EN OPINIÓN
Una consulta que no puede ser sólo un trámite
Lic. Moisés Torres Salmerón
La discusión sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos ha llegado a un punto que merece atención: las organizaciones indígenas y afromexicanas de Guerrero cuestionan que el proceso de consulta tenga el tiempo y las condiciones necesarias para una verdadera deliberación.
Y la objeción es de fondo. Consultar no significa simplemente convocar, informar y levantar una lista de asistencia.
Los participantes señalan que la iniciativa contiene un número importante de artículos y que resulta prácticamente imposible analizarlos a profundidad en las reuniones regionales previstas. También advierten que no existen plazos suficientes para que las comunidades conozcan, discutan y formulen propuestas sobre el contenido de la ley.
El planteamiento debe tomarse con seriedad.
Una consulta previa, libre e informada no puede medirse solamente por el número de reuniones realizadas. Su legitimidad depende de que exista información suficiente, tiempo razonable para deliberar y posibilidades reales de que las propuestas de los pueblos tengan consecuencias en el texto legislativo.
No se trata de estar contra la ley..
Sería un error interpretar estas críticas como una oposición a que exista una nueva legislación.
El reclamo parece ser otro: que los pueblos sean verdaderos participantes en la construcción de la ley y no solamente destinatarios de una iniciativa previamente elaborada.
La contradicción sería evidente si se pretende reconocer la libre determinación y autonomía de los pueblos mientras se les concede un tiempo insuficiente para analizar las normas que habrán de regular precisamente esos derechos.
Más delicado aún sería que, ante la inconformidad, algunas comunidades decidieran no acudir a las reuniones regionales.
Una consulta sin participación sustantiva corre el riesgo de convertirse en un procedimiento formal que difícilmente podría presentarse como expresión amplia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por eso, reponer o ampliar la consulta no debería considerarse una derrota política del Gobierno federal.
Es preferible invertir más tiempo en construir un consenso legítimo que aprobar apresuradamente una legislación que posteriormente sea cuestionada por quienes debieron ser sus principales interlocutores.
Los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero están planteando una exigencia sencilla: más tiempo, información suficiente y condiciones reales para deliberar.
No parece demasiado pedir.
Porque una verdadera consulta no consiste únicamente en preguntar si las comunidades fueron convocadas. La pregunta fundamental es otra:
¿tuvieron realmente la posibilidad de participar y decidir?
Si la respuesta no es clara, entonces la consulta todavía no ha cumplido su propósito.
La ley puede esperar; la legitimidad no.
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