**Diputadas impulsan la Ley Teresa para que menores puedan ser sacados del país sin consentimiento de progenitores
Marcial Campuzano
29/04/2026
Chilpancingo, Gro.
Diputadas de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del estado manifestaron su confianza en que la denominada “Ley Teresa” prospere en Guerrero y posteriormente en el Congreso de la Unión, al tratarse de una iniciativa que busca garantizar la movilidad y el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes cuando uno de sus progenitores sea deudor alimentario o no mantenga vínculo alguno con sus hijos.
En conferencia de prensa, la diputada Diana Bernabé Vega explicó que la propuesta fue presentada recientemente por su compañera Marisol Bazán Fernández, y surge a partir del acercamiento con la activista guerrerense Teresa Nava Alfaro, quien ha enfrentado obstáculos legales para tramitar el pasaporte de su hija ante la negativa reiterada del padre de otorgar la autorización correspondiente.
Bernabé Vega señaló que, tras la presentación de la iniciativa, diversas mujeres del estado se han acercado a las legisladoras para expresar que esperaban desde hace años una reforma de esta naturaleza, debido a que enfrentan situaciones similares que les impiden viajar al extranjero con sus hijos por falta de consentimiento del progenitor, aun cuando éste no cumpla con sus obligaciones.
La diputada subrayó que la finalidad central de la ley es garantizar el interés superior de la niñez, y evitar que la omisión o negligencia de uno de los padres se convierta en un mecanismo de control o violencia en contra de las madres y de los propios menores.
Por su parte, Teresa Nava Alfaro relató que durante años ha solicitado al padre de su hija la firma necesaria para obtener el pasaporte, sin éxito, lo que le impidió aprovechar oportunidades académicas en Canadá y Estados Unidos. A pesar de realizar trámites, pagos y traslados desde Ahuacuotzingo hasta Acapulco, el progenitor nunca se presentó a firmar.
La activista sostuvo que este tipo de conductas constituyen una forma de violencia que no siempre es visible, pero que genera afectaciones emocionales, económicas y profesionales en las mujeres. Señaló que además de enfrentar procesos burocráticos complejos, muchas madres deben asumir solas la crianza y manutención, incluso cuando existen adeudos de pensión alimenticia.
Indicó que, según datos documentados hasta 2022, había más de 5 mil casos denunciados relacionados con violencia vicaria, cifra que se triplicó en 2023, aunque advirtió que muchos casos no se formalizan por obstáculos económicos, sociales y culturales, especialmente en contextos de pobreza o pertenencia a comunidades indígenas.
La diputada Marisol Bazán Fernández detalló que la propuesta implica reformas a diversas leyes federales, por lo que el Congreso local deberá dictaminarla y remitirla al Congreso federal para su eventual aprobación. Explicó que se pretende modificar la Ley de Migración para permitir que, cuando exista acreditación de violencia o condición de deudor alimentario, la madre pueda tramitar el pasaporte sin el consentimiento del agresor.
Asimismo, se busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir este supuesto dentro de la violencia vicaria, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que los procedimientos administrativos y judiciales se revisen con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la niñez.
También se propone ajustar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que trámites como la expedición de pasaporte se resuelvan con enfoque de género, evitando que requisitos formales se conviertan en instrumentos de revictimización.
Bazán Fernández aclaró que, aunque la violencia vicaria ha sido reconocida principalmente en casos de hombres hacia mujeres, la reforma en materia migratoria protegería a ambos géneros, ya que el criterio determinante sería la falta de cumplimiento de obligaciones o la ausencia de interés en la convivencia con los hijos.
Precisó que el hecho de ser deudor alimentario se establecería como una causal para eximir la firma del progenitor en el trámite del pasaporte, sobre todo en casos donde exista abandono prolongado o falta de contacto con los menores, evitando así que se utilice la autorización como mecanismo de presión.
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