Los transportistas no son autoridad y, por lo tanto, no pueden asumir funciones de vigilancia, inspección o detención por cuenta propia.
Marcial Campuzano
16/09/2026
Chilpancingo, Gro.
El gobierno de Guerrero y las fuerzas federales mantienen una revisión de las policías preventivas de los 85 municipios para detectar abusos de autoridad y posibles conductas delictivas, acciones que podrían derivar en nuevas investigaciones, detenciones y consecuencias jurídicas, informó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros quien rechazó que exista una persecución contra comisarios.
El funcionario aseguró que la revisión de las corporaciones se realiza actualmente en toda la entidad mediante la coordinación de las autoridades de seguridad y la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que entre otras cosas da seguimiento a la actuación de los policías municipales y a las denuncias presentadas por ciudadanos que hayan sido víctimas de posibles abusos.
Rodríguez Cisneros dejó claro que las denuncias de las víctimas son determinantes para avanzar en diversos casos, debido a que algunas conductas contempladas en la legislación requieren petición de parte, por lo que llamó a quienes tengan información sobre abusos o hechos violentos que acudan a la Fiscalía General del Estado y aporten elementos que permitan sustentar las investigaciones.
Paralelamente, agregó, las autoridades mantienen los actos de investigación y los operativos en Xaltianguis, el Valle de El Ocotito y el corredor que conecta la región Centro con Acapulco, donde se han registrado diversos hechos de violencia. El subsecretario advirtió que estas acciones continuarán y que ya existen detenciones derivadas de las investigaciones realizadas en la zona.
Precisó que la intervención de las autoridades ha permitido también la presentación de nuevas denuncias y la recopilación de información sobre hechos violentos; citó que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la recepción de datos y testimonios, por lo que anticipó que podrían generarse nuevas consecuencias jurídicas contra quienes resulten responsables de presuntas actividades delictivas.
Ante los señalamientos de algunos comisarios que denuncian una supuesta persecución, el funcionario rechazó esa versión y sostuvo que se trata de actos de autoridad ejecutados por las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, con el objetivo de recuperar condiciones para que la población pueda trabajar, transitar y desarrollar sus actividades con normalidad.
En el caso de los policías de Chilapa detenidos, Rodríguez Cisneros confirmó que permanecen bajo proceso y sujetos a un debido proceso judicial. Explicó que la Fiscalía General del Estado presentó ante el juez los elementos que sustentaron las acusaciones, aunque evitó precisar cuántos agentes permanecen detenidos y señaló que esa información corresponde proporcionarla a la Fiscalía.
El gobierno estatal, agregó, mantiene una revisión permanente de las conductas de las policías municipales y de las autoridades responsables de la seguridad pública. La intención es que cualquier elemento que incurra en abuso de autoridad u otra conducta presuntamente delictiva enfrente las consecuencias legales correspondientes.
En materia de transporte, Rodríguez Cisneros también lanzó un llamado a los concesionarios para que dejen de realizar retenes o detener vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales, aclaró que los transportistas no son autoridad y, por lo tanto, no pueden asumir funciones de vigilancia, inspección o detención por cuenta propia.
Explicó que las concesiones son otorgadas por el Estado y que quienes las poseen están sujetos a la regulación de la Comisión Técnica de Transportes. Reconoció, además, que en Guerrero todavía se encuentra en proceso la construcción de un marco regulatorio específico para el transporte mediante aplicaciones.
Advirtió que ya se han aplicado sanciones y que éstas continuarán tanto contra transportistas concesionados que incurran en conductas irregulares como contra quienes presten servicios de transporte sin contar con una concesión, acciones forman parte del combate a la piratería en el transporte que mantiene el gobierno estatal.
Rodríguez Cisneros destacó las acciones para atender las causas que generan violencia y el retorno de familias desplazadas. Indicó que, mediante el Plan Maestro implementado por el gobierno federal se logró el retorno del 95 por ciento de las familias contempladas, mientras que el 5 por ciento restante decidió cambiar de residencia, aseguró que actualmente las familias consideradas en este proceso ya retornaron a sus lugares de origen
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