Debería establecer un registro estatal de plataformas, conductores y vehículos; requisitos de seguridad; licencias; capacitación; seguros obligatorios; revisiones físico-mecánicas; identificación del conductor y del automóvil; mecanismos de emergencia; transparencia en las tarifas; protección de datos personales; mecanismos para presentar quejas y un régimen claro de sanciones.
También tendría que establecer una diferencia fundamental: el vehículo de plataforma no podría captar pasajeros directamente en la vía pública como lo hace un taxi. El servicio tendría que contratarse previamente mediante la aplicación.
Eso permitiría construir dos modelos que pueden coexistir.
Uno, el transporte público concesionado, sujeto a sus propias reglas.
Otro, el transporte privado contratado digitalmente, sujeto a una regulación específica.
Pero hay una cuestión política todavía más profunda.
Los dirigentes del transporte sostienen que las plataformas representan competencia desleal. El argumento merece ser escuchado. Pero la respuesta no puede consistir simplemente en impedir que exista competencia. Si hay obligaciones distintas, el Congreso debe determinar cuáles son razonables y proporcionales para cada modalidad.
De hecho, la propia controversia actual demuestra la necesidad de legislar. El presidente de la Comisión de Transportes, Vladimir Barrera Fuerte, ha señalado que las plataformas no cuentan actualmente con autorización para operar en Guerrero; mientras que Pronto sostiene que su naturaleza es distinta a la del taxi tradicional y reclama una regulación específica.
Es decir, todos están discutiendo sobre la ley.
Entonces que el Congreso haga su trabajo: que cambie la ley si la ley ya no alcanza para regular la realidad.
Diana Bernabé tiene una oportunidad. Si su propuesta se queda en mesas de trabajo y declaraciones, será solamente otro episodio de coyuntura. Pero si lleva el debate hasta una iniciativa formal, puede abrir una discusión mucho más importante: si Guerrero seguirá protegiendo un modelo de transporte diseñado para otra época o construirá reglas para la movilidad del presente.
La verdadera pregunta no es si Pronto debe ganar la batalla.
Tampoco si deben ganar los taxistas.
La pregunta es si debe ganar el ciudadano.
Porque si una plataforma puede ofrecer seguridad, mejores precios y alternativas de movilidad, habrá que regularla. Si incumple la ley, habrá que sancionarla. Y si los taxis tienen problemas de tarifas, calidad o eficiencia, habrá que corregirlos.
Lo que no puede hacer el Congreso es utilizar la ley para congelar la realidad.
La tecnología ya llegó a Guerrero.
Ahora falta saber si el Poder Legislativo está dispuesto a alcanzarla.
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